Antes de la pandemia, en México, la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñes era ya bastante grave. Para 2020, incrementaron las cifras de forma alarmante registrando un alza de hasta 300 %, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Miércoles 4 de mayo de 2022
Las violencias contra menores de 18 años registradas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) entre enero y julio de 2021, se concentraron en: violencia psicológica 38%; violencia sexual 29.7%; violencia física 26.3%; abandono o negligencia 4.5% y violencia económica 1.6%.
La mayor cantidad de abusos y violencia sexual ocurre dentro de los propios hogares de las víctimas, con la complicidad del Estado que sostiene y promueve esta realidad depositando únicamente en "la familia" la plena potestad de las niñas y niños, negándoles la protección de la que deben gozar las infancias y las posibilidades de desarrollarse en plenitud.
Esto es producto de que las instituciones del Estado no están al servicio del desarrollo armonioso de las personas sino de los intereses capitalistas, siendo el patriarcado una de sus bases ideológicas fundamentales, y en el caso de las infancias, imponiéndolo también a través del adultocentrismo.
Como mencionan las profesionales argentinas Liliana Vera y Nancy Méndez en su artículo: Educación Sexual Integral: ¿por qué es urgente en las escuelas?: “una de estas instituciones es la familia, dada las condiciones de dependencias de las infancias a los adultos responsables y el poder que ésta le otorga a los mismos”.
Además, mencionan que, es a través de estas instituciones que las infancias conocen las expectativas sociales que corresponden a su género y a su generación, creando las condiciones para que el abuso contra sus cuerpos suceda, producto de esa combinación con el abuso de este poder.
La necesidad de la ESI como una herramienta para eliminar la violencia
En México, el artículo 3º referente a la educación, contiene desde el 15 de mayo de 2019 a la educación sexual en los planes y programas de estudio. Aunque a la fecha no ha habido cambios referentes a algo más que la cuestión de la igualdad de género, planteada desde un enfoque binario y biologicista entre hombre y mujer, que ni siquiera reconoce la diversidad.
La Educación Sexual Integral (ESI), correctamente empleada, ha demostrado ser una gran herramienta para la identificación de situaciones de riesgo por violencia sexual y la sensibilización para no incurrir en ellas.
El inicio de la vida sexual ocurre tendencialmente a más temprana edad, en México 23 % de adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad. El ejercicio temprano de la sexualidad y la vulnerabilidad en este rango etario, contribuyen a que México ocupe de manera escalofriante el primer lugar en abuso sexual contra las infancias.
Datos del Registro Nacional de Población (Renapo) señalan que 4 de cada 100 nacimientos son de niñas menores de 17 años. Las defunciones por embarazo, parto o puerperio en mujeres de 15 a 17 años, ocupa el 6º lugar en motivos de muerte.
En los embarazos que ocurren en una edad menor a 21 años suele haber mayor probabilidad de desarrollar enfermedades que ponen en riesgo la vida, como la preeclampsia, el parto pretérmino, la diabetes gestacional o la eclampsia.
A raíz de la pandemia, se incrementaron a mil los nacimientos en niñas y adolescentes al día. En 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de los cuales, 8 mil 876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años, embarazadas por un amigo, una ex pareja, un familiar o un desconocido. La mayoría de éstos por violación sexual o matrimonios arreglados.
La falta de condiciones para ejercer la maternidad/paternidad es violencia
México también ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.
A pesar del riesgo que implica tener un embarazo a edad temprana, la mayoría de adolescentes, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en México (ENADID, 2014), declararon el deseo de llevar su gestación (82%) e incluso haberla planeado (69%). Sin embargo, la mayor parte de adolescentes que se embarazan pertenecen a familias trabajadoras que carecen de acceso a derechos básicos, como vivienda, salud, educación y recursos necesarios para llevar una vida digna.
En torno al deseo de tener hijes existen muchas variantes intermedias y posibilidades de transición, lejos de los prejuicios del adultocentrismo, que suele atribuir los embarazos adolescentes al descuido, al arrebato sexual, a la ignorancia y hasta al oportunismo.
Por su parte, el gobierno inició en 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) con el objetivo de “disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030”.
Esto no toma en cuenta la eliminación de la violencia sexual contra les niñes y adolescentes y mucho menos el deseo manifiesto de tener hijes o no, y la necesidad de las condiciones para hacerlo de forma adecuada.
La lucha por una vida sexual libre de violencia
No sólo la falta en el acceso a maternidades y paternidades dignas es un problema para la mayoría de la población en México, los métodos anticonceptivos están normalmente fuera del alcance de los sectores más empobrecidos. Pues hasta para disfrutar de su sexualidad, las y los jóvenes necesitan dinero que les permita evitar embarazos no deseados (mediante tratamientos hormonales u operaciones quirúrgicas), así como evitar las enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Las niñas, niños y adolescentes en México se enfrentan a la violencia de la falta de libertad sobre sus vidas al carecer del control sobre las decisiones que afectan a sus cuerpos, pues no sólo se enfrentan a la desgracia del abuso sexual, sino que además se les niega el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, mismo que no puede ser garantizado únicamente por despenalizarlo, sino que es necesaria la construcción de clínicas y la formación y contratación de especialistas que puedan asegurar la interrupción del embarazo con pleno respeto de los derechos humanos de las personas gestantes.
A la par, es necesaria la implementación de políticas educativas orientadas a la promoción de una educación sexual lejos de la moral conservadora de la Iglesia, y de carácter científico que parta, no del tabú, sino de la realidad de que las y los jóvenes inician su vida sexual cada vez a más temprana edad, por lo que es indispensable que tengan mayores elementos para decidir en todos sus ámbitos, desde tener relaciones consensuadas, satisfactorias, saludables y sin riesgos, el cuidado y prevención de las ETS, hasta el embarazo y la decisión de tener o no hijes.
En este mismo sentido, es necesaria una reestructuración del sistema de salud que permita el acceso efectivo a anticonceptivos y métodos barrera para las ETS en todas las edades. Pero estas condiciones nos toca exigirlas en las calles e imponerlas al Estado, para hacer real que la sexualidad se base en experiencias placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!
