ANUNCIO PRESIDENCIAL. Una reforma judicial que no toca los privilegios de la casta

Alberto Fernández anunció que enviará un proyecto de reforma judicial. Bajo el lema de acabar con el oligopolio, la propuesta presidencial no toca los privilegios de la casta judicial. La reforma ordenada por imperialismo yanqui y realizada por el macrismo, sigue viento en popa.

Lunes 2 de marzo de 2020 12:29

En la apertura de la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández confirmó que la semana próxima enviará un proyecto de reforma judicial. Apuntó a terminar con "el oligopolio de los jueces federales y la concentración de procesos" por medio de la creación de un nuevo fuero federal penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en la Capital.

"Venimos a poner fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza", subrayó Fernández, y agregó que además buscarán la unificación de la Justicia Civil y Comercial Federal en el ámbito del fuero contencioso administrativo de la Capital.

Sin embargo, este proyecto, del cual no se conoce más que lo que anticipo Fernández este domingo, no toca los privilegios de la casta judicial, como sostuvieron los diputados del PTS-FIT, Nicolás del Caño y Myriam Bregman.

Elección de los jueces y juicios por jurados, que cobren como cualquier trabajador.
No hay oligopolio que aguante.#AsambleaLegislativa2020

— Myriam Bregman (@myriambregman) March 1, 2020

Para terminar con las componendas entre el poder político y judicial, los jueces tienen que ser elegidos por sufragio universal y cobrar lo mismo que un laburantes, además de aplicarse juicios x jurados populares. #AperturadeSesiones

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) March 1, 2020

La propuesta de Del Caño y Bregman apuntaría efectivamente a unos de los fundamentos de Fernández para la reforma judicial "acabar con la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido".

Sin embargo, la propuesta presidencial deja en pie los privilegios de la casta judicial.
Solo la elección de jueces por el voto popular, que cobren lo mismo que un docente y que se realicen juicios por jurados, en el proceso de acabar con los privilegios de una casta judicial que no tributa ganancias, como si lo hace los trabajadores que perciben que cobran apenas por encima de la canasta familiar.

Fernández tiene por objetivar limar el poder de los jueces de Comodoro Py, por esto además anunció que se va a avanzar con el nuevo Código Procesal Penal acusatorio, que le da más que se reformó bajo el macrismo y que fue digitado por Estados Unidos y consensuado entre Cambiemos, el massismo, el peronismo federal y jueces.

Sobre aquella reforma, el abogado del CeProDH, Eric-Soñis, escribió en este diario "El principal punto de esta reforma es el fortalecimiento de las facultades represivas del Estado, incorporando nuevas medidas de investigación que ya estaban vigentes desde 2016 pero que eran de uso supletorio y extraordinario: legalización de los infiltrados, de “buchones” pagos para la Policía y los fiscales y la posibilidad de ofrecer testigos reservados".

Además, en la reforma macrista, mantiene el procedimiento para casos de flagrancia aprobado por el macrismo en 2016. Sobre este polémico procedimiento Cambiemos se encargó de incorporar expresamente la posibilidad de su aplicación durante manifestaciones y protestas sociales. Así es que estuvo detenido Daniel Ruiz, por haber participado de una masiva movilización en diciembre de 2017 contra la reforma provisional. Sobre esto Alberto Fernández no habló. Tampoco de la justicia de clase al que los trabajadores y sectores más oprimidos tiene poco acceso, o directamente son atacados.

Alberto Fernández, reivindicó ampliar e “implementar el sistema acusatorio”. Ese sistema acusatorio fue concretado mediante un nuevo Código Procesal Penal federal que aprobó el FPV en 2014 (Ley 27.063). Sobre ese Código, el macrismo impuso dos reformas (actualmente vigentes):

Ley 27272 en 2016, con la cual se creó un “procedimiento express” para casos de flagrancia.

Ley 27482 en 2019, con las que se incorporaron “Técnicas especiales de investigación”.

Estas “técnicas” se aplicaran a delitos complejos, dentro de los cuales se incluye la ley anti terrorista aprobada durante el kirchenrismo.

Estas “técnicas” las solicita el fiscal y consisten, entre otras:

Agente encubierto (de las Fuerzas de Seguridad): “ocultando su identidad, se infiltre o introduzca en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas”.

Agente revelador (de las Fuerzas de Seguridad): “simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal”.

Informante (cualquier persona que no sea del Estado): persona que aporta datos de un delito “bajo reserva de identidad y a cambio de un beneficio económico”.

Cuando este proyecto se votó, Myriam Bregman planteó que estaban creando “un ejercito de buchones”.

Alberto Fernández, del mismo modo que lo hizo con la AFI, eligió al Poder Judicial como blanco, a sabiendas de que es una de las instituciones con mayor imagen negativa entre la sociedad. En tanto los privilegios de la casta judicial, seguirán gozando de buena salud, como se vio en el proyecto aprobado en Diputados la semana pasada, que resultó ser una pantalla que busco ocultar el ajuste que significó la suspensión de la movilidad jubilatoria.