El pasado 18 de enero, la docente Silvia Nava fue notificada de la Resolución 120 del Ministerio de Educación de la provincia de Salta, a cargo de Analía Berruezo, que deja atrás el pedido de su cesantía.
Lunes 23 de enero de 2017 13:06
La docente Silvia Nava, junto con decenas de docentes, que algunos gremialistas calculan en más de cien, vienen siendo perseguidas y atacadas por el gobierno del peronista Juan Manuel Urtubey, por su participación activa en el último gran conflicto docente en la provincia, que se extendió durante el 2014.
Te puede interesar: Salta: docente sumariada por impulsar el fondo de lucha en 2014
En diálogo con La Izquierda Diario, Nava informó que luego de “una campaña intensa, con distintas actividades como un petitorio dirigido a los docentes y otro dirigido a toda la comunidad, que con gusto lo firmaron todos, también mediante el twitter donde se logró instalar”, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el proceso abierto.
“Quiere decir que a nivel nacional tuvo que afectarle porque quedó como persecuta y sabemos el costo político que le significaría al gobernador, por lo tanto tuvieron que retroceder y cambiaron la cesantía que me inhabilitaba por 5 años a una suspensión de seis días (sin goce de haberes, NdR) porque era lo mínimo y era lo único que podían aplicar como sanción, según el estatuto (…), con sumario es la mínima sanción”.
La resolución 120 dictada por el Ministerio de Educación dio de esta forma por concluido el sumario administrativo ordenado por la resolución 2954/15. En palabras de la docente, referenciada en la agrupación Tribuna Docente y el Partido Obrero, “si bien esta es una victoria y un retroceso del gobierno, no queremos sanción para ningún docente porque esto ya queda como un precedente y es una forma de amedrentar a la docencia. Seguiremos las vías legales necesarias hasta conseguir esto”.
Una junta de calificación de méritos adicta al gobierno
Capítulo aparte merece el rol de la Junta de calificación de méritos durante todo el proceso en el que Nava estuvo sumariada. “Una vez que el expediente sale del Departamento de sumarios con la aplicación de la cesantía pasa a junta calificadora de méritos, ahí hacen su ¨visto y considerando¨ (…) donde comparte en todos los términos el dictamen de la dirección general de personal del departamento de sumarios del Ministerio de Educación y aconseja plantear la sanción de cesantía, es decir que la junta calificadora está alineada con el gobierno, no se aparta de lo que había dictaminado, sin hacer un estudio del expediente, un análisis objetivo, argumentar y fundamentar (…) tres de los diez (integrantes de la junta, NdR) son puestos por el gobierno pero los siete restantes son representantes de la docencia y fueron nueve de esos diez los que firmaron mi cesantía. Entonces, podemos analizar cómo nuestros propios representantes están alineados con el gobierno y en lugar de ver la trayectoria impecable que tuve, los conceptos sobresalientes, durante mis 32 años de trabajo, que incluyen ascensos a cargos directivos, no se tuvieron en cuenta los méritos”.
“Ministro sin cartera” del gobierno nacional
Luego de un primer año de presidencia del empresario Mauricio Macri, Urtubey sigue actuando como el “Ministro sin cartera” del gobierno nacional, como definió el periodista salteño Daniel Ávalos. La reapertura de los sumarios y los intentos de avanzar en sanciones, durante el 2016, son sintomáticos pensando en un 2017 electoral, pero con tarifazos, ajuste y represión a la vista, en la provincia y el resto del país.
El enorme movimiento docente que en 2014 salió a las calles para pelear por sus derechos, como el cobro del aguinaldo y aumento salarial, está en alerta.
Según Nava, desde el gobierno salteño “también están haciendo su juego político de esta forma, de manera que si la docencia sale sabe que así como en el 2014 ganó el aguinaldo que se pague como corresponde, como la ley dice, y fueron beneficiados sesenta mil trabajadores de la administración pública, sabe que si la docencia sale a luchar también se pueden venir otros trabajadores (…), por fuera de los sindicatos porque sabemos que todos están aliados con el gobierno”.
El silencio cómplice de la Asociación Docente Provincial, gremio de base de CTERA más conocido como ADP que está en manos de la urtubeycista Patricia Argañaraz, hace que la lucha para enfrentar los ataques y por más derechos quede en las manos de la propia docencia, muchas veces en soledad y de forma desarticulada. Ante esto se vuelve imperiosa la tarea de coordinar todas las luchas individuales contra las sanciones y sumarios y desarrollar una gran campaña unitaria en Salta y el resto del país.
El golpe dado al gobierno provincial, que implicó también que tuviera que “reconocer la existencia de DUS (Docentes Unidos de Salta, NdR), del paro docente, del fondo de huelga, de la participación de otros docentes en la venta del bono contribución”, según explicó a este medio Nava, es a la vez un punto de apoyo importante para pelear por la anulación de su sanción actual, echar atrás el resto de los sumarios al activismo docente de la gran huelga de 2014 y pelear por la defensa de la educación pública. Pero también, para recuperar las organizaciones como ADP que hoy están en manos de la burocracia sindical para que sean verdaderas herramientas de las y los trabajadores.
Florencia Gasparini
Nació en 1979. Es maestra en escuelas públicas de Salta y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Integra la redacción de La Izquierda Diario Salta.
