Entrevistamos a la perita forense que participó en la causa de Facundo Astudillo Castro el año pasado y también en los casos de Luciano Arruga, María de los Ángeles Paris, Franco Casco y Pichón Escobar.
Lautaro Pastorini @lautarillodetormes
Martes 26 de enero de 2021 15:42
Virginia Créimer es una perita forense experimentada en casos de violencia policial. Participó como perito de la familia en la causa de Facundo Astudillo Castro el año pasado y también participó por medio de un informe para evitar que al genocida Miguel Etchecolatz le dieran la domiciliaria en 2018. Además en los casos de Luciano Arruga, María de los Ángeles Paris, Franco Casco y Pichon Escobar.
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Hace unos meses, la médica de La Plata, comenzó a participar del emblemático caso de Bocacha Orellano, convocada por el abogado Salvador Vera. El joven trabajador metalúrgico había salido a bailar con amigos y su cuerpo fue encontrado en el Río Paraná, dos días después de haber asistido al boliche Ming de la ciudad de Rosario, hecho por el cual cuatro policías fueron imputados por incumplimientos y falsedades, quedando uno de ellos detenido.
Irregularidades en el Instituto Médico Legal, palos en la rueda por parte del juez para impedir que se desarrollen las pericias de parte, y complicidad. La perita forense nos cuenta cómo actúa la justicia ante los casos de violencia policial sobre la juventud.
¿Qué opinás sobre el procedimiento pericial-judicial de conjunto en el caso de la muerte de Bocacha?
Desde el primer día en que se me convocó junto a mi equipo de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses a Rosario a intervenir en el caso de Bocacha, todo fue sorprendentemente aterrador. Empezaron por negarnos el ingreso completo del equipo que yo llevaba como perito de parte, profesionales que ya habían sido presentadas ante el fiscal por el abogado de la familia Dr. Salvador Vera y que el mismo fiscal había aceptado oportunamente. Pero que, sin perjuicio de ello, momentos antes de empezar la operación de autopsia, por razones inimaginables, descartó la participación de mi equipo. Esto motivó que nos trasladáramos junto a la familia a tribunales dónde, en un maratón vergonzoso de complicidades tanto la fiscalía como el IML se acercaban a hablar con el abogado del boliche Ming, sentado como el padrino a un costado de la sala, como para pedir permiso de lo que debían decir.
Después de toda esa mascarada el juez cedió a que mi equipo interviniera (cómo lo hace siempre, cómo lo hizo en casos resonantes para Rosario como el de Franco Casco, María de los Ángeles Paris, Medina- Campos y muchos más), pero en un acto nunca visto en mis décadas de experiencia, aclaró su señoría que yo como médica legista de parte no podía tocar el cuerpo.
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¿Qué pienso del poder judicial-policial-pericial de Rosario? Que necesitan una urgente capacitación en derechos humanos o un apartamiento de las causas en las que actúan las fuerzas de seguridad.
¿Qué opinás específicamente de lo realizado por el Instituto Médico Legal de Rosario?
En relación con el IML, cómo he podido plasmar en numerosas entrevistas e informes, resulta alarmante la liviandad con la cual se toman los casos de violencia institucional. Actúan siempre los mismos peritos y encuentran siempre la misma cantidad de evidencias: cero.
Claramente luego de la intervención de la Cámara de Diputados en la causa de Bocacha, lo menos que se esperaría es una intervención del mismo. Las personas llegan apaleadas, estranguladas, fracturadas después de las intervenciones policiales y en el IML solo encuentran que se les paró el corazón.
Pensando en otros casos de violencia estatal, como los de Luciano Arruga, Franco Casco o Facundo Astudillo Castro, que se dieron bajo distintos gobiernos (peronistas, del Partido Socialista, etc.) ¿Qué similitudes ves con lo que pasó con Bocacha?
Que interesante pregunta. Si no entendemos que en distintas provincias de nuestro país se despliega un poder represor que permanece intacto, a través de las fuerzas de seguridad, vamos a seguir viendo aparecer muertos en el Paraná (Casco-Orellano), suicidados en parajes o cárceles bonaerenses (Astudillo Castro, Cruz, Rosales), autotorturados hasta la muerte en el Chaco (Ponce de León) y accidentes fatales con ribetes mágicos que la ciencia no puede sostener en Santiago del Estero (Isorni). Las fuerzas de seguridad se autocomandan cuando existen gobiernos complacientes o que no se preocupan por las violencias intestinas del estado.
¿Qué opinás sobre el aumento del control social con la pandemia y sus consecuencias? ¿Qué análisis hacés del recrudecimiento de la violencia policial hacia la juventud, especialmente pobre, y los sectores populares en general?
El aumento del control social durante la pandemia, desde el punto de vista médico y preventivo, es una medida que tomaron todos los países del mundo. Yo misma he estado este año haciendo guardias COVID para colaborar con un sistema de salud que había quedado diezmado por el último gobierno, con el fin de apuntalarlo y ponerlo fuerte para dar respuestas oportunas y de calidad a toda la gente. El ASPO fue una medida de origen científico desplegada como política de salud. El problema pasa por no tener fuerzas de seguridad que respeten las normas. Parar a Facundo Astudillo Castro implicaba mandarlo de vuelta a su casa, no dejarlo pasar, no golpearlo, no desaparecerlo, no asesinarlo.
Y lamentablemente el caso de Facundo, el de Bocacha y el de un montón de pibes y pibas del país desaparecidos, golpeados y asesinades son el reflejo de una falla en la constitución de una política que esté de la mano con la sanitaria, con personal preparado para proteger y no para reprimir a la sociedad.
Hace poco un periodista amigo me preguntaba algo similar sobre el ataque a las poblaciones más vulnerables y desprotegidas y frente a mi respuesta de que siempre son quienes más sufren en estas circunstancias, replicaba que eso no era una respuesta, como si yo estuviera esgrimiendo un pretexto. Siempre las poblaciones vulnerables son las más castigadas y no es un pretexto, es una realidad que nos subsume en la crueldad de un sistema hecho para que el pobre sea más pobre y el rico sea más rico. Esta desigualdad se perpetua a través de "vigilar y castigar" y claramente no es algo que haya descubierto yo. Pensemos entonces en la posibilidad cierta de gobiernos que no se dejen tentar por la salida fácil del "dejar hacer, dejara pasar" y tronemos desde cada lugar, trabajo, hogar o calle nuestras fuerzas. Esto que no implica a mi criterio responder violencia con violencia, implica saber cuando detener un sistema desigual para que se entienda que la vida de todes tiene el mismo valor. Para que eso sea una verdad real debemos modificar desde las entrañas las mismas las manos del estado, para que protejan en lugar de asesinar.