El déficit habitacional es uno de los grandes problemas estructurales que padecen 16 millones de argentinos (el 35 % de la población). La “herencia K” que se profundiza con el gobierno de Cambiemos.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Celeste Vazquez @celvazquez1
Miércoles 12 de octubre de 2016 11:44
Los 12 años de gobiernos kirchneristas dejaron un déficit habitacional de más de 3,5 millones de viviendas, alcanzando así a 14 millones de personas. Este déficit está definido como el conjunto de las necesidades insatisfechas de la población en materia habitacional, lo que abarca desde el extremo de la carencia total de vivienda, pasando por condiciones inadecuadas de habitabilidad (como el hacinamiento, precariedad de las viviendas) hasta la carencia de servicios básicos.
En el 2010 el censo nacional arrojó un déficit de 3,5millones de viviendas. Un estudio de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI) estima que este déficit se incrementa a un ritmo de 36 mil viviendas por año, aproximadamente, teniendo en cuenta las variables de crecimiento poblacional y pobreza. Según esta proyección, el déficit ascendería a más de 3,7 millones.
La “revolución de la alegría” para unos pocos
Desde que asumió el gobierno de Macri han empeorado las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras.
Los índices dados a conocer primero por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego, en forma oficial, por el INDEC, son más que elocuentes: el 32,2 % de los argentinos es pobre y el 6,3% indigente. Ya la UCA había advertido que en lo que va de la gestión de Cambiemos hay un 1.4 millón más de pobres. A esto hay que sumarle el índice del 9,3% de desocupación, los tarifazos, la inflación y los sueldos de miseria.
En este marco no es difícil imaginar que esta proyección sea mayor, ya que sin duda quienes primero sufren problemas habitacionales son aquellos con trabajos más precarios, en negro, con bajo salarios o sin trabajo directamente, que solo cuentan con planes sociales. Son los sectores a los que “la década ganada” kirchnerista, nunca les llegó a pesar del discurso de CFK.
Esa franja de la población, que ahora con el macrismo se ensanchó, vive padecimientos impensados para muchos: familias con varios hijos que viven hacinadas en piezas de pensiones o inquilinatos, debiendo compartir un baño entre varias familias. O directamente son arrojados a vivir en asentamientos o villas, sin servicios esenciales.
En el último escalón están los trabajadores inmigrantes, que emigrados de sus países de origen en busca de un trabajo que les permita a ellos y sus familias vivir un poco mejor, terminan habitando esos asentamientos o peor aún: vienen engañados por patrones sin escrúpulos, que los obligan a trabajar por la comida y el techo y les sustraen los documentos. Se convierten así en los “esclavos modernos”, como es el caso de los trabajadores de talleres clandestinos de ropa. Ellos no pueden acceder ni siquiera al “beneficio” de alquilar una pieza de hotel, que hoy cuesta, como piso $3.800/$4.000.
Todo esto sucede mientras el Gobierno nacional realizó una fenomenal transferencia de recursos a las grandes patronales: a las exportadoras vía la devaluación y a las agrarias sumándoles la baja en las retenciones.
Procrear: vivienda para pocos
El gobierno, en la voz del Ministro Rogelio Frigerio, admitió que hay 12 millones de personas con algún tipo de déficit habitacional y anunció que planean construir 1,5 millón de viviendas en los próximos 4 años. Es decir, que cuando termine su mandato, siempre y cuando cumplan sus promesas, a un promedio de 4 personas por vivienda, el problema habitacional tendría solución solo para el 50% de la población que lo padece.
Uno de sus caballitos de batalla es el nuevo Plan Procrear que lanzó en julio de este año. Frigerio indicó que el plan busca “apuntar a que este aporte vaya a quienes más lo necesitan: sectores de menores recursos, madres solteras y familias muy numerosas". Sin embargo, los requisitos para acceder a este plan muestran lo contrario.
En primer lugar, pueden acceder quienes trabajan en blanco y cobran entre $14 mil y $28 mil. Criterio bastante restrictivo en un país en el que los índices de trabajo en negro superan el 34 % (4,5 millones de personas), el salario mínimo vital y móvil es de $8.060 y hay un 10 % de desocupación.
En segundo lugar, aquellas familias que logren juntar dos salarios mínimos para poder acceder al plan, deberán destinar más del 30 % de ambos salarios a pagar la cuota durante 20 años.
Por último, de más de 100 mil familias anotadas en la primera tanda, solo habrá cupo para 25 mil.
El derecho a una vivienda digna
Esa es la situación habitacional de una inmensa mayoría de nuestro país: el pueblo pobre, un amplio sector de la clase trabajadora y sectores medios empobrecidos que, debiendo alquilar una vivienda, tienen que destinar más de un 40% de su salario para tal fin. Situación que el kirchnerismo en más de una década no modificó.
El discurso demagógico del gobierno nacional no engaña.
¿Qué se puede esperar de quien fuera jefe de gobierno de la ciudad por 8 años y no llevó adelante ninguna medida en beneficio de quienes mas lo necesitan en materia habitacional? No construyó ni las escuelas, ni jardines maternales necesarios; no urbanizó las villas a pesar de anunciarlo una y otra vez; en cambio remata espacios públicos al mejor postor.
Hoy, producto del alto nivel especulativo del negocio inmobiliario, el metro cuadrado cotiza en la Ciudad de Bs As a casi 2 mil dólares. Con un salario promedio de $ 13.500, se necesitan 11 años de trabajo (sin gastar en nada más) para comprar un departamento de 60 mts2
Este fenómeno no es privativo de Argentina, sino del sistema capitalista mundial que origina, entre otras cosas, el llamado proceso de gentrificación, expulsando a los sectores populares de los centros urbanos y encareciendo cada vez más el valor de la tierra.
Por esta razón, para garantizar un plan de viviendas dignas para todos, es necesario una reforma urbana que expropie, sin pago, en primer lugar las construcciones ociosas, las tierras usurpadas por los desarrolladores privados, las propiedades hoy en manos de la Iglesia y las viviendas desocupadas que están en manos de las grandes fortunas. Son cientos de miles de hectáreas que podrían destinarse a la construcción de viviendas, con un plan urbanístico integral, créditos baratos para poder acceder a una vivienda digna, que no exceda el 20% de los salarios En ese camino se deben prohibir los desalojos de familias.
Este plan de construcción de viviendas debe estar unido a la construcción de nuevas escuelas y a mejorar la infraestructura del sistema de salud. Así como también al desarrollo de servicios básicos para la población.
