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Red Internacional
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Derechos reproductivos. Violencia obstétrica en el ISSSTE: otra expresión de la violencia patriarcal

Tras casos de violencia obstétrica y violación a derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 3 recomendaciones al director general del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los trabajadores del Estado (ISSSTE). Un gesto de cinismo.

Lunes 23 de octubre de 2017

Mujeres denunciaron que recibieron una inadecuada atención médica, en Hospitales de ISSSTE, en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”, ubicado en el oriente la Ciudad de México; en el Hospital Regional “Manuel Cárdenas de la Vega”, en Culiacán, Sinaloa, y en el Hospital General de Querétaro por lo que la CNDH le emitió las recomendaciones 43/2017, 45/2017 y 46/2017, al director general de esta institución José Reyes Baeza Terrazas.

Las recomendaciones consisten en declaraciones que “piden” a las instituciones el respeto a los derechos humanos a la protección a la salud, a la vida y a la información en materia de salud. En realidad, se trata de que el gobierno –claramente posicionado contra los derechos de las mujeres– mejore su imagen, ya que la institución apercibida no está obligada a llevar a cabo las acciones recomendadas.

Ciudad de México

El primer caso fue en marzo del 2016 en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” donde una mujer de 34 años con diabetes mellitus perdió el producto de gestación por una indebida práctica del procedimiento de anticoncepción Tubaria Bilateral (salpingoclasia) del cual no se le informó y un déficit en atención médica.

Por lo que se vio vulnerados los derechos humanos de la mujer a la protección a la salud, a la libertad y autonomía reproductiva; a elegir el número y espaciamiento de los hijos, y a una vida libre de violencia obstétrica, ya que el personal médico no tomó en cuenta el embarazo de alto riesgo de la paciente, la diabetes, la obesidad, ni el hecho de que cursaba trabajo de parto en fase latente.

Sinaloa

Otro caso se dio en el Hospital Regional “Manuel Cárdenas de la Vega”, en Culiacán, en junio de 2016 donde una muer de 28 años con 33 semanas de gestación, que llego presentando vómitos, pies hinchados y adormecimiento. Se le diagnosticó un problema digestivo con la prescribió la aplicación de Ketorolaco y fue enviada a casa.

Sin embargo, los síntomas se intensificaron y tuvo que volver al hospital donde se le pidió a la familia comprar Paracetamol líquido el cual fue aplicado sin una valoración médica. Al continuar con los síntomas se le aplico Dipirona, Bonadoxina y Ondansetron. Al presentar convulsiones fue al quirófano donde se le realizó una cesárea y fue trasladada a terapia intensiva donde se le diagnosticó un derrame cerebral que le quitó la vida.

Ante esto la CNDH considera que “no existió vigilancia ni valoración del estado de la víctima, tampoco toma de signos vitales de manera periódica, ni solicitud de exámenes de laboratorio para detectar oportunamente la preclamsia e hipertensión que padecía, lo que permitió confirmar la falta de atención adecuada a la paciente, situación que propició su deterioro crítico del estado de salud y posterior fallecimiento.”

Querétaro

El tercer caso se presentó en el Hospital General de Querétaro en octubre del 2015. A una mujer con 39.4 semanas de gestación, en fase latente de trabajo de parto, se le indujo el parto con Oxitocina. Aunque presentaba pérdida de líquido amniótico, y se inició la conducción del trabajo de parto, la mujer permaneció sin vigilancia médica durante aproximadamente cuatro horas.

Sin embargo, dos horas después se dejó de escuchar el latido del feto. Ante esto solicitó apoyo del médico que le realizo una cesárea urgente. Dado que el nosocomio no contaba con anestesiólogo, fue trasladada en ambulancia al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, donde fue internada y se le notificó la pérdida del producto de la gestación.

Se recomienda al ISSSTE reparar el daño

La CNDH recomienda al director general del ISSSTE reparar el daño a las mujeres sobrevivientes y a los familiares de la mujer fallecida, que deberá incluir indemnización o compensación y otorgar atención médica, psicológica y tanatológica con oportunidad, calidad y calidez a las víctimas y familiares.

También recomendó hacer cursos sobre los derechos a la protección de la salud, con especial énfasis en atención del embarazo, parto y puerperio; de las mujeres a una vida libre de violencia; a la vida en el ámbito de la protección de la salud materna; “para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”, y actualización para el tratamiento de la diabetes en el embarazo.

Violencia obstétrica

Como explicamos en esta nota, “la violencia obstétrica consiste en el trato deshumanizado ejercido hacia las mujeres embarazadas y sus bebés en las instituciones de salud. El personal médico abusa de su situación de poder sobre la mujer en estado de suma vulnerabilidad y avasalla un proceso natural y biológico patologizándolo. De esta manera cercena el derecho a las mujeres a vivir un parto respetado.”

Este problema está cruzado por los recortes de presupuesto al sector salud, así como la brutal carga de trabajo que pesa sobre el personal de enfermería y médico, sumados al avance de la privatización de algunos servicios del sector.

No hay cifras sistematizadas sobre la violencia obstétrica en México. Sin embargo, según el boletín 2575 de la cámara de diputados, el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la práctica de cesárea sin prescripción médica. Son más de 6,800 por día las mujeres a las que les practican cesáreas. El mismo documento da a conocer que en los últimos doce años ha habido aumentaron un 50.3% las cesáreas, 33.7% en el sector público y 60.4% en el privado.

A su vez, según datos del tercer trimestre de 2016 de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas en los Hogares, el Estado de México, Tlaxacala, Ciudad de México, Morelos y Querétaro tienen la mayor proporción de casos registrado de violencia obstétrica.

Este tipo de violencia es una de las expresiones de la violencia patriarcal. Para combatirla, es fundamental poner en pie un amplio movimiento de mujeres, independiente de los empresarios y sus partidos, aliado a las trabajadoras y los trabajadores del sector que luchen contra la privatización de la salud y el recorte de presupuesto. Un movimiento que pelee por nuestros derechos en las calles.