El acceso al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas siguen pendiendo de un hilo en Tlaxcala.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 9 de enero de 2020
En Tlaxcala, el Partido Encuentro Social, enemigo declarado del derecho a decidir y de la diversidad lgbt, ha salido a declarar, a través de la líder de la fracción parlamentaria local, Luz Vera Díaz, que buscaría impedir que la LXIII Legislatura vote a favor de garantizar el derecho a la interrupción del embarazo.
Con "argumentos" que apelan a la "defensa de la familia" y la lucha "por la vida", el aliado de Morena y PT en la entidad busca obstaculizar el avance de leyes que apunten a permitir a las mujeres el acceso a condiciones de interrupción dignas, salubres y seguras.
Una de las estratagemas del PES local ha sido presentar una propuesta enfocada en "garantizar la protección de la primera infancia desde el vientre materno", similar a lo establecido en constituciones locales como la de Nuevo León.
Actualmente, en Tlaxcala es legal interrumpir la gestación, pero únicamente en casos extremos (violaciones, salud o violencia). Es una de las entidades junto a Puebla, Colima, Baja California, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y Yucatán en donde las reformas a favor de garantizar la salud y la vida de las mujeres han sido pospuestas.
En estados en donde Morena es mayoría no sólo no se ha aprobado el pleno acceso a este derecho, inclusive, destaca que las votaciones han resultado en contra en su mayoría. El caso de Tlaxcala llama la atención por ser uno más en donde el partido gobernante tiene alianzas con el evangélico PES y en donde la tendencia reaccionaria y conservadora antiaborto tiene gran peso, de la mano de las campañas impulsadas por la Iglesia católica.
Poco han importado los discursos pro derechos humanos y de las mujeres enarbolados por la administración obradorista a nivel federal. El "llamado" de la Secretaría de Gobernación a los congresos locales para legislar a favor de este derecho recibió como respuesta nulos cambios en códigos penales y en materia de salud en aquellas entidades en donde ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas tiene a mujeres cumpliendo condenas en prisión.
Mientras colectivos y organizaciones feministas y de derechos humanos denuncian que el México estos casos se cuentan por cientos, el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública únicamente reconoce que hay cinco mujeres presas acusadas por abortar: una en la Ciudad de México, una en Veracruz, dos en Nayarit y una más en Yucatán.
