[Desde Madrid] Con un programa moderado, comienza la legislatura del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que aporta cuatro ministros al gabinete de Pedro Sánchez, además de Pablo Iglesias en una vicepresidencia. Culmina así el proceso de integración del nuevo reformismo en el régimen capitalista español.

Esta semana, después de dos elecciones y ocho meses de “gobierno en funciones”, el Congreso de los Diputados aprobó la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno español. Se trata de un gobierno débil, que no cuenta con mayoría propia en el Congreso. Por un lado, se enfrenta a un bloque de la derecha y la ultraderecha con una estrategia de crispación que buscará dificultar al máximo la “gobernabilidad”. Por el otro, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), principal formación del independentismo catalán cuya abstención fue clave para la formación del gobierno, ya ha advertido que su apoyo estará condicionado por los avances en una “mesa de diálogo” sobre la cuestión territorial. Un camino que ya se anuncia lleno de dificultades, mientras una decena de líderes catalanes se mantienen como presos políticos.

Pablo Iglesias ocupará una vicepresidencia (otras tres son del PSOE) y Unidas Podemos se quedará con cuatro ministerios en un gabinete hegemonizado por los socialistas: Igualdad, con Irene Montero; Trabajo, con Yolanda Díaz; Consumo, con Alberto Garzón y Universidades con el sociólogo Manuel Castells. En el caso de Castells, renombrado sociólogo del Trabajo, llamó la atención su abierta defensa del modelo “norteamericano” de universidad empresa.

Los nuevos ministros compartirán gabinete con personajes de perfil neoliberal y tecnocrático. Nadia Calviño (vicepresidenta de Economía) representa las políticas neoliberales de la UE -recordemos que Ana Botín, presidenta del Banco Santander, saludó su nombramiento-. José Luis Escrivá (Seguridad Social, Inclusión y Migraciones) es un hombre del Banco Mundial y tendrá a su cargo la reforma del sistema de pensiones para garantizar su "sostenibilidad".
Arancha González Laya (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) trabajó como asesora de grandes empresas capitalistas, defendiendo las políticas imperialistas de la OMC. Se mantiene al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionado por no investigar casos de torturas policiales mientras era juez. Ya como Ministro, Marlaska defendió el accionar represivo de la policía nacional y los Mossos contra la juventud catalana, toda una señal de cómo responderá ante futuros conflictos sociales.

La experiencia de un gobierno de coalición es inédita en España en las últimas décadas y la integración de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE no se producía desde la Segunda República española (1931-1939). Por eso, en estos días no faltaron referencias inflamadas sobre aquel período convulso, tanto entre la oposición de derecha, como por parte de los defensores del Gobierno.

Mientras la derecha y la ultraderecha construyen el relato de un “gobierno extremista en complicidad con comunistas e independentistas para romper España”, desde amplios sectores de la intelectualidad reformista se celebra otra ficción. Como si el nuevo gobierno, hegemonizado por los social liberales del PSOE, pudiera representar los intereses de los trabajadores, democratizar las reaccionarias instituciones del Estado, o recuperar de forma perdurable algunos derechos perdidos. La paradoja es que, mientras VOX y el PP acusan al nuevo gobierno de ser “comunista”, los supuestos “comunistas” en el gobierno reiteran sus compromisos con la moderación política, las reglas austericidas de la UE y los “compromisos internacionales” con los mercados financieros.

El nuevo gobierno ha colocado un centro de gravedad en las políticas de género, los derechos de las personas LGTB y la cuestión de la “transición ecológica” (no así la cuestión de las migraciones). Frente a las provocaciones reaccionarias de la ultraderecha contra los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, los anuncios en estos temas son recibidos con moderada expectativa entre muchos sectores. Sin embargo, el PSOE es experto en “guerras culturales” y legislar derechos parciales, mientras no se cuestione el modelo estructural que rige las políticas neoliberales en las últimas décadas. Una suerte de reedición del zapaterismo o “neoliberalismo progresista”

La política como “arte de lo posible” o el arte de la resignación estatalizada

En una extensa entrevista publicada en eldiario.es [1], el líder de Podemos adelanta qué puede esperarse del nuevo gobierno de coalición. Allí reitera una idea: la política se mueve dentro de los marcos de la “correlación de fuerzas”, que marca los estrechos límites de lo posible.

“¿Las contradicciones? Hacer política supone asumir que hay que trabajar con las correlaciones de fuerzas existentes. Recuerdo que en los primeros años nosotros quizás fuimos ingenuos a la hora de valorar la correlación de fuerzas. Había un ambiente de impugnación de todo, de la clase política, que nosotros definimos muy bien como casta; impugnación de las élites económicas, que a nosotros nos hacía pensar en un borrón y cuenta nueva: hagamos una Constitución mejor que la que tenemos; empecemos todo desde cero... Quizá ahí no había la suficiente lucidez en nuestro análisis.” [2]

Las declaraciones de Iglesias marcan un nuevo punto de inflexión en la integración de esta fuerza en el régimen político, después de jugar un el papel de pasivizar el descontento social, desviándolo hacia la vía institucional. Una dinámica de integración en el Estado que ya había se había probado en la gestión común de ayuntamientos y comunidades autónomas con el PSOE.

De cuestionar a la casta, a gobernar en común y jurar lealtad a uno de los pilares del régimen, el PSOE. De la idea de procesos constituyentes, a la Constitución del 78 como programa de gobierno. De sostener -aunque fuera de forma ambigua- la idea de un referéndum en Catalunya negociado con el Estado, a asumir las sentencias represivas del Tribunal Supremo y normalizar la existencia de presos políticos catalanes. Esta ha sido la deriva de quienes dijeron que habían venido a la política española para “asaltar los cielos”.

“Y es verdad que, aunque aquel era un momento de expansión de ese sentimiento, de crecimiento imparable de Podemos, luego nos encontramos con que hay reflujos, que hay reacciones y, paradójicamente, llegamos a la conclusión de que hay muchos elementos de la Constitución española, en particular los que pudo introducir el Partido Comunista hace cuarenta años, que en este momento de auge de la extrema derecha pueden ser un cinturón de seguridad y casi un programa de gobierno para un gobierno de izquierdas”, continúa Iglesias. [3]

Las referencias al papel del Partido Comunista en la Transición y su papel para legitimar por izquierda la nueva Constitución de 1978, junto con la aceptación de la monarquía y la “unidad de España”, no es casual. Se trató del gran “compromiso histórico” del eurocomunismo español con el nuevo régimen naciente, en una línea similar al “compromiso histórico” de los comunistas italianos con la Democracia Cristiana.

Frenar el auge de la extrema derecha aparece entonces como la única meta, y en ese camino se preparan para tragar todos los “sapos” de los social liberales del PSOE. Esta lógica del mal menor, profundamente conformista, no solo rebaja las aspiraciones al mínimo, sino que oculta cuál ha sido la responsabilidad de Podemos (y sus socios de Izquierda Unida) en los cambios desfavorables en la relación de fuerzas. Sin oponerse al giro restaurador represivo sobre Catalunya y llamando a gobernar con el PSOE los últimos años, han colaborado activamente en la recomposición de este partido del régimen que estaba semi hundido.

Como plantea Esteban Hernández en un artículo de El Confidencial [4]: “Iglesias ha maniobrado permanentemente en escenarios diversos, y cada paso adelante que ha dado fue para rebajar sus postulados.”

Poderes reales, estrategia reformista y resignación

Consultado por la relación con los movimientos sociales, Pablo Iglesias establece diferencias claras entre estos y el nuevo gobierno, advirtiendo que la “relación va a ser siempre tensa y conflictiva”. “La relación con los movimientos sociales podrá tener algunos momentos de complicidad, pero tendrá otros momentos de aspereza”, dice el líder de Podemos.

Después de plantear que “la relación de fuerzas” no da, por ejemplo, para cuestionar a la monarquía, ni tampoco los límites del “equilibrio fiscal” establecido por Bruselas, Iglesias adelanta que su papel en el gobierno será atender a “todos los interlocutores” sociales; tratar de mediar entre los empresarios y los mercados financieros, por un lado, y las demandas sociales de los trabajadores o los colectivos sociales, por otro.

“Pero somos absolutamente conscientes de los límites. Y de algo muy evidente, como cualquier ciudadano europeo y más como cualquier ciudadano de un país del sur de Europa, vivimos en una democracia limitada por poderes económicos”, dice Iglesias. Esta advertencia vuelve a poner límites sobre el moderado programa de gobierno para el próximo período. Siguiendo con su lógica de que el arte de la política es “reconocer” (aceptar) las relaciones de fuerza, Iglesias extiende esta máxima a las relaciones del Gobierno español con los mercados financieros globales, a los que define como “poderes económicos descontrolados que van a seguir teniendo un enorme poder y que van a obligar a todos los gobiernos, empezando por el nuestro, a negociar y a ceder en muchas cosas porque así son las correlaciones de fuerzas”.

Hay una parte de verdad en lo que afirma Iglesias. Es cierto que los “poderes reales” detrás del gobierno, sea éste del color político que sea, van a seguir siendo la banca y las multinacionales del Ibex35. Grupos económicos como Inditex, Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Aena, Caixabank, Endesa, Gas Natural, Arcelormittal, Repsol, etc. “Poderes reales” que también integran instituciones como la Iglesia, la monarquía, la judicatura, el Ejército o los grandes grupos de comunicación, a lo que hay que agregar a nivel internacional el papel de los Estados y las instituciones imperialistas europeas y norteamericanas, el BCE, el FMI, la OTAN y los mercados internacionales.

Pero llegados a este punto, Iglesias sostiene que frente a esos poderes no es posible oponer resistencia, y mucho menos proponerse cambios significativos. Es decir, que solo queda la impotencia y la resignación, tratar de recoger algunas migajas, en el marco de los estrechos márgenes de lo posible. Esta idea no es nueva. Cuando Syriza pasó a aplicar los planes de ajuste de la Troika que había prometido combatir, Pablo Iglesias dijo que “no había alternativa”. Ante la pregunta de un periodista acerca de si Alexis Tsipras podría haber tomado medidas más “duras”, la respuesta de Iglesias fue categórica: la única opción era moverse dentro de los límites impuestos por el régimen político y los mercados financieros, aunque manteniendo una cierta retórica “de izquierda”.

En el caso de Unidas Podemos, reconocen que su programa es moderado. Pero incluso algunas medidas moderadas son imposibles de conseguir -y mucho menos de mantener- sin atacar los intereses capitalistas y enfrentar al Estado burgués, más cuando hay una recesión económica en ciernes. La alternativa es enfrentarlos mediante a lucha de clases, o someterse a los dictados del capital, hay cada vez menos espacio para alternativas intermedias.

Estado capitalista, “ministerialismo” y fin de ciclo del neorreformismo

Marx y Engels ya habían señalado que el gobierno del Estado capitalista es la junta de negocios de la burguesía, de esos “poderes descontrolados” que se encuentran detrás de los telones del poder. En otros términos, Lenin, en el Estado y la revolución aseguraba que la democracia burguesa es la mejor envoltura para la dictadura del capital. En términos del debate actual, podríamos decir que el Estado imperialista español es la representación política de la dictadura que imponen todos los días las grandes empresas multinacionales, no solo aquí sino en todo el mundo, aumentando los niveles de explotación, precariedad y expoliación de recursos naturales, mientras crecen sus ganancias y beneficios de forma sideral.

Por aportar solo algunos datos, “desde 2015 el resultado de explotación de las empresas del IBEX 35 ha crecido un 65%” mientras la retribución “de los consejeros y las consejeras de las empresas del IBEX 35 batieron un nuevo récord durante 2018, situándose el salario medio en 700.000 euros brutos anuales”. [5]

Pero señalar que detrás del gobierno y del Estado actúan los “poderes reales” de la burguesía, no significa en absoluto aceptar su dominación. Por el contrario, la conclusión de Marx y Engels, como del conjunto del marxismo revolucionario, era que había que luchar por expropiar a los expropiadores y construir otro tipo de Estado. Y para esto es clave desarrollar la lucha y la autoorganización de la clase trabajadora con una estrategia hegemónica hacia el resto de los sectores populares, desafiando el poder de los capitalistas.

La lógica de los líderes de Unidas Podemos es la opuesta. En vez de tratar de fortalecer las fuerzas sociales para ese objetivo, su política es subordinarse al PSOE, moderar hasta el infinito el programa e integrarse en su gobierno como ministros. ¿Con que fin? Actuar de mediadores entre la voracidad y despotismo del capital y las aspiraciones populares, conquistando gradualmente mejoras y reformas sociales “desde adentro”.

Se trata de la misma estrategia que sostuvieron todos los socialistas o comunistas que se hicieron ministros de gobiernos capitalistas en la historia, algo que en la tradición del marxismo revolucionario se ha denominado “ministerialismo”. Su primer ejemplo histórico fue el caso de Alexandre Millerand, a finales del siglo XIX, en la época de la Segunda Internacional [6].

En su polémica sobre este caso, Rosa Luxemburg había señalado algunas claves: “La naturaleza de un gobierno burgués no viene determinada por el carácter personal de sus miembros, sino por su función orgánica en la sociedad burguesa. El gobierno del Estado moderno es esencialmente una organización de dominación de clase, cuya función regular es una de las condiciones de existencia para el Estado de clase. Con la entrada de un socialista en el gobierno, la dominación de clase continúa existiendo, el gobierno burgués no se transforma en un gobierno socialista, pero en cambio un socialista se transforma en un ministro burgués. (…) La entrada de los socialistas en un gobierno burgués no es, pues, como podría creerse, una conquista parcial del Estado burgués por los socialistas, sino una conquista parcial del partido socialista por el Estado burgués” [7].

El debate sobre el “ministerialismo” fue un antecedente de la participación de los socialistas y comunistas en los gobiernos de “Frente Popular” en los años 30 en Europa, así como su integración a gobiernos burgueses a la salida de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces, como la integración de ministros del Partido Comunista en el gobierno de Mitterrand en Francia. La transformación de la socialdemocracia europea en “social liberalismo” desde la década de los 70 y los 80, así como la transfiguración de los partidos comunistas estalinistas en eurocomunistas, profundizaron este curso de adaptación a los marcos del Estado capitalista y los mecanismos limitados de la democracia liberal.

Ya borrado por completo del programa y la estrategia de estas organizaciones reformistas el horizonte de la transformación revolucionaria de la sociedad, ni siquiera como objetivo “lejano”, la adaptación a los marcos de la democracia capitalista se transformó en un fin en sí mismo, ocupando sin miramientos espacios institucionales y posiciones de gobierno en los Estados capitalistas.

Así llegamos a nuestros días, donde el “ministerialismo” vuelve a aparecer, aunque de forma mucho más degradada. El ingreso de Unidas Podemos con ministros y ministras en el gobierno de coalición con los social-liberales del PSOE representa el salto definitivo de su integración al régimen capitalista imperialista español.

En esta situación, la tarea estratégica más importante que tenemos las militantes y los militantes socialistas revolucionarios en el Estado español es construir otra izquierda. Una izquierda independiente del régimen, del gobierno y los partidos que lo conforman, que se proponga desarrollar la lucha de clases y fortalecer la unidad entre la clase trabajadora y los movimientos sociales. Una izquierda revolucionaria que defienda un programa de independencia de clase cuya perspectiva sea el gobierno de los trabajadores y no el ministerialismo burgués. Una izquierda que se prepare para situaciones como la que hoy se vive en Francia, donde los trabajadores del transporte junto a maestros, chalecos amarillos y estudiantes llevan 40 días de huelga indefinida contra el gobierno de Macron. Para cuando la lucha de clases, que hoy sacude a varios países del mundo, también cruce a este lado de los Pirineos.