Reproducimos en castellano la nota publicada en el diario Le Monde de Francia este jueves 13 de noviembre de Emmanuel Barot (Profesor de filosofía en la universidad de Toulouse-Jean Jaurès), Aurélien Berlan (Miembro de la coordinación del 25 de octubre) y Christophe Goby ( activista condenado en Nonnette por sus acciones contra el uso de transgénicos en la agricultura) sobre el asesinato en manos de la gendarmería del joven activista Rémi Fraisse.
Martes 18 de noviembre de 2014
Fuente: Altea te quiero verde
En la noche del 25 al 26 de octubre, un hombre cae en Sivens. Durante una semana, poco a poco, la verdad se va destapando en un striptease macabro: Las autoridades terminan reconociendo que a Rémi lo mató una granada de la gendarmería, aunque los opositores a la construcción de la presa lo afirmaban desde el 27 de octubre.
Ahora, comprendemos mejor por qué tardaron dos días en presentar sus condolencias: había algo más urgente, hacía falta ganar tiempo para controlar la cólera e intentar sofocar el escándalo. Porque, como lo acaba de probar Le Monde el 13 de noviembre, las fuerzas del orden y las autoridades supieron inmediatamente qué es lo que había pasado.
Durante los días siguientes el Estado ha mentido descaradamente. Y todavía falta deschavar algunas mentiras. ¿Qué justifica, el sábado 25 en Testet; la movilización de 250 policías y gendarmes, equipados con armas de guerra, cuando no había ni máquinas ni obreros que proteger? Una primera respuesta ha sido aportada por un funcionario de la policía: Se trataba de “proteger” a los manifestantes pacíficos. Pero ¿Cómo las fuerzas del orden habrían podido proteger a quienquiera que sea en una concentración que se desarrollaba a 1’7Km de la zona, rodeada de alambradas y de fosas, en la que la policía se había instalado?
¿Y si este peligro existía verdaderamente? ¿Dónde se había visto antes a los “black blocs” atacando a otra cosa que no fueran bancos, vidrios o mobiliario urbano? ¿Por qué las fuerzas del orden abandonaron el lugar tres horas después de su crimen, sin volver allí nunca más? Y ¿Por qué se quedaron tres más ? El ministro del interior propuso otra respuesta: Hacía falta “evitar que los manifestantes pusieran trampas en el terreno”. Pero aún así todas las preguntas precedentes siguen sin contestarse, ya que los policías de civil que recorrían el sitio todo el fin de semana no habrían tenido ningún inconveniente en localizar las hipotéticas “trampas”.
La respuesta es por tanto simple, la encontramos también en el comunicado de la coordinación de los opositores a la represa del 27 de octubre: “Cuando todas las mentiras y los conflictos de intereses denunciados por los opositores desde hace meses han sido confirmados por las investigaciones de los periodistas y el informe de los expertos ministeriales (…), el presidente del consejo general y el prefecto de Tarn, no tienen ningún argumento a favor de la construcción de la represa salvo recalcar la pretendida violencia de los opositores. Ellos necesitaban la violencia el sábado. Ellos la provocaron. Y le costó la vida a Rémi.”
La Trampa
Las autoridades optado por la estrategia de la tensión y han caído en su propia trampa. Desde entonces esquivan las preguntas molestas e intentan sofocar el movimiento social que se esboza en respuesta a este asesinato: algunas manifestaciones fueron prohibidas, varios manifestantes fueron arestados preventivamente, la facultad de Rennes fue cerrada para impedir una asamblea general… -decisiones que ponen en tela de juicio el derecho de reunión y manifestación. Y por supuesto, los abusos policiales continúan- ¿Cómo podría ser de otro modo, si el primer ministro les ha dado carta blanca a las fuerzas del orden declarando que no tolerará el cuestionamiento a sus agentes?
Al mismo tiempo se desarrolla una operación mediático-policial hora bien aceitada: poner de manifiesto la “violencia” de los “alborotadores”. Frente al escándalo, el Estado local y el Estado nacional se pasan la pelota. Mientras que Ségolène Royal (quien había esperado que la obra de la represa esté bien avanzada para para revelar las conclusiones del informe de los expertos) afirmaba el 27 de octubre que era el consejo general de Tarn quien tenía que decidir sobre el proseguimiento de las obras, este mismo consejo se encomendaba al Estado central el 31 de octubre. Mientras que el ministro del interior, Bernard Cazeneuve, explicaba el 31 de octubre haber dado “instrucciones de prudencia” y devolvía la responsabilidad de la inútil presencia policial sobre las espaldas del prefecto, éste último afirmaba a La Dépêche du Midi no haber “dado ninguna consigna de severidad a las fuerzas del orden”- afirmación contradicha por el comandante de los gendarmes móviles, que declaraba justo después del crimen: el prefecto “nos había pedido que demostremos una extrema firmeza respecto a los opositores” (Le Monde el 13 de noviembre). Entonces ¿quién miente?
Todos, por supuesto, aunque en diferentes grados. Nadie creerá que el prefecto ha dado la consigna de “extrema firmeza” sin el acuerdo de Bernard Cazeneuve y del primer ministro Valls, uno de los que encarna la línea política autoritaria. En realidad, las violencias y las mentiras del Estado nacional son la continuidad de las mentiras del Estado local desde el comienzo de los acontecimientos en Sivens: investigación de utilidad pública ocultada, cifras trucadas, opiniones contradictorias ignoradas, aumento de las violencias policiales. Esta espiral estatal de violencias y de mentiras no tiene nada de incongruente: es solamente a este precio, hoy, que podemos esperar ganar algunas décimas de puntos del PBI.
El crecimiento económico está a media asta, hay que intentar “producir artificialmente gracias al dinero público”, como lo denunciaban en Sivens los opositores, en su llamado a una “gran manifestación” el 25 de octubre. Es decir, hay que decidirse a explotar más duramente a los hombres y a la naturaleza. Ahora bien, ¿cómo esperar conseguir estos objetivos capitalistas sin el apoyo armado de las fuerzas del orden? Podemos encontrar el modelo a seguir en los EE.UU del LAPD (Los Angeles Police Department) y del gas de lutita. Más allá del indispensable procesamiento de los gendarmes, de las autoridades locales y de los miembros del gobierno implicados en este escándalo, la primera lección a sacar es la de desarmar las fuerzas del orden: prohibir el uso de armas de guerra contra los jóvenes de los barrios populares y contra los manifestantes, pero también de esas armas “de letalidad reducida” que no cesan de mutilar.
Salir a la calle para protestar, es correr el riesgo de perder un ojo. Reunirse en la calle de un barrio popular puede conducirte derecho al cementerio. Todo esto aterroriza, y la policía sirve para esto: hacer que la población se tire en los brazos de un Estado que, a falta de poder producir consensos por el crecimiento económico y el pleno empleo, no busca más que enfrentar a los sectores populares unos contra las otros.
