El Coordinador Regional del Centro de Acceso a la Justicia, integrante de la Delegación del Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos y de la UTEP, estuvo presente en la capital jujeña relevando testimonios a partir de las denuncias realizadas por integrantes de organizaciones sociales que fueron allanadas por el Estado. Aquí las principales conclusiones que fueron presentadas en conferencia de prensa.
Domingo 17 de julio de 2022 12:40
Las definiciones más importantes de las entrevista.
- La situación en Jujuy es sumamente complicada y es urgente que se tomen todas las medidas necesarias desde el Congreso de la Nación, el Ejecutivo Nacional y los poderes jujeños para revertir la situación sistemática de violaciones a los derechos humanos, derechos civiles, los principios democráticos más básicos. Vemos que los jujeños y jujeñas, sobre todos quienes están organizados y quienes luchan están en riesgo frente a un poder muy grande que articula el poder ejecutivo, pasando por el MPA (Ministerio Público de la Acusación) y el judicial.
- Lamentablemente vemos que del año pasado a esta parte, entre un informe y otro, se ha agravado las situaciones de persecución a las organizaciones sociales, a quienes están organizados y quienes luchan. Tenemos testimonios de represión a manifestaciones, detenidos, torturados mientras estaban detenidos, allanamientos irregulares, causas que comienzan donde el MPA llama a infiltrar a organizaciones. Son situaciones muy preocupantes y que deben ser revertidas de manera inmediata.
- Hay un contexto de ataque a las organizaciones. El ataque es porque hay un empoderamiento de los sectores organizados y de lucha. Frente a eso se decide cortar el hilo por lo más débil, que son justamente quienes se organizan para resistir contra la situaciones de empobrecimiento generalizado, de ataque a las libertades que están ocurriendo.
- Ante la idea de asociaciones ilícitas, nosotros insistimos mucho en que las organizaciones son lícitas y tienen mecanismos de organización que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Pretender de que como tienen mecanismos similares de organización, financiamiento y de llevar adelante sus tareas es una asociación ilícita porque se habrían puesto de acuerdo todas las organizaciones del país de hacer las cosas de la misma manera es como mínimo obtuso, es un maniqueo, cuando en realidad están haciendo una utilización.
- Es como decir que todos los sindicatos son asociaciones ilícitas porque se organizan igual. Hay un proceso histórico de las organizaciones de nuestro pueblo que al menos desde mediados de los 90 producto de la desocupación, de la destrucción del aparato productivo del país, fueron encontrando otras formas de organizarse y otros métodos de lucha como el piquete, las asambleas y las formas de decisiones. Aquí están negando todo un proceso social, histórico que pasa por asambleas como si fueran decisiones que toman siete, diez dirigentes y que deciden extorsionar a la gente de determinada manera.
- Hay una infinidad de documentales, libros, estudios. Las mismas páginas de las organizaciones están todo el tiempo compartiendo la vida interna de las organizaciones, cómo se toman las decisiones, qué se lleva adelante. Claramente es un intento de criminalización de la pobreza y de pobreza organizada
- Este accionar nos lleva a los lugares más oscuros de nuestra historia.
- Ahora recabamos 58 testimonios, 43 la vez anterior, y vamos a relevar más testimonios en agosto. Sistematizar lo máximo que se pueda y dar a conocer lo que está sucediendo, golpear las puertas de los despachos que haya que golpear para que se tomen las medidas necesarias. También buscar las vías institucionales de denuncias en tribunales internacionales donde puedan encauzarse estos reclamos, denuncias, y que de manera objetiva, respetando el debido proceso y demás pueda llegarse a algún tipo de sentencia contra el Estado jujeño y el Gobierno y la utilización del aparato estatal para la persecución de las organizaciones.
