Desde la mañana de este martes, varias zonas de Caracas, centralmente de barrios pobres, fueron impactadas por un fuerte despliegue militar para enfrentar lo que llaman “la inseguridad”.
Milton D’León Caracas / @MiltonDLeon
Miércoles 11 de mayo de 2016
Desde la mañana de este martes, varias zonas de Caracas, centralmente de barrios pobres, fueron impactadas por un fuerte despliegue militar en lo que fue considerado una nueva etapa en la Operación Liberación del Pueblo (OLP), un plan del Estado que recurre al uso exclusivo de la violencia para enfrentar lo que llaman “la inseguridad”. Los barrios de El Cementerio, El Valle, Coche y la Cota 905 estaban prácticamente militarizados durante buena parte del día.
Y como si fuese una guerra convencional, al final de la tarde, el ministro del Interior y Justicia, el General Gustavo González López, ya tenía el “parte de guerra”: seis muertos, 1.131 detenidos, además de armas incautadas. Así, como en cualquier guerra tradicional miden el “éxito” por el número de muertos, encarcelados, armas recuperadas, etc. Y lo llamativo de siempre, nunca una persona herida, lo que sustenta siempre lo que organismos de derechos humanos denuncian, el ajusticiamiento.
Militarización en los barrios pobres
No es un secreto para nadie que el gobierno de Maduro viene incrementando un fuerte plan represivo, que tiene como foco la militarización de los barrios pobres, los grandes operativos militares donde la población es aterrorizada con el despliegue militar y abusos de todo tipo, y hasta imponiendo reales toques de queda en los mismos, todo para lo que el gobierno llama “combatir la inseguridad”. Para ello se ha recreado la OLP, que es un plan represivo que se asienta en las barriadas populares y pobres, y por tanto, parte de entrada de la criminalización de los pobres, los siempre sospechosos de todo.
Y el proceso de militarización de los barrios pobres ya tuvo su inicio, así Maduro anunciaba por la noche de este martes que: “Estamos estableciendo cinco bases especiales de operación permanente allí adentro de la comunidad”, tratándose de “unidades especiales para dejar la fuerza allí, donde va a haber fuerza policial y militar con capacidad operativa permanente”. Indicando además que “se están estableciendo 136 puntos de control en los sectores de El Cementerio, Los Rosales, La Bandera, El Valle y Coche”, lugares de alta concentración popular y de barrios pobres.
Para darse apoyo a toda esta política se lanza todo un despliegue mediático que busca reforzar la política gubernamental del uso total de la violencia y la criminalización de los pobres, con lo que coinciden también los partidos de la oposición derechista. Así, día a día los medios arrojan números, imágenes, titulares que demandan mayor reforzamiento de los aparatos represivos, y mayor presencia policial en las calles y los barrios. Así, vemos cómo en las principales ciudades del país se hace toda una demostración ostentosa del aparato represivo.
El gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipales de todos los colores políticos gastan millones en el reforzamiento de este aparto que responde a la lógica de un gran movimiento reaccionario del que se han hecho eco todos los partidos políticos patronales pidiendo por una “seguridad”, que implica de fondo la penalización de la miseria , pues es hacia las mayorías más pobres hacia donde dirigen sus miradas y sobre quienes terminan por imponer un verdadero control social a través del sistema represivo del Estado.
El verdadero origen de la inseguridad
Más policías y mayor control social, en esto coinciden plenamente desde el gobierno nacional hasta la oposición de derecha. El bombardeo es tan grande que convencen a sectores del pueblo de que realmente esta es la salida, donde los pedidos por mayor seguridad tiñen de manera reaccionaria el clima social recayendo sobre los más desfavorecidos. De esta manera, todos estos sectores que piden aumentar el aparato represivo del Estado y el control social, lo que ocultan es el verdadero origen de la inseguridad: la enorme desigualdad social y la miseria generada por este sistema capitalista de explotación y opresión del que el chavismo jamás superó por más que se llenara la boca de “socialismo”.
Los partidos de la oposición siempre empiezan culpando a los pobres por las aberraciones que este régimen social de explotación genera, y el gobierno que tanto se llena la boca en defensa de los pobres y de “socialismo” se hace eco respondiendo con el mismo programa represivo de esta derecha. Cuando la falta de trabajo, el hambre, las terribles condiciones de vida que padece el pueblo pobre, la marginalidad, su propia inseguridad, son todos flagelos que se originan en este sistema.
Es este sistema putrefacto, de grosera concentración de las riquezas en un polo ultra minoritario de la población y grandes necesidades en el otro extremo, el causante del robo y el “delito” en los sectores más pobres, que son empujados cada vez más a la miseria y el hambre, donde robar, por ejemplo, más que una opción, se transforma en una necesidad. Por eso es una completa hipocresía la condena de las clases dominantes a una criminalidad que se encuentra enraizada en lo más profundo de este régimen social, basado en el robo “legal” del trabajo ajeno por parte de los capitalistas, y que persistirá inevitablemente mientras éste no sea suprimido.
Justamente los verdaderos delincuentes y responsables de la inseguridad son los que día a día nos roban nuestros derechos sociales y laborales, nuestras conquistas y libertades, en fin nuestro futuro, ellos son los responsables de la marginación de miles de personas.
Inseguridades de las que nadie habla
Pero hay inseguridades perpetradas por este sistema de explotación capitalista, de las que nadie habla. Además de la inseguridad que sufren los pobres, en su mayoría jóvenes a manos de la policía y la guardia nacional, está la inseguridad de los millones que viven en los barrios, en las peores condiciones de pobreza, y que se les hace difícil cada vez más garantizarle un plato de comida a sus hijos; la total inseguridad frente a la amenaza constante de pérdida del empleo en los próximos meses, o de conseguir al menos matar un tigre para poder comer; la inseguridad de millones de no contar con los servicios básicos de agua potable o una vivienda digna, de electricidad.
También la inseguridad de millares de familias pobres de saber si sus hijos van a poder completar sus estudios; la inseguridad de millones al enfrentarse a una enfermedad curable que puede acabar con sus vidas ya que carecen de acceso a los servicios básicos de salud; la inseguridad de millares de campesinos frente a los sicarios y paramilitares financiados por terratenientes; la inseguridad de los trabajadores frente al sicariato patronal por luchar por sus derechos elementales; la inseguridad de obreros frente a la represión policial por pelear por salarios.
Basta de criminalizar a los pobres
Por eso es que hay que denunciar y repudiar el reclamo de fortalecimiento de la fuerza policial y de mayor control social, así como la política de militarizar los barrios pobres que cada vez es más extensiva. A la demanda de “control social” y más policías contra el pueblo pobre, es necesario oponer un programa para terminar con la miseria y degradación del pueblo trabajador.
Por eso hay que plantear que no haya más despidos, que se repartan las horas de trabajo entre todas y todos los trabajadores sin rebaja salarial, para acabar con el desempleo, y que, además, se ponga en pie un verdadero plan de obras públicas para la construcción de escuelas, hospitales y viviendas, que genere trabajo para miles de desocupadas y desocupados, bajo su control. ¡Que no se pague más la deuda externa y esos fondos se destinen para este plan, junto con los que provengan de cobrarles impuestos a las grandes fortunas de los empresarios y patronos! Avanzando con medidas así, podremos empezar a liquidar tanta degradación y miseria que hoy sufre el pueblo trabajador y pobre.
¡Basta de persecución policial a los jóvenes y los pobres! Hay que poner en pie un movimiento común por el desprocesamiento de los luchadores obreros y populares, por el juicio y castigo a los responsables de las ejecuciones policiales, el sicariato patronal, por la disolución de las fuerzas represivas y por la defensa de las libertades democráticas amenazadas por el movimiento de la oposición de derecha y del gobierno nacional.
