Luego de la masiva jornada nacional el 8 de marzo, la violencia se ha recrudecido brutalmente en todo el país. Patriarcado y capital buscan, permanentemente, doblegar y someter a las mujeres y disidencias sexo-genéricas para continuar con la opresión y explotación. ¿Cómo nos organizamos?
Viernes 22 de abril de 2022
Miles de personas en Monterrey exigen justicia para Debanhi
A pesar de las declaraciones del presidente López Obrador y de las dirigentes femeninas de la 4T -como Olga Sánchez Cordero, Sheinbaum o Citlali Hernández-, durante el confinamiento y la pandemia, la violencia patriarcal aumentó drásticamente. La política gubernamental ha implicado en primer lugar, minimizar las desapariciones, los feminicidios y las denuncias de violencia y en segundo lugar, promover la desmovilización y división del movimiento de mujeres, para llevarnos a confiar sólo en las instituciones y las políticas punitivas del gobierno, así como en criminalizar a los sectores combativos del movimiento de mujeres.
Entre 2018 y 2022, las autoridades reportaron 825 casos de mujeres desaparecidas y 3 mil 950 feminicidios hasta marzo del año en curso. En los primeros meses de 2022, las agresiones y crímenes de odio hacia la comunidad sexodisidente también han ido en aumento.
La violencia patriarcal recrudeció luego del 8M
El 22 de marzo una estudiante del CECyT No. 7 fue intoxicada y violada por un estudiante y un trabajador de la escuela, mostrando la descomposición social al interior de nuestros centros de trabajo y estudio, así como el machismo que todavía hay combatir entre nuestros pares y que toma mayor dimensión cuándo proviene de supervisores o jefes. La respuesta de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue señalar que la agresión no sucedió y tratar el tema como un caso de “indisciplina”, lo que generó protestas e indignación por parte del estudiantado y madres de familia, con el lema #ElIPNNoMeProtege.
Días después, se hicieron públicas denuncias similares en FES Acatlán y en el CCH Naucalpan. En las siguientes semanas, cuatro estudiantes más de IPN y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fueron desaparecidas en la CDMX y el Estado de México. Familiares y colectivas denuncian que autoridades de ambas escuelas, han obstaculizado el acceso a las cámaras de seguridad y sido negligentes en los casos de desaparición forzada.
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En la madrugada del 3 de abril, madres de víctimas y colectivas feministas denunciaron una brutal represión contra el plantón que instalaron frente a la Fiscalía de Chimalhuacán, por parte de policías y elementos de la Guardia Nacional, bajo las órdenes de la presidenta municipal por Morena, Xóchitl Flores Jiménez y Alfredo Del Mazo, gobernador priista del estado; mientras que los crímenes que denunciaron las manifestantes, permanecen en la impunidad.
No es un problema sectorial, sino violencia estructural
En el norte del país, la violencia feminicida también arreció luego del 8 de marzo. La desaparición de Debanhi, una joven secuestrada luego de ir a una fiesta en el municipio de Escobedo, destapó -una vez más- la cruda realidad de violencia contra las mujeres en Nuevo León. En lo que va del año hay 62 reportes de mujeres desaparecidas en la entidad, a los que se suman 21 feminicidios y 54 tentativas de feminicidio entre enero y marzo, de acuerdo con la organización Cómo Vamos Nuevo León.
En Coahuila, durante los primeros meses del año se ha registrado una alarmante ola de delitos sexuales: en promedio hay cuatro denuncias diarias, mientras que en 2021 las agresiones sexuales incrementaron un 60% en el estado. Una situación parecida se vive en el resto de los estados del norte.
No se trata de hechos aislados. La feminización del trabajo, la profundización de la pobreza, marginación, violencia y descomposición social, son consecuencias del avance de los planes neoliberales y de militarización en nuestro país, los cuales afectaron especialmente a las mujeres trabajadoras y pobres, que son consideradas por los patrones y el Estado como mercancías desechables.
Violencia política contra mujeres y disidencias
Los feminicidios, crímenes de odio y desapariciones forzadas son los últimos de una larga cadena de violencias que vivimos en este sistema patriarcal y capitalista y tienen un claro sesgo de clase. Antes de éstos, hay otras formas de violencia ejercidas desde el propio Estado, como el caso de Kenia Hernández, una mujer indígena y defensora de derechos humanos de Guerrero, presa política desde 2020 y sentenciada a 10 años de cárcel en un penal de máxima seguridad.
Tras masivas protestas del 8 de marzo y la unidad que volvió a expresarse entre sectores del feminismo y comunidad LGBTIQ+, un foro reaccionario y transodiante realizado en la UNAM causó gran polarización entre el movimiento feminista, así como protestas por parte de la comunidad trans y sexodisidente. A estos hechos se suman también los constantes discursos de odio de personajes nefastos como Gabriel Quadrí junto con otros militantes del Partido Acción Nacional (PAN), la Iglesia y la ultraderecha, que abiertamente llaman a matar a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos en el país de los feminicidios.
En el caso de MORENA y otros gobiernos estatales, buscan abiertamente confrontar, dividir, cooptar y/o sacar de las calles al movimiento de mujeres, por medio de viles campañas que nos criminalizan y/o revictimizan. Éstas escalan día a día, no solo en la violación a nuestros derechos humanos, sino en exponer nuestras vidas e integridades.
Con el reciente y escandaloso desalojo de la Okupa Cuba en la CDMX dejan en evidencia una vez más que, con la criminalización y represión a través de la policía y su grupo Atenea (instituciones represivas del Estado, ahora con "perspectiva de género"), buscan acallar a los sectores que luchan por justas y legítimas demandas. También intentan dividir a la opinión pública entre feministas “buenas” y “malas”, para evadir su responsabilidad en la impunidad y la violencia feminicida que se expande como cáncer en todo el país.
Más allá de las diferencias que podamos tener entre los métodos y política que levantamos entre los sectores del movimiento de mujeres (que en el caso de la Okupa Cuba, implicaron echar familiares de víctimas y convertir la toma en un espacio separatista y transexcluyente, en contraste con una política amplia que hubiera permitido rodearla de solidaridad y nutrir la toma), no hay justificación para que un gobierno que se dice “progresista”, violente y encarcele a quienes luchan contra la violencia del Estado. Este actuar del Estado y su policía debe ser ampliamente repudiado por el movimiento de mujeres, obrero y popular.
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¿Qué hacemos para frenar la violencia feminicida y patriarcal?
Ante la ola de violencia que se recrudece luego del 8 de marzo en todo el país, es necesario organizarnos por escuelas, universidades y centros de trabajo, por un movimiento nacional contra el feminicidio y por el derecho a decidir en todo el país.
El feminicidio de Debanhi Escobar y el que se encontraran durante su búsqueda a Irlanda y Jenifer de 14 años, a Irma de 19 años, a Brisa de 16 años y a Ingrid de 15 años, son hechos terribles que nos confirman que no debemos confiar en las instituciones del régimen, ni sus cuerpos policiales, para luchar por presentación con vida de todas las desaparecidas y por justicia ante los feminicidios.
El legítimo cuestionamiento del padre de Debanhi, a la Fiscalía estatal de Nuevo León y el ofrecimiento tardío de AMLO, de que la investigación la tome la Fiscalía General de la República, si la familia lo pide, hacen urgente que nuestro movimiento independiente sea quien tome la justicia en sus manos y que llame entre otros expertos, a las madres y padres buscadores de este país, forjados a contracorriente de los gobiernos en turno en la búsqueda de sus hijxs, por la formación de comisiones independientes, como el GIEI en el caso Ayotzinapa, para investigar los feminicidios en México.
Además, en este país donde los feminicidios nos arrebatan a 11 hermanas al día y se burlan de la justicia para ellas, es necesario no dar un paso atrás en la lucha por nuestros derechos.
En algunos estados se ha logrado la despenalización del aborto, luchar ahora por su legalización nacional nos pondrá a la ofensiva como movimiento, contra el feminicidio y por el derecho a decidir en todo el país.
Llamemos a todas las mujeres, trabajadoras, estudiantes, organizaciones de mujeres, colectivas, sociales, sindicatos que se reclamen independientes, a formar parte una gran lucha por nuestros derechos, con la fuerza para poner un alto a la violencia feminicida y las redes de trata o del crimen organizado, coludidas con grupos policiales e instituciones.
Debemos oponernos a todo plan de "seguridad" para las mujeres, bajo la política de mando civil al ejército y de mayor Guardia nacional en todo el país. Pues serán nuestras propias fuerzas políticas organizadas, las que deben discutir planes y medidas independientes por nuestra propia seguridad.
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Es por todo esto que las feministas socialistas de Pan y Rosas México, apostamos por la reorganización en cada escuela, en cada universidad, en cada lugar de trabajo y en cada barrio, para mostrar que el poderoso movimiento que se expresó durante las jornadas del 8M, puede mantenerse organizado de forma permanente. Si coincides con estas ideas, te invitamos a participar en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal junto con más organizaciones feministas, de derechos humanos, sociales, sindicales y de izquierda que han comenzado a adherirse en todo el país.
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