A una semana de los hechos ocurridos en ese penal de la Ciudad de Buenos Aires hubo una concentración en las puertas.
Miércoles 21 de septiembre de 2016 11:41
El lunes 12 de septiembre el Servicio Penitenciario Federal llevó a cabo una requisa en el Centro Universitario de Devoto (CUD), donde varios reclusos de ese penal tienen acceso a los estudios universitarios. Lo hicieron sin ninguna orden judicial y con el fin de atacar el espacio educativo que en estos momentos defienden los mismos detenidos.
En base al artículo 230 del Código Procesal Penal de la Nación, la requisa debe ser practicada con una orden fundada de juez, revelando así la necesidad de la misma con motivos suficientes para su ejecución.
En este caso Roberto “Paco” Manrique, Secretario General del Sutpla (Sindicato Unificado de Trabajadores Privados de Libertad Ambulatoria), sostuvo que “fue una requisa ilegal, se esperó a que pase la hora en que el CUD permanece abierto, se avanzó con efectivos del SPF y luego colocaron en mesas los efectos presuntamente encontrados, entre los que se mencionan facas, droga, pastillas (para fortalecer en ejercicios de musculatura) y artefactos electrónicos”.
Manrique agregó que “el CUD es una parte de la cárcel que está cedida a la Universidad de Buenos Aires. Para hacer una requisa hay que pedir permiso a la UBA y, si es un allanamiento porque creen que existe un delito, se requiere orden de un juez”. Claramente el caso escapa ambas posibilidades.
En cuanto a la injerencia del sistema penal, asociado a las instituciones de encierro y a lo que vislumbra de la problemática, Manrique dijo que “el Servicio Penitenciario Federal tiene que educar a la persona para que salga en mejores condiciones de las que entró… Pero la empeora. Apoyaremos a los pibes desde acá afuera, lo más que podamos”.
Por último, el referente del Sutpla planteó que “no hay libros de política criminal que digan que va a hacer un criminal cuando sale de la cárcel, eso explica en parte el gran nivel de reincidencia”.
Por su parte Carlos Casal, coordinador del área de encierro de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, manifestó que al acto lo “ acompañaron familiares y organizaciones sociales. Nos acompañaron muy pocos medios, porque entendemos que esto es algo que no vende para un medio. Vinimos a acompañar un reclamo, pusimos una consigna que es ’apoyemos a la educación en contexto de encierro’, porque hay un enfrentamiento que ha hecho las políticas de Macri. Ya empezó hace mucho en el territorio nacional y ahora llega a la cárcel con allanamientos ilegales, presionando a los pibes para sacarlos de traslado. A nosotros nos pega muy fuerte una frase que dicen los chicos cuando empiezan este reclamo en un comunicado que dice que ’si la cárcel sigue así, esto va a ser un sistema de reproducción de inseguridad y nada más que eso’. Queremos que la sociedad se entere que acá los pibes el reclamo que están haciendo es porque quieren estudiar más, porque cuando salen no quieren salir a robar, porque quieren trabajo, quieren políticas sociales que le den laburo a los pibes cuando salen, quieren que se agrande el Centro Universitario de Devoto, para que estudien más pibes”.
Casal agregó que desde su lugar acompañan “la lucha de los compañeros adentro del penal, ellos están organizados y nosotros acompañamos. Entendemos que se ha presentado un petitorio a dirección del SPF, entendemos que se han pedido cosas no muy locas sino muy normales y se pueden trabajar en conjunto. Los reclamos del petitorio son el derecho a la defensa en la junta criminológica correccional, que es la junta que califica su conducta, y ellos piden tener una defensa de parte en esa lucha que es la calificación y después también agrandar el CUD, entre otras cosas”.
Desde Limando Rejas, Gisela informó a este diario que “en diciembre del año pasado nos comentaron que iban a presentar un proyecto de reforma del SPF y junto a varias organizaciones sociales decidimos sacar un documento, un estándar mínimo que tiene que tener la reforma que se haga respetuosa de los derechos humanos.”
Marcos, de la misma organización, sostuvo que “en contexto de encierro es donde se mantienen vigentes prácticas de tortura que son resabios de prácticas que quedaron incorporadas a las fuerzas de seguridad y penitenciarias desde la dictadura. En el marco de presentar esta reforma, la Subsecretaría de asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia convocó a una mesa para discutir la problemática, donde fueron invitados actores institucionales, jueces, el CELS y ACiFaD (Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales) excluyendo a un montón de organizaciones sociales y políticas que tenemos un montón para aportar a la hora de pensar las necesidades de las personas privadas de su libertad y lo que debe implicar una reforma.”
La Agenda para una Reforma Penitenciaria Respetuosa de los Derechos Humanos tiene como ejes centrales “la aplicación del mecanismo de prevención de la tortura, la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales a las personas privadas de su libertad, las condiciones de sobrepoblación, que no se solucionan con más cárceles que está demostrado que si se construyen serán llenadas con otras personas, la responsabilidad del poder judicial que encarcela de forma masiva y sin control”, agregó Marcos.
Como se puede percibir, todo lo legislado en cuanto a la forma de practicar requisas en los ámbitos carcelarios carecen de determinación y límites permitiendo todo tipo de exceso por parte del personal penitenciario y provocando todo tipo de violaciones a garantías constitucionales bajo el pretexto de que el individuo, al encontrarse cumpliendo una pena privativa de la libertad, no posee ningún derecho ni ninguna garantía constitucional que lo resguarde.
Como muestra de este sistema, valga mencionar que en casos de allanamientos los testigos terminan siendo efectivos del mismo Servicio Penitenciario, lo que resulta cuanto menos dicotómico pensar que ese testigo ocular del procedimiento es un “tercero imparcial” respecto de lo que se está llevando a cabo.
