OPINIÓN. ¿Usurpación? : la furia de la familia Romero en la editorial de El Tribuno de Salta

Este jueves, representantes de las familias del asentamiento Ampliación Parque La Vega fueron recibidos por autoridades del IPV y de la Secretaría de Tierras y Bienes, luego de una movilización acompañada por organizaciones sociales, de derechos humanos y de izquierda. Los funcionarios del gobierno de Gustavo Sáenz se comprometieron en dicha reunión a dar hoy una respuesta acerca de si desde la provincia van a censar o no a las familias.

Mientras estudiantes de la UNSa ya están censando solidariamente a las familias, una herramienta que podrá mostrar cuántas familias son, cómo viven y qué los llevó a esta situación, la familia Romero le pidió subrepticiamente a Sáenz en su editorial de este domingo que desaloje a cientos de familias del asentamiento, de la zona sur de la ciudad, que hace más de 5 meses pelean por una casita digna en dónde vivir. Eso sí, cuidándose de nombrar a Bettina Romero, la actual intendenta de la ciudad.

En un marco nacional de protestas y ocupaciones de terrenos por familias que debido a la fuerte crisis económica, perdieron su trabajo y no pueden pagar un alquiler, o mientras las taladran con el slogan “quedate en casa” viven hacinadas en una habitación de algún familiar, asentamientos como el de Guernica en Buenos Aires o Ampliación Parque La Vega en Salta están en el centro. Porque dan respuesta a un problema concreto del que todos hablan pero nadie soluciona.

¿Qué lote?

Así, se puso en evidencia que a nivel nacional no hay proyectado ningún plan de vivienda serio y que en el proyecto de presupuesto 2021 que presentó el ministro de Economía Guzmán para su discusión en el Congreso la caída del gasto primario, que no afecta el pago de intereses de la deuda, alcanza por lo menos un 9,5% en términos reales.

En Salta, el programa “Mi Lote”, que según Sáenz se propone otorgar en los próximos 3 años viviendas a 10.000 familias de las 72.000 que necesitan, no cuenta con presupuesto asignado alguno, ni tierras fiscales urbanizadas destinadas. Aún no es más que un simple relato, mientras las cifras de indigencia y pobreza aquí son una de las más altas del país.

Y una de las paradojas quizá sea que en frente del asentamiento hay hectáreas vacías que en 2015 el exgobernador Urtubey le donó a la Iglesia Católica, con el visto bueno del por ese entonces intendente Sáenz un año después.

El juego de Sáenz

El rearmado del PJ local a fines de agosto que acordó una dirección de la Comisión de Acción Política entre sectores del peronismo ligados a Sáenz y a la Cámpora, expresó la necesidad del actual gobernador de aliarse en la práctica mientras sigue recitando la anti grieta, al gobierno nacional de Alberto Fernández. Agobiado por una crisis sociosanitaria y económica que sabe se profundizará, busca correrse, momentáneamente al menos, de los armados con Romero y Olmedo, por fuera del PJ, que venía practicando luego del alejamiento de Sáenz del PJ a fines de 2013. Pero dándole aire a legisladores oficialistas como el vicepresidente de la cámara de Diputados, Ignacio Jarsun, y del "vecino" concejal Abel Moya, que solo piden a los gritos desalojo a las familias de la zona sur de la ciudad. Y dicen lo que al gobernador, a veces, le conviene relativizar.

Al mismo tiempo habrá que ver si Sáenz será de la partida acudiendo al Congreso del Frente Renovador organizado por su amigo Sergio Massa en noviembre, al que ya fue invitado.

Mientras tiene en la provincia medios de comunicación hegemónicos de su lado y una policía brava para reprimir, que tiene a la cabeza al ministro Juan Manuel Pulleiro, el mensaje de los Romero expresa algo.

La imagen del gobernador en las encuestas bajó, debido al mal manejo frente a la crisis sanitaria por el covid-19, que llevó a que tuviera que remover tras las fuertes movilizaciones en Orán a la exministra de Salud Medrano. Al tiempo que la solidaridad con las familias en lucha se profundiza.

Unidad de los trabajadores

“En la ampliación del Parque La Vega, miles de personas se han instalado hace cinco meses, liderados por Renzo José Alderete, detenido e imputado por amenazas, lesiones, coacción, y otros delitos que sufren los vecinos. Lo alientan el MTR, el Partido Obrero, el Partido Social de los Trabajadores (Partido de Trabajadores por el Socialismo-PTS, NdR) y organizaciones de Derechos Humanos, lo consideran un ´preso político´. Todo, al amparo de la inercia oficial”, remarca el pasquín romerista en su editorial.

Sorprendido, quizás, por la fuerza en las calles que le disputa el protagonismo a la derecha, el “peronista republicano” Romero, como le gusta autodenominarse, alienta el desalojo. No solo en Salta si no, empezando por Guernica, en todos los asentamientos del país. Algo que viene siendo fuertemente cuestionado por referentes de la lucha de los derechos humanos como el expremio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Norita Cortiñas, entre otras grandes personalidades.

A partir de la jornada nacional del jueves 8 de octubre por el derecho a la vivienda y contra los desalojos y la represión, esa fuerza se expresó incluso luego de la detención de Yuthiel Alderete. Pero también por las jornadas solidarias que se vienen llevando adelante los últimos fines de semana, y el apoyo de un sector de la docencia de Salta capital que, además de llevar cotidianamente cartillas de actividades para las y los niños de las escuelas públicas que viven asentadas, votó en asambleas de base virtuales colectas de alimentos y ropa, y la solidaridad efectiva con las familias del asentamiento.

Lo que más pareciera aterrar a la familia Romero no es solo que “el Congreso y la Justicia muestran una pasividad exasperante” si no el conjunto de demandas que tanto desde el asentamiento Ampliación Parque La Vega como por parte de las agrupaciones que acompañaron a las familias el jueves pasado, levantan, y que pone en el norte un plan de lucha para llevarlo adelante de manera conjunta.

“El cese de la política represiva y de la criminalización de los que luchan por el derecho a la vivienda, la inmediata libertad de Yuthiel Alderete y el cierre de las causas por participar en la lucha por este reclamo; la urbanización de tierras públicas con la finalidad de organizar loteos sociales para la vivienda única, para todas las familias sin techo, fecha y plazos precisos de comienzo de obra del Plan Mi Lote y la determinación de presupuesto en forma inmediata y verificable; nos solidarizamos con la lucha de las familias por el derecho a la vivienda y contra la represión y el desalojo en Ampliación Parque La Vega, Guernica y todas las tomas que se desarrollan a lo largo y ancho del país”, entre otras demandas, según remarcaron desde el Cuerpo de Delegados del Asentamiento Ampliación Parque La Vega, la Mesa de DDHH de Salta, el PTS, Nuevo MAS, Polo Obrero-PO, y al que otras organizaciones adhieren.