El asesinato del joven Joaquín Paredes en Paso Viejo reabrió la crisis por la política de violencia e impunidad policial en Córdoba. La respuesta del Gobierno provincial es que se estaría trabajando en un nuevo protocolo.
Paula Schaller Licenciada en Historia
Martes 27 de octubre de 2020 11:43
El asesinato del joven Joaquín Paredes en Cruz del Eje reabrió la crisis por la política de violencia e impunidad policial del Gobierno provincial. Una política sostenida durante más de 20 años por el peronismo local y que en la actualidad llevó a que en lo que va de la cuarentena, al menos 8 jóvenes fueran asesinados o murieran en contextos de violencia policial.
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En este marco, el Gobierno de Schiaretti, que ya venía duramente golpeado por el descontento abierto a partir del asesinato de Blas Correas, vuelve a verse cuestionado en su política de seguridad. Otra vez la policía asesinando a un pibe, inventando la falsa versión de un supuesto "enfrentamiento" que nunca existió. El mismo modus operandis que se repite caso tras caso y por el que decenas de familias de víctimas del gatillo fácil vienen hace años exigiendo justicia.
A Joaquín Paredes lo mató la Policía • Tenía quince años, era estudiante y peón rural: lo fusilaron por la espalda cuando estaba con sus amigos en una plaza. #JusticiaPorJoaquín #JoaquínParedes https://t.co/Bl2lzQyCJS pic.twitter.com/Wj4scC01FD
— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) October 28, 2020
En un acto de cinismo sin límites, el ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, declaró que "hay que hacer una profunda autocrítica" y anunció que el Gobierno presentará un nuevo protocolo de intervención policial. Es claro que se busca cerrar los cuestionamientos promoviendo algunas reformas cosméticas que no modificarán de fondo la violencia policial, un problema sistémico.
El mismo papá de Blas Correas lo interpretó así en los medios “Que ayer detengan a cinco policías, en el caso de mi hijo hay 13 policías detenidos, estamos hablando de que realmente este no es un problema de una persona, sino estructural. Va más allá de la Policía, es de Gobierno”. Sobre el nuevo protocolo planteó “Creo que presentar un protocolo en este momento es tratar de paliar un problema gravísimo". Dejando muy en claro las responsabilidades políticas y la raíz estructural del violento accionar policial.
El intento de cerrar los cuestionamientos promoviendo nuevos códigos o protocolos de actuación no es nuevo. Recordemos que ya hubo un gran operativo estatal para vender la idea de una "policía reformada": el Código de Convivencia que entró en vigencia a inicios de 2016 en reemplazo del cuestionado Código de Faltas. En aquel entonces, se cambiaron algunas figuras legales para limitar las competencias del accionar de la fuerza de seguridad en los controles callejeros, lo que no nadie podría negar es que claramente no evitó la persistencia de la violencia policial.
Recordemos que el apoyo de todo el arco del progresismo local (empezando por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos) implicó una gran legitimación de esta política, que sólo sirvió para sembrar falsas ilusiones en una reforma policial y desalentar la masividad y potencialidad del mayor movimiento popular antirrepresivo del país, como lo fueron las distintas "Marchas de la Gorra" en Córdoba.
El último caso de intento de reforma cosmética fue el cambio de protocolo realizado tras el asesinato a Franco Amaya en un control policial en Carlos Paz. En aquel entonces, se reglamentó un Protocolo de Control Vehicular Policial Urbano que estableció que los efectivos no podrían disparar a los conductores fugitivos para detener a quienes burlen los puestos de control, sino que deberían avisar a otros móviles y montar un operativo cerrojo. ¿El resultado de este protocolo? Decenas de jóvenes asesinados en controles policiales, entre ellos Lautaro Guzmán y Agustín Barrios en agosto pasado mientras eran perseguidos por la policía en Jesús María, y el propio Blas Correa, asesinado en circunstancias casi idénticas a las de Franco Amaya.
Pistolas taser en manos de una policía asesina
Según trascendió, el nuevo "Protocolo de Actuación Policial para el Uso Legal y Racional de la Fuerza en la Provincia de Córdoba" que el Gobierno presentará en estos días, implicará el uso de nuevo material de capacitación en las escuelas de la Policía, el reentrenamiento de los efectivos en actividad, la disminución de la portación de armas de fuego por parte de los policías fuera de su horario de trabajo y, como punto central, la incorporación del uso de las armas llamadas de "letalidad reducida", más conocidas como pistolas taser.
El uso de las taser viene siendo un debate nacional y es reclamado tanto por oficialistas como opositores. Sergio Berni, Sergio Massa y Patricia Bullrich coincidieron en pedir que sean implementadas, y Rodríguez Larreta ya encargó la compra de una dotación.
Recientemente se conoció que el Gobierno de Perotti en Santa Fe, también equipará a su policía con taser, todo en el marco de una política de reforzamiento del aparato represivo provincial que incluye operativos de saturación en los barrios más pobres y millones de pesos en inversiones para la Policía.
Quienes defienden el uso de taser sostienen que son "armas de letalidad reducida", pero lo cierto es que pueden causar la muerte. Un informe publicado por Amnesty International señala que 334 personas perdieron la vida entre 2000 y 2007 por su uso. En este sentido, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha definido el uso de las pistolas taser como una forma de tortura, cuestionando su uso como armas de tortura que no dejan huella.
¿Se imaginan lo que serían armas de tortura que no dejan huellas en manos de la policía asesina de la provincia de Córdoba? Toda un arma de control social usada contra la juventud de las barriadas más humildes, donde más se sufre el desempleo, la pobreza y la precariedad habitacional.
Es claro que la violencia policial es sistémica y hunde sus raíces en una política de control social aplicada por distintos los gobiernos. Estas políticas se recrudecen en momentos de crisis social, donde el Estado afila sus armas represivas contra todos quienes busquen enfrentar sus políticas de hambre y miseria. Es por eso que no se puede confiar en ninguna reforma cosmética.
La perspectiva sigue siendo potenciar la lucha en las calles, como hicieron en Estados Unidos con masivas movilizaciones que abrieron un cuestionamiento profundo a la violencia policial racista, que incluso llevó a que en algunos sectores se pusiera en cuestión la propia existencia de la institución policial con la consigna de "abolición de la policía."
