Los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas son agresiones con una alta carga simbólica que buscan dejar una huella imborrable en la víctima, destaca el Conapred. El 96% de los ataques reportados en México quedan impunes.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 31 de enero de 2023
La llamada "violencia ácida" ha cobrado relevancia en nuestro país los últimos años tras casos polémicos y de alto perfil como el feminicidio de Luz Raquel Padilla perpetrado en el estado de Jalisco en 2022 o el ataque contra la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca en 2019.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas son agresiones con una alta carga simbólica que buscan dejar una huella imborrable en la víctima, así como imponer sobre ella una condena social. A estas huellas debe sumarse el largo camino que implica no sólo exigir juicio y castigo a los responsables, sino arrancar al Estado la garantía de no repetición.
Ante la falta de registros oficiales de este tipo de ataques cometidos principalmente en contra de mujeres (más del 80%) con sustancias corrosivas o ácido, la ONG Carmen Sánchez estima que desde 1998, 33 mujeres han sido agredidas de esta manera, de las cuales 28 sobrevivieron. En el mundo ocurren al menos 1,500 agresiones de este tipo al año, según cifras de la organización Acid Survivors Trust International (ASTI).
Según datos de la Secretaría de Salud federal, entre enero y junio de 2022, al menos 47 mujeres fueron quemadas intencionalmente en México, 27.6% de las cuales eran menores de edad. En 29 de estos casos la agresión estuvo rodeada de violencia familiar, mientras que en 18 casos se trató de desconocidos o personas sin parentesco. Sólo 28 de estos casos fueron reportados.
En 2021, las autoridades sanitarias reportaron 96 ataques con fuego, vapor o sustancias calientes contra mujeres. Colombia, con un aproximado de 100 ataques con ácido al año ocupa el tercer lugar a nivel internacional en estos casos, sólo detrás de Reino Unido (501) e India (228).
Ley Malena: entre la impunidad y el punitivismo
Fue hasta septiembre de 2022 que la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir en la definición de "Violencia física" los actos que causen daño intencional interno o externo con ácidos o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables. Sin embargo, el Código Penal no contempla estas agresiones como intento de feminicidio.
En noviembre de 2022 el Senado de la República aprobó una modificación al Código Penal Federal para ampliar las penas a quienes perpetren este tipo de agresiones (con penas entre 7 y 13 años de prisión y una máxima de 21 años en caso de existir parentesco o relación de confianza entre víctima y victimario), misma que está pendiente de discusión en la Cámara de Diputados y que coincide en contenido con la llamada "Ley Malena", iniciativa presentada este martes 31 de enero en la Ciudad de México por la diputada local morenista Marcela Fuentes, que busca condenas de entre 8 y 12 años de prisión para los agresores. La Ley Malena busca además que estos ataques sean tipificados como tentativa de feminicidio en casos de daño severo.
A pesar de estas medidas y gestos, sólo en siete estados de la República se ha tipificado este tipo de agresiones como delito, con penas de hasta 15 años de prisión (a saber: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí). El hartazgo ante la impunidad expresado en la demanda de juicio y castigo para los responsables, sin embargo, no viene acompañado de medidas que atiendan las causas de la violencia o contribuyan a mejorar las condiciones materiales de las mujeres.
Mientras que organismos como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señalan que la violencia con la que se asesina a las mujeres se ha recrudecido, el Instituto Nacional de las Mujeres señaló la dificultad de determinar la saña en los feminicidios, pues en todo caso se trata de la búsqueda de la aniquilación, sufrimiento y exhibición. Hay coincidencia, sin embargo, en la alarma ante el aumento de agresiones con sustancias corrosivas e inflamables como un mecanismo de control, venganza y castigo contra las mujeres.
"Violencia ácida", responsabilidad estatal
Tal y como indica el hecho de que más de la mitad de las agresiones contaran con antecedentes de violencia doméstica, es la omisión del aparato estatal la responsable de los feminicidios y de la impunidad que prevalece en estos crímenes.
Activistas denuncian que un feminicidio está rodeado de violencia económica, así como de violencia institucional que opera sistemáticamente en detrimento de los derechos de las mujeres y las expone a condiciones de precariedad y vulnerabilidad que son factores determinantes en el ciclo de violencia feminicida.
"La mayoría de los feminicidios se pudo haber evitado", señala Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, citada por Animal Político en una nota de julio de 2022 al respecto, "pueden cambiarse protocolos de investigación, hacerse estudios, pero si no hay voluntad no va a haber cambios", señaló.
La resolución —actualmente en pausa— en el caso de María Elena Ríos que permite a su agresor, el ex diputado priista Juan Antonio Vera, cumplir su condena en su domicilio es un ejemplo de los mensajes de impunidad que lanza este sistema a través de sus Tribunales y jueces. Retrata también de cuerpo entero a un sistema que favorece sus relaciones de poder y complicidad sobre las vidas de las mujeres, así como la imperiosa necesidad de organizarse de manera independiente del Estado y sus instituciones para enfrentar la violencia profunda e integralmente.
