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Red Internacional
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La Matanza. Volvieron las nefastas razias policiales para “enfrentar” al Covid-19

La Bonaerense de Berni frena colectivos cargados de pasajeros en Ciudad Evita. Trabajadoras y trabajadores, muchos de ellos esenciales, son obligados a bajar, ser cacheados y hasta retenidos. Con la excusa de la pandemia, violan las más elementales libertades democráticas.

José Muralla

José Muralla @murayeando

Domingo 21 de junio de 2020 00:24

Imagen: captura de pantalla del video publicado por Revista Colectibondi

Las razias policiales fueron una característica de los 90 como método de control social – del cual la juventud se llevaba la peor parte – frente al crecimiento del desempleo y el hambre. Luego de los levantamientos del 2001 no se habían vuelto a ver de manera generalizada hasta que Patricia Bullrich y Ritondo las volvieron a poner en práctica en 2017 habilitando a policía y gendarmería a bajar personas del colectivo, cachearlas e incluso demorarlas. Algo completamente ilegal que viola el principio de presunción de inocencia.

Ahora volvieron de la mano de Berni y la bonaerense. En un video que circula en las redes al que pudo acceder La Izquierda Diario se puede ver como frenan a un colectivo de la línea 180 en Ciudad Evita, por la zona de Villegas, y hacen bajar a sus pasajeros para cachearlos. Es lo primero que hacen, no se ve que primero le pidan el certificado de circulación, como tampoco se ve que se saniticen las manos entre cacheo y cacheo, por lo que podrían estar, además, propagando el virus.

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CUARENTENA REPRESIVA‼️ [Repost @patodelcorro ] "No solo es una gran política sanitaria, también es una buena forma de combatir a la derecha 🙄" Así la policía de Ciudad Evita bajaba a pasajeros y trabajadores del colectivo, y los requisan. En momentos donde las fuerzas armadas llenan las calles con el argumento de “cuidarnos” en una situación de pandemia y crisis sanitaria; vemos como implementan operativos totalmente coercitivos sobre los laburantes, que en general son los sectores esenciales. Es un atropello enorme al conjunto de la clase trabajadora que accede a los servicios del transporte público, y debe soportar estos manejos. Desde el Observatorio de Represion de @izquierdadiario Repudiamos este accionar sistemático que viene creciendo en este último tiempo por parte del conjunto de las fuerzas armadas!!

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Peor aún. Según denuncia la Revista Colectibondi si llegan a encontrar a alguien sin certificado, le aplican el artículo 205. Este establece penas de 6 meses a 2 años de prisión a quien “…violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. En un contexto de pandemia de un virus que se mueve con fluidez en un espacio de hacinamiento, detener a alguien en los atestados calabozos de las comisarías y cárceles bonaerenses es colaborar activamente con el contagio de esa persona, sus familiares y compañeros de trabajo.

Estos operativos ilegales son realizados en La Matanza, donde aún sigue impune la desaparición y asesinato de Luciano Arruga en manos de la bonaerense, mientras Espinoza, Magario, Kicillof y Fernández celebran la llegada del ejército y la triplicación de la gendarmería. Un distrito donde hay carencia de todo, menos de fuerzas represivas.

Las razias son ilegales

En 2017 cuando volvieron las razias de la mano de Bullrich y Ritondo, Página 12 publicó una nota donde señalaba que “(…) la Comisión Provincial de la Memoria y la APDH denunciaron prácticas violatorias de la intimidad y de los derechos a la libre circulación y a la presunción de inocencia por parte de la Policía Bonaerense.”

En aquel momento diferentes organismos de Derechos Humanos presentaron un hábeas corpus contra las razias, pues son ilegales. Según la ley, para interrumpir la circulación de cualquier persona, deben existir previamente “indicios vehementes de culpabilidad” o “circunstancias debidamente fundadas”.

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Y para realizar las requisas que se ven en el video donde obligan a abrir las mochilas y son sometidos a un cacheo, actúa el Artículo 230 y 230 bis del CPPN. En el primero se señala claramente: Se regula la requisa por orden de un juez, siempre y cuando haya motivos suficientes para para presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito. Mientras que en el segundo: Se regula la requisa sin orden judicial. Los requisitos son que haya “circunstancias previas y concominantes” que, “razonablemente y objetivamente” justifiquen una requisa.

Sin embargo viajar en colectivo no es delito. No estamos en estado de sitio, por lo tanto las garantías constitucionales y las libertades democráticas siguen vigentes.

En aquel momento Patricia Bullrich negó la inconstitucionalidad de los operativos que realizaban, señalando que “no son razzias, lo que se está haciendo es tener un mayor control”, y justificándose en que supuestamente hubo “muchas denuncias de violencia en los colectivos” y que “la gente lo ve muy bien”. ¿Qué dirá al respecto Sergio Berni - hoy en el puesto que ocupara Ritondo – siendo que fue uno de los pocos que pudo correr por derecha a Patricia Bullrich?

Crisis sanitaria, social y económica, la respuesta del Estado es más represión

Estas semanas vimos un alarmante crecimiento de los casos de gatillo fácil tanto en el conurbano – con el asesinato de Alan y de un joven que recordó a la “doctrina Chocobar” – como en las zonas pobres de la Ciudad de Buenos Aires, con el asesinato en manos de la gendarmería del joven Facundo Scalso en el Bajo Flores.
Esta es la respuesta represiva - entre otras como los “guetos” bajo el eufemismo de “aislamiento comunitario” - que da el Estado ante el crecimiento de los contagios que amenazan con desbordar el sistema sanitario, y el crecimiento de la pobreza y desempleo por una cuarentena con subsidios para empresarios y migajas para trabajadores.

Es una tarea de primer orden defender las más elementales libertades democráticas frente a un creciemiento de la represión estatal y su despliegue de policías, gendarmes y militares, que busca contener la bronca de quienes sufrimos los peores efectos de esta crisis. Intentan obligar a los trabajadores y los jóvenes a sacrificar no sólo nuestros ingresos sino también nuestras libertades. Desde La Izquierda Diario estamos poniendo en pie un Observatorio de la represión para no naturalizar esta situación que se agrava. Es urgente impedir que avancen contra nosotros.


José Muralla

Nació en Arenales (BA) en 1984. Es licenciado y profesor en Ciencia Política (UBA). Trabaja como docente de nivel medio en CABA y La Matanza. Desde 2007 milita en el PTS. Vive en Lomas del mirador y es parte del staff de La Izquierda Diario de la Zona Oeste del GBA.

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