El martes 1 de enero en horas de la tarde en un mensaje a la nación el presidente Vizcarra, después de mantener una reunión del Consejo de Ministros, anunció que presentará un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público con lo cual busca la destitución del fiscal Chavarry.
Viernes 4 de enero de 2019 00:00
Foto: La República
El año que se acaba de ir dejó una nueva grieta entre las dos facciones burguesas peruanas. Por un lado el sector vinculado al fujimorismo y al APRA que tiene en el fiscal de la nación, Pedro Chavarry, a su expresión pública más relevante. Chavarry abrió una profunda crisis política y judicial al intentar destituir a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han venido llevando los casos de corrupción que involucran a Keiko Fujimori y a Alan García. Por otro lado se encuentra el sector encabezado por el presidente Martin Vizcarra -acompañado de los grandes medios de comunicación– que ha respondido al intento de destitución mediante la propuesta de declaratoria de emergencia del Ministerio Público que abre la posibilidad de la destitución de Chavarry.
Presionado por estos hechos, el fiscal de la nación ha dado un paso atrás en la destitución de los fiscales, lo cual refleja otro revés para el fujiaprismo y un paso adelante en el proceso de empoderamiento de Martin Vizcarra
Las motivaciones que llevaron a Chavarry a actuar contra los fiscales no son otras que la defensa abierta de Keiko y Alan García que fueron quienes a través de sus contactos en el Ministerio Público lo llevaron a ocupar el cargo que actualmente ostenta, los mismos que ahora se encuentran en serios problemas judiciales: Keiko esta presa y a Alan se le negó la condición de refugiado político, por tanto, podría sufrir en cualquier momento la suerte de su aliada Fujimori.
A Vizcarra lo que lo mueve en realidad es la necesidad de relegitimar su gobierno y el régimen político que, paradójicamente, es la herencia de Alberto Fujimori, para de esa manera tener la fuerza suficiente para arremeter contra los trabajadores como lo vienen haciendo el resto de presidentes de la derecha no asentada en el continente ya que, como condición de la crisis económica internacional abierta el 2008, ese es el mandato más importante de la burguesía imperialista.
Los hechos
El 31 de diciembre, a pocas horas del año nuevo, el fiscal de la nación Pedro Chavarry, a quien se le reconocen como ya dijimos fuertes vínculos con el partido de Keiko Fujimori y el APRA de Alan García, en conferencia de prensa anunció la no ratificación de dos fiscales del equipo especial del Caso Lava Jato, con este anuncio quedaban removidos de sus cargos los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes durante el año 2018 fueron los responsables de llevar adelante las investigaciones que se le sigue a Keiko Fujimori y su entorno por los aportes de Odebrech a su campaña presidencial del 2011.
El presidente Vizcarra, quien en ese momento se encontraba en Brasil a donde viajó para asistir a la asunción de mando de Jair Bolsonaro, no quiso perderse la oportunidad de aprovechar políticamente la indignación popular que existe contra la corrupción institucionalizada, por ello no tuvo mejor idea que interrumpir su viaje retornando al Perú. Lo que buscaba con este gesto político era potenciar su perfil anticorrupción que tan buenos réditos políticos le viene dando hasta ahora.
Ya el martes 1 de enero en horas de la tarde en un mensaje a la nación el presidente Vizcarra, después de mantener una reunión del Consejo de Ministros, anunció que presentará un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público con lo cual buscaba cuestionar la decisión del fiscal Chavarry y aprovechar, de esa manera, el descontento social que su decisión había provocado a nivel nacional y que venía siendo fuertemente azuzado por la gran prensa que hoy es una de las principales aliadas del gobierno.
El miércoles 02, después de la respuesta del ejecutivo, Pedro Chávarry dejó sin efecto la destitución de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Equipo Especial del Caso Lava Jato. Por otro lado, el presidente Vizcarra en horas de la tarde acudió al congreso a presentar su proyecto de ley que declaraba en emergencia el Ministerio Público y con ello generar una medida legal para destituir al Fiscal de la Nación Pedro Chavarry. Este hecho fue aplaudido por diversos sectores políticos del país e incluso por el neo reformismo encabezado por Verónika Mendoza.
Vizcarra y la lucha contra la corrupción
El Gobierno del presidente Vizcarra, a diferencia de su antecesor Kuczynski, ha logrado tener un alto índice de aprobación sabiendo utilizar el perfil de luchador anticorrupción, el mismo que tiene una de sus expresiones más importantes en el sentimiento antifujimorista que existe en el Perú, el cual fue una de las causas que degradó al gobierno a Ollanta Humala, y recientemente a Kuczynski, y que hace parte del descredito de los partidos burgueses.
Vizcarra se ha valido de este hecho para crear un manto infranqueable a cualquier crítica a su gobierno y a su persona, que como se sabe tiene también serios cuestionamientos por hechos de corrupción cuando se dio la licitación para la construcción del aeropuerto de Chincheros en el Cusco y cuando el actual presidente se desempeñaba como presidente del gobierno regional de Moquegua, donde por cierto tuvo como gran aliada a la empresa minera Souther que goza de un historial marcado por la contaminación ambiental y por vulnerar sistemáticamente los derechos de sus trabajadores.
Desde su mensaje a la nación del pasado 28 de julio y amparado en el relato creado por una serie de periodistas y políticos de diferentes tiendas incluidos los de la izquierda neo reformista, Vizcarra fue construyendo su imagen de consecuente luchador contra la corrupción.
Esto se potenció con su victoria en el referéndum, lo cual ha creado una polarización tal que si criticas su gobierno por las medidas antiobreras que viene llevando adelante él y los sectores denominados antifujimoristas y anticorrupción, señalan que con ello se le hace el juego al fujimorismo, por tanto la gran tarea nacional sería cerrar filas con el presidente para derrotar al fujimorismo y al APRA, a los cuales consideran como los responsables de los grandes males estructurales del país.
Esta visión maniquea y altamente tendenciosa ha llevado a que las medidas anti laborales de Martín Vizcarra pasen sin ningún problema, por ejemplo, el mismo 31 de diciembre último publicó el Decreto Supremo 345-2018 con lo cual se busca flexibilizar las reposiciones por despidos arbitrarios, es decir cuando te despiden por sindicalizarte, por estar embarazada, entre otras causales, no regresas más a tu puesto de empleo ya que las empresas tendrán este aval jurídico para sólo pagar una indemnización al trabajador afectado, esta medida se suma a la iniciativa gubernamental que elimina la negociación colectiva de los trabajadores del sector público, con lo cual se afecta a más de un millón y medio de trabajadores y a la anunciada eliminación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) o a la reducción de las vacaciones, entre otras medidas.
Por esas razones podemos afirmar que Vizcarra con su papel de luchador anticorrupción busca seguir fortaleciendo su gobierno y el régimen para de esa manera seguir desarrollando una (contra) reforma laboral que le permita recuperar su tasa de ganancia a la gran burguesía internacional y a sus socios locales, que son en realidad los sectores sociales a los cuales sirve el presidente.
Corrupción, capitalismo y régimen político
Si bien es cierto que el fujimorismo y el APRA son responsables de grandes hechos de corrupción cuando estuvieron en la administración del estado lo cual es repudiable y merece ser sancionado drásticamente, no podemos perder de vista que esto se dio básicamente por su línea pro empresarial que los llevo a ser la correa de trasmisión de los intereses del capital, por esa razón los hechos que hoy ponen sobre la mesa la operación Lava Jato sólo son una muestra de cómo el capital actúa, comprando políticos y pagando a funcionarios y ministros para ejecutar las obras publicas. No sólo Odebrecht es responsable de promover la corrupción, sino más bien este es el modus operandi del cual se valen todos los capitalistas para obtener jugosas ganancias a costa del dinero público.
Chavarry debe renunciar por sus vínculos con el Fujimorismo y el Aprismo que fueron los que lo llevaron a donde está, pero no habrá realmente lucha contra la corrupción si los jueces y fiscales siguen siendo elegidos por castas de juristas y de políticos al servicio de los empresarios y los gobiernos de turno, debemos ser nosotros las y los trabajadores y el pueblo en su conjunto quienes los elijamos a través de elecciones libres. El referéndum ni la reforma del poder judicial podrán solucionaran el problema de fondo, solo servirán para oxigenar el régimen político que nos impuso Fujimori en 1993 y para empoderar a Martín Vizcarra a fin de que éste pueda concretar el ansiado ajuste contra los trabajadores que ya está en curso.
No basta con decir fuera Chavarry, es importante retomar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que sea impuesta por la acción directa de los trabajadores y el pueblo, independientemente de los partidos patronales y del gobierno. Esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana servirá, entre otras cosas, para que los jueces y fiscales sean elegidos por el pueblo y los trabajadores y para estructurar un plan alternativo para que la crisis económica, que ya empieza a sentirse en el Perú, la paguen sus verdaderos causantes: los capitalistas.
