Internacional. Venezuela: los tiempos de crisis se aceleran y el pueblo la sigue sufriendo

Estos últimos días saltan a la vista un conjunto de indicadores que muestran el estado de crisis que atraviesa el gobierno así como el conjunto de la situación política, que se expresa “por arriba” en las grietas entre los poderes y la ofensiva “destituyente” de la derecha desde el Parlamento, la concordancia de intereses con un sector concentrado del empresariado por vía del creado Consejo Nacional de Economía Productiva, los casos de corrupción en las altas esferas del gobierno que el propio gobierno saca a la luz pública, y su búsqueda de inversión extranjera y apoyo de organismos internacionales.

La ofensiva “destituyente” de la derecha parlamentaria

A toda velocidad el Parlamento sesiona en pos del pliego de medidas políticas preanunciadas por la directiva de la Asamblea Nacional (AN) al asumir sus funciones: en primer las que buscan darle una cobertura “social” a sus planes como la Ley de Propiedad de la Misión Vivienda –GMVV- (aprobado en primera discusión), la Ley del Bono de alimentación para Jubilados, buscando avanzar por esa vía a su Ley Amnistía, pero y sobre todo la “evaluación” de las “vías constitucionales” para acortar el mandato presidencial de Maduro. Todo lo cual viene a acelerar el conflicto de poderes no sólo entre el Ejecutivo y el Parlamento, sino también entre este último y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Como parte de estos conflictos, los dimes y diretes no han faltado durante la semana. El presidente de la AN, el adeco Ramos Allup, “criticó” que el TSJ se hubiera convertido en “un sistema de persecución del Legislativo”, y que si “esos magistrados ya fueron electos por la legislatura anterior. Bueno, si fue una elección ilegal la AN puede revocar una decisión anterior”, enfatizando que “hay pruebas de que los currículums –de los aspirantes a magistrados– no estaban completos, no se cumplió la ley para que fueran designados, se obvió el lapso de impugnación y eso desvirtúa su designación”. Rápidamente hubo respuestas del presidente Maduro, quien puntualizó que el “TSJ es el árbitro que dirimirá los conflictos entre poderes” y la magistrada Gladys Gutiérrez acotó que el TSJ “tiene plena facultad para revisar los actos de los demás órganos de rango constitucional”.

Aunado a esto, las presiones destituyentes desde el Parlamento no se hacen esperar, y van desde la recepción en la AN del petitorio proveniente de grupos xenófobos y derechizantes para abrir una “investigación de la nacionalidad del presidente”, hasta la declaración de “Crisis humanitaria (en el sector Salud)”, por la grave situación de escasez de medicamentos y recursos en todo el sector salud a nivel nacional realizada por el Parlamento, que viene a coincidir con la amenaza intervencionista del exjefe del Comando Sur norteamericano, John Kelly, cuando ha sostenido que la intervención gringa sobre Venezuela solo se daría en casos de declararse “crisis humanitaria”. En este marco, Ramos Allup ha llegado al punto de declarar que “sería irresponsable dejar que Maduro complete su período” (sic): “yo lo veo muy mal, no sé si al final del año, porque tampoco es posible poner un día preciso. Pero yo al final del período constitucional, a este ritmo, no lo veo llegar”.

El (vigente) problema de la vivienda, y la demagogia como problema

Para responder a la aprobación de la “Ley de Propiedad de la GMVV”, el gobierno creó un instrumento formal (Sistema Nacional de Registros Inmobiliarios) para frenar la iniciativa de la AN, declarando en reiteradas oportunidades su “inconstitucionalidad” y que el marco “constitucional blinda y ampara” la forma de “propiedad familiar”.

Desde luego, la derecha intenta posicionar su lógica mercantilista en el terreno de la Ley de Propiedad (de la GMVV), pero esto no disminuye ni mucho menos la lógica también mercantilista –a pesar de su demagogia– de la que es presa el gobierno en este terreno. En palabras del propio presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, Gerson Hernández, para la construcción de estas viviendas “a diferencia de lo que cree la gente, el Gobierno sí le ha dado espacio al capital privado porque han participado tanto en la de interés social como en la de la clase media”. Así, el año pasado el sector privado construyó 10 mil viviendas llevándose estas ganancias las constructoras privadas, en tanto que la inmensa demanda estructural de la vivienda persiste para millones de venezolanos.

Mientras se pacta con unos, otros del sector privado empujan al Gobierno en su laberinto

Si bien el gobierno viene negociando con un grueso de sectores empresariales, otros empujan al propio gobierno en su laberinto. Así, un paso adelante dio el sector encabezado por la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), presentando al gobierno un pliego de “propuestas concretas y puntuales”, respaldadas en su totalidad este martes 2 en rueda de prensa por el propietario de Fundación Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Estas incluyen “reconocer la totalidad de la deuda comercial con los proveedores internacionales”, “promover la industria agrícola (privada)”, dar luz verde para “fijar precios con la frecuencia necesaria”, y “un incentivo para la productividad” que consiste en la modificación de la Ley del Trabajo que permita a las empresas despedir libremente.

Mendoza, en rueda de prensa, quiso mostrarlas como medidas “sensatas”, “necesarias” y hasta “inevitables”, como “por encima de la política”, invirtiendo –valga la metáfora– cantidades ingentes de demagogia con los padecimientos reales a que ha sido expuesto el pueblo bajo el gobierno de Maduro. Incluso llega a afirmar que “el gobierno sabe cuáles son los organismos a los que puede acudir por financiamiento” pero se cuida de nombrarlos (FMI, BM…), porque en su silencio reconoce lo eminentemente político que se haya inscrito en estas propuestas del mega empresario.

Por su parte, Maduro responde al agravamiento de la crisis con mayores acuerdos con sectores empresariales por vía de los “9 motores del Consejo Nacional de Economía Productiva” que se han propiciado desde mediados del mes, como por los más recientes intentos para obtener apoyos desde el exterior con organismos como la FAO, a quien solicitó ayuda para “impulsar proyectos de agricultura urbana”; y su llamado a la CELAC, en cuya IV Cumbre celebrada el pasado 27 de enero, declaró: “Vengo a plantear un conjunto de posibilidades para desde América Latina atender la emergencia económica de Venezuela”. Pero también se prepara para asistir en febrero a la cumbre de la OPEP, a pujar nuevamente por acuerdos para que se eleven los precios del crudo.

Pero pese a estas políticas gubernamentales, escaso margen de maniobra le queda al gobierno de Maduro para reconectarse con su base a los niveles de antes, por eso en un intento de “compensar” el fracaso estructural del chavismo para luchar contra el gran latifundio e industrializar el campo, convierte en “bandera” crear “conucos urbanos” durante el Encuentro de Agricultura Urbana del pasado sábado 30. Pretender resolver la crisis de alimentos con el “incentivo” a que la gente haba sus propios cultivos en las casas (“conucos”) no es más que la expresión declarada de dicha crisis. Similar muestra de inmovilismo se evidencia en las resoluciones del III Congreso Extraordinario del PSUV y las designaciones del “Buró Político de Crisis”, donde lo más notable es la ausencia de toda medida seria de lucha para combatir de raíz la crisis económica que no sean aquellas de avanzar en los acuerdos con sectores empresariales.

En este sentido, el desmantelamiento de una red de corrupción dado a conocer por el ministro de Interior, M/G Gustavo González López,que llevó a la aprehensión de altos funcionarios bajo el delito de peculado,como Heber Aguilar, ex presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL); Bárbara González, expresidenta de Abastos Bicentenarios, y Bárbara Figueroa, exdirectora de administración del CVAL,ligados al propio gobierno a través de la rama de “Seguridad y soberanía alimentaria”, intenta posicionar una pantalla de “duro golpe a la corrupción” propiciada por el recién creado Cuerpo Nacional Contra la Corrupción. Pero que en verdad no es más que la expresión de la alta corrupción generalizada en el gobierno y que ahora buscan tapar con “casos” aislados y decir que “combaten” la corrupción.

En verdad, lo que también sugiere y expresa todo esto es que existe algo más que turbio y grande detrás de esa pantalla, al fin y al cabo filtrada herméticamente por el gobierno, y que no es más que otra muestra de la descomposición política a que ha llegado y al que queda expuesto el propio gobierno.

El pueblo sigue pagando la crisis

Mientras que las cifras macroeconómicas oficiales del BCV siguen siendo un “secreto de estado”, no existe nada más prístino para percibirlas que la realidad económica que vivimos los trabajadores y el pueblo pobre del país. Los ajustes continuan por la vía de la alta inflación y el pago de altos impuestos, como ya es el propio IVA que el pueblo en términos constantes viene pagando más por cada cosa que compra como es ahora el Impuesto sobre la Renta (ISLR) que es aplicado a todo el sector asalariado, un verdadero impuestazo al salario pues ahora hasta el que gana un salario mínimo paga esta tributación sobre sus ya magros ingresos. Desde el llamado “Consejo Nacional de Economía Productiva” se preparan una serie de medidas para beneficiar al empresariado que se transformarán en medidas directas contra el pueblo como es la ya preanunciada devaluación y el aumento de los combustibles. Lo que es conocido como “regulación de precios” no es más que una ficción en la fuerte carestía de vida, pues sabemos que las cosas aumentan de semana en semana, inclusive de la noche a la mañana. Como también sabemos el papel mojado que es la “inamovilidad laboral” que reza en la Ley del Trabajo, pues nada les ha impedido a los empresarios efectuar despidos masivos, con el beneplácito del Ministerio del Trabajo y sus Inspectorías laborales.

Somos quienes mejor percibimos diariamente la escasez, la caída de nuestros salarios que se devalúan diariamente, las largas y constantes colas para poder conseguir los insumos básicos. Como también el detrimento de las condiciones de trabajo, la precarización campante, el desempleo (que el gobierno cubre con unos ficticios “índices de desocupación”), y la pasividad obsecuente que ante estos temas mantienen las burocracias sindicales afines a los patronos y principalmente al gobierno.

Quitarnos el enorme peso de la crisis es posible, solo mediante la lucha organizada que llevemos adelante los trabajadores, con los métodos de la lucha por imponer nuestras propias demandas, desplazando las corrompidas burocracias sindicales, organizándonos con completa independencia frente al gobierno, empresarios y sus representantes políticos tanto del PSUV como de la MUD.