Tribuna Abierta. Una mirada a la profesionalización de los docentes

Según la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) es a través de la evaluación de los docentes como se pretende elevar la calidad de la educación, pues se identifica al maestro como uno de los responsables de los bajos índices de aprovechamiento, rezago y deserción en educación básica. Sin embargo, ¿es realmente cierto que la educación depende solo de los factores profesionales de los docentes?

Basándonos en el supuesto de que la educación sólo dependiera de la práctica profesional docente, ¿es la evaluación punitiva realmente una buena estrategia para mejorar el sistema educativo?

El LGSPD enmarca perfiles, parámetros e indicadores de actuación que van encaminados hacia la profesionalización de las actividades docentes. Sin embargo, ¿qué herramientas ofrece el Estado para la profesionalización de los docentes?, ¿de qué manera fortalece al sistema educativo para formar, preparar, capacitar y actualizar a sus docentes?

El programa establece condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes con el propósito de mejorar la “calidad” de la educación, pero no establece las herramientas para la preparación, es decir, ¿por qué establecer a través de una evaluación estandarizada la mejora educativa y no a través del fortalecimiento de la preparación, formación y capacitación a los docentes?

La Secretaria de Educación Pública (SEP) ofrece programas de capacitación y actualización docente, donde invierte una gran cantidad de recursos presupuestarios; sin embargo, sus programas no están articulados de manera que cubran con los perfiles que enmarca la LSPD. Aunado a esto, dichos programas se realizan en contraturno o en horarios no lectivos, donde los docentes deben invertir tiempo de su vida personal para continuar con su formación.

En este sentido, muchas de las oportunidades de formación de corto alcance que se ofrecen a los docentes no satisfacen las expectativas motivacionales e intelectuales de los profesores. No conectan con los propósitos esencialmente morales y sociales que están en el corazón de su profesionalismo, ni con el compromiso emocional de los profesores que buscan una mejora en el aprendizaje de los alumnos en circunstancias cambiantes.

Las autoridades no tienen en cuenta que el compromiso emotivo de los profesores y su conexión con los estudiantes, positiva y negativamente, activa y articula todo lo que hacen. Por lo tanto: ¿qué herramientas profesionalizadoras de alto nivel académico proporciona el Estado para apoyar a sus docentes?

Existe un gran número de docentes de todos los niveles educativos, sobre todo en educación básica, preocupados por mejorar su enseñanza y contribuir a mejorar la educación. Sin embargo, su desarrollo profesional se ve truncado debido a las enormes trabas burocráticas con las que se enfrentan al momento de intentar acceder a estudios de posgrado en instituciones nacionales o internacionales debido a distintos factores.

Por un lado, se encuentra el Programa para el Desarrollo Profesional Docente que abarca tres ámbitos: básico, medio superior y superior. En el primero se agrupan todos los docentes de educación básica, de éstos, sólo se consideran beneficiarios para participar en dicho programa aquellos con funciones de asesoría técnico pedagógica en la escuela y no los docentes frente a grupo.

Además, aquellos docentes que desean estudiar alguna especialidad, maestría o doctorado a través del programa deben cumplir con determinados criterios como tener alto nivel de inglés, no estar en buró de crédito, contar con escrituras de vivienda y con un aval con suficiente solvencia económica, haber realizado publicaciones en revistas reconocidas, haber realizado investigaciones en el área correspondiente, entre otros, que no son tan fáciles de cumplir para la mayoría de los docentes de nivel básico, que es donde se concentra el mayor índice de deserción y reprobación escolar.

Asimismo, la mayoría de los programas de formación en posgrados están destinados a cubrir otras áreas como son: administración, logística, negocios (MBA), mercadotecnia, finanzas, comercio exterior, hotelería y turismo, ciencias de la comunicación, derecho, ingenierías, políticas públicas, arquitectura y economía, lo que deja poco espacio y presupuesto para ámbitos como el educativo.

Por otro lado, existen diversos estudios que demuestran que existen otros elementos que de forma simultánea a la actuación del docente afectan los procesos educativos en todos los niveles educativos, por ejemplo la condición socioeconómica de los alumnos, la marginación, la salud, el desempleo, los bajos salarios que repercuten directamente en los altos índices de reprobación y deserción escolar de los alumnos, la sobresaturación de los grupos, etc.

Ante esto, surge la necesidad de plantearse lo siguiente: ¿es realmente congruente basar la mejora de la educación en la evaluación punitiva de la práctica docente, cuando existen otros factores de riesgo en la sociedad mexicana que afectan de manera directa a la educación?, ¿por qué invertir en la creación de organismos externos para evaluar a los docentes en sus prácticas diarias dentro del salón de clase?, ¿por qué no invertir en mejorar

las condiciones escolares en infraestructura, en elementos y recursos tecnológicos, material didáctico para la atención a la diversidad educativa, en habilitar y mejorar el uso de bibliotecas escolares, entre tantas otras necesidades y de manera paralela, orientar, asesorar e identificar las necesidades propias de cada centro educativo a partir del fortalecimiento en la formación directa a todos los docentes?

Lo que esconde la reforma educativa es que la estrategia “evaluar para mejorar” en realidad nada tiene que ver con la mejora de la educación, sino todo lo contrario. No está diseñada para fortalecer la formación de los docentes, sino para arrancarles sus derechos laborales y debilitar su influencia en las escuelas, condición necesaria para poder avanzar en la privatización de la educación.