Desde las 7.30 vecinos y referentes estudiantiles se concentraron para evitar el desalojo, mientras en las facultades se difundía curso por curso la denuncia y en paralelo se realizó la presentación en Tribunales Provinciales.
Lunes 14 de mayo de 2018 17:04
Fotogaleria: Registro del operativo del 7/5 donde demolieron las primeras dos viviendas, de Edith. L. Gauna, fotografa solidaria con los vecinos.
Esta mañana, los vecinos del barrio La Sexta, enfrentaron una vez más, los intentos de desalojos que viene llevando a cabo el gobierno municipal, provincial en acuerdo con las autoridades de la UNR. Más de 300 familias son afectadas con el primer tramo de obras de un proyecto de urbanización que fue votado por el Consejo Superior de la UNR, compuesto por representantes del kirchnerismo, el Partido Socialista, la Franja Morada y fuerzas del Frente Social y Popular.
Desde las 7.30, referentes estudiantiles del PTS-FIT, Mate Cocido y Patria Grande fueron parte de la concentración que se realizó junto a organizaciones políticas y vecinos, logrando frenar la avanzada de la policía en el barrio. Simultáneamente se presentó en Tribunales Provinciales un recurso de amparo y el pedido de titularización de las viviendas. En las facultades del ECUR estudiantes de EnClave Roja y la Juventud del PTS convocaron a todos los estudiantes a solidarizarse y a concentrarse junto a los vecinos para evitar el desalojo. Cerca del mediodía, tras 5hs de concentración y denuncia en los medios y redes sociales, las fuerzas policiales se retiraron del predio.
Irene Gamboa, Consejera estudiantil de la UNR por la Juventud del PTS en el Frente de Izquierda, fue una de las presentes y declaró: “Estamos acompañando a los vecinos y logramos frenar que la policía avance sobre el predio. Quedó demostrado que la solidaridad estudiantil puede frenar el desalojo: es inaceptable la ausencia de los centros, se tienen que poner a la cabeza de manera urgente. La ausencia del apoyo a los vecinos del PS, la Franja y otros que se dicen opositores como en ALDE y los K es la continuidad de haber aprobado un plan de viviendas en el Consejo Superior que incluye el desalojo de familias pobres. De los partidos de gobierno no podemos esperar nada porque ellos aplican sistemáticamente el ajuste y van por más, pero es inadmisible que las fuerza que conducen los centros que se reclaman opositores demuestren semejante complicidad. Llamamos a que se retracten de inmediato y organicen la solidaridad estudiantil.”
Decenas de efectivos policiales se hicieron presentes esta mañana, como cada día en el barrio. Amedrentamiento, atropellos y actos ilegales son moneda corriente que soportan los vecinos hace semanas por parte de las fuerzas represivas que inundaron la zona. Ante eso, el abogado Salvador Vera, en representación de las victimas hoy realizó una presentación en Tribunales Provinciales. “Acabamos de presentar un recurso de amparo, lo hicimos patrocinando la asamblea de vecinos del barrio la sexta y el grupo demandante en este caso han sido alrededor de 20 familias que están demandando al gobierno de la provincia de Santa Fe y a la Municipalidad de Rosario con el objeto de que cesen los actos de intimidaciones publicación, de hostigamiento y persecución policial a los vecinos. Le hemos solicitado al juez que le ordene al gobierno de la provincia una medida de no innovar a los fines de que ordene la detención de los inicios de la ejecución de obras y además que les ordene a los gobiernos municipal y provincial que se abstenga de cualquier intento de desalojo sobre los vecinos. Esto lo hemos hecho sobre la base de en primer lugar, que el predio ocupado por estos grupos familiares que superan las 300 familias, ostentan una posesión publica, pacífica y continua en el terreno que hemos logrado acreditar en esta presentación, que es por más de 6 décadas en algunos casos. Nos parece que esto genera una situación no solo de hecho sino también de derecho”, expresó.
Entre los actos de hostigamientos a los que hace alusión el letrado, los vecinos describen desde amenazas orales por parte de los efectivos, presencia constante de un móvil en la puerta de la casa de una de las vecinas organizadoras de la resistencia, ataque al centro comunitario del barrio, provocaciones de todo tipo y lo más grave, la detención ilegal de una vecina que permaneció en un comando pasando de comisaria en comisaria durante horas y sin orden judicial ni denuncia de ningún delito.
“Hoy ordenamos la intervención de los organismos competentes de la provincia, en virtud de que en todo el grupo familiar conviven una cantidad innumerable de niños y de adultos mayores con discapacidades que merecen una protección especial y que el gobierno municipal y provincial estaba violando. Lo que hemos denunciado en esta presentación es que estos intentos de desalojos cargados de todo un despliegue de parafernalia policial e intimidatoria son hechos constitutivos que pueden considerarse como conductas sancionables penalmente”, explicó Vera. Para finalizar, la Consejera Irene Gamboa planteo: “Exigimos el cese del hostigamiento. Hacemos responsables al gobierno provincial, municipal y de la universidad por la integridad física de todos los vecinos.”
