Venezuela: Trabajadores de Café Fama de América denuncian intimidaciones

Estas acciones ya han tenido como resultado inmediato la “renuncia” de obreros que eran parte de la dirigencia sindical.

El comunicado señala que los funcionarios que se presentan en la plantas de la fábrica se identifican como “seguridad de estado, enviados por la presidencia de la República”, y que “Desde un primer momento su estadía en dicha planta [Valencia], se tornó en un acoso y amenazas (del tipo amedrentamiento e intimidación) para con los obreros”.

Según se desprende del comunicado, la planta de Valencia se ha visto convertida por
los agentes de la inteligencia estatal en un centro de interrogatorios: “Los métodos utilizados por los señores fueron la reunión a solas e individual, acompañado de amenazas de todo tipo, que lograron intimidar a los compañeros citados”.

También en La Yaguara, importante centro industrial de Caracas, se repitió el accionar intimidatorio en reunión con la junta directiva del sindicato (BOTRACAFE), donde además de recalcar que eran “seguridad de estado y enviados por la presidencia de la República”, se les indicó que “tenían potestad de sacar esposados a trabajadores sin necesidad de procedimiento legal alguno”, que ellos “por las buenas eran buenos y por las malas ni hablar”, y que a partir de ese momento “iban a estar instalados en la sede de la planta La Yaguara”.

El hostigamiento de los cuerpos de inteligencia y represión del Estado está dirigido
hacia los trabajadores organizados y en lucha con el objetivo de contener la pelea
por la defensa de los salarios y su poder adquisitivo. Eso quedó expuesto en la amenazante “conversación” con el sindicato, en la que los esbirros consideraron que “los trabajadores ganaban mucho”.

Esta política de amedrentamiento más característica de una dictadura es usada por el
gobierno que se dice obrerista y anticapitalista coincide con el chantaje de parte de la burguesía nacional de que se les faciliten más dólares y más aumentos de precios para poder “producir” y “llevar los productos a los anaqueles”. Esta “crítica” de los esbirros se hace en un momento en el que una inflación galopante se come los ingresos obreros y populares, con un aumento, por ejemplo, en el rubro de los alimentos, de más de 90% en un año.

Acuerdos y amabilidad con la burguesía, dureza con los reclamos obreros

El gobierno viene cediendo en toda la línea a las demandas empresarias, haciendo
múltiples mesas de acuerdos de donde salen medidas proempresariales, antiobreras y antipopulares, como los aumentos de precios, el relajamiento del control de cambio,
millonarios subsidios y créditos baratos a los capitalistas, autorización de decenas de
miles de despidos. Sin embargo, su actitud frente a las demandas obreras es la contraria, y se muestra muy “valiente” y duro con respecto al salario de los obreros y cuando se trata de hacer frente a la lucha de los trabajadores y trabajadoras.

Obligando a “renunciar” a dirigentes sindicales

El objetivo intimidante de estas acciones ya ha tenido efectos inmediatos. En la planta
de Valencia renunciaron 10 trabajadores, tres de los cuales eran miembros del sindicato.

De esta manera, se busca desmontar la organización de los trabajadores, desbaratando los esfuerzos de organización e intimidando a cualquier otro que se proponga dar un paso al frente para organizar a sus compañeros y defender los elementales derechos obreros. ¿El resultado de estas acciones? Dejar a la clase trabajadora de estas empresas sin organización ni representación sindical ante la patronal, dejar el camino libre para la explotación sin obstáculos.

Estos no son casos aislados, sino que hay toda una política sistemática del gobierno nacional de usar los cuerpos represivos y de “inteligencia” para amedrentar a trabajadores en lucha, tanto en empresas estatales o mixtas, como incluso en la
privadas a las que el gobierno dice “combatir”. Esta denuncia está en línea con otros
hechos en los que se puede ver la combinación de la intimidación de los cuerpos
represivos con la práctica de las empresa de judicialización de los trabajadores en lucha, denunciándolos por “delitos” inventados, como manera de desarticular la organización de los trabajadores.

Solo en Aragua encontramos ejemplos como el de las empresas Multisabores Glup,
Alimentos Plumorse, Inversiones Selva, Agropecuaria San Onofre, Centro Médico
Cagua, Inversiones MCLV, FARPLASTIC. Ha habido casos en los que la empresa
denuncia al dirigente sindical, la policía va directamente a la fábrica, por fuera de toda
legalidad se lleva al trabajador a la comisaría a “interrogarlo” y “explicarle” que si sigue “jodiendo” en la empresa le imputaran tales y cuales delitos, o lo obligan a “declararse culpable” para allanar el camino a su despido, que al fin y al cabo es lo que quiere la empresa.

A eso habría que sumarle los casos de Petrocasa (Carabobo), Grupo Souto (plantas
de Valencia, Yaracuy y Lara), la Central Azucarera Santa Clara (Yaracuy), la Misión
Vivienda en la Base Aérea El Libertador (BAEL), en Palo Negro (Aragua), CIVETCHI
(Carabobo), MONACA. En todos los casos, diversos tipos de intervención directa de
cuerpos policiales o militares han sido lanzados contra los trabajadores en lucha. El
caso de Civetchi es emblemático: ocho trabajadores están presos por haber puesto en pie un sindicato en la empresa de mixta, de mayoría de capital estatal, luego de haberles sido montada una trampa entre la gerencia y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN, ex DISIP).

En el comunicado los trabajadores expresan: “Lo primero es que no vamos a permitir la presencia de estos señores en nuestras instalaciones. Además, estamos por definir fecha y hora, vamos a convocar una asamblea general, en la cual vamos a citar a la gerencia general para que nos de explicación sobre la presencia de este grupo”.