Tras años de trabajo en negro y precarizado, la municipalidad desvinculó a casi un centenar de trabajadores, en su mayoría mujeres sostén de familia.
Miércoles 20 de mayo de 2020 09:46
La precarización por parte de los gobiernos que se apoyan en contratos basura o irregularidades no es una novedad. En este caso, el gobierno peronista de Jorge Berti ha engrosado los cientos de despidos que ya se ven en la provincia de Santa Fe desde que comenzó la pandemia. En la provincia de Perotti, una de las más ricas del país, las fuentes de trabajo siguen siendo afectadas a diario.
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Como venimos reflejando en la izquierda diario, Villa Constitución se encuentra en uno de los más altos índices de desocupación según los datos del Indec aún antes de la crisis social y sanitaria desatada por el Covid 19. Suspensiones y rebajas salariales son moneda corriente tanto en la multinacional Acindar como en los talleres y contratistas que dependen de ella, pero también se vienen multiplicando en los comercios, la mayoría con trabajadores en negro o precarizados.
El gobierno municipal forma parte también de los responsables del negreo y la precarización: quienes fueron desvinculados estos últimos meses son trabajadoras y trabajadores que hace años vienen desempeñándose en diferentes áreas bajo estas modalidades: planes, monotributo, pasantías y becas. Todas formas de abonar la flexibilización laboral, que permite los despidos encubiertos por fin de contrato con los monotributistas o directamente aquellos que en más de 10 años de trabajo nunca gozaron de estabilidad laboral.
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Esta situación también los deja desamparados para obtener representación sindical, ya que para la municipalidad, que debería tener al conjunto de su personal en planta permanente, estas y estos trabajadores "no existen", por lo tanto no tienen ningún derecho. El gobierno municipal es, desde hace mucho tiempo, uno de los principales precarizadores de la zona.
Una característica fundamental en este grupo es que en su gran mayoría son mujeres que sostienen a sus familias, no solo por ser las únicas que llevan adelante la economía del hogar sino también porque en este contexto de crisis, otros ingresos que existían en sus casas también se vieron afectados.
En todo el país, trabajadoras y trabajadores precarios de todos los rubros como cadetes, gastronómicos, empleados de comercio, niñeras, municipales, entre otros, se vienen organizando en La Red Nacional de Trabajadores Precarios e Informales y reclamando por sus derechos, que al igual que en este caso, son los primeros en ser vulnerados. Ellos y ellas no se callan más y se unieron para hacer más fuerte su lucha por mejores condiciones de trabajo y para que nadie quede sin un ingreso en esta cuarentena, reclamando IFE para todos y salarios de emergencia para precarios y desocupados.
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El gobierno de Alberto Fernández prorrogó el DNU que prohíbe los despidos, pero hasta el momento, éste fue papel mojado: los despidos y las suspensiones siguen estando a la orden del día. No sólo las grandes empresas que amasan fortunas como Techint siguen despidiendo impunemente, sino también los gobiernos como el de Berti, que en medio de una crisis de estas magnitudes, sigue dejando a familias en la calle.