Tras las históricas manifestaciones por el derecho a la vivienda del 13-0, Pedro Sánchez ha anunciado unas medidas que ya estaban tomadas y lejos de ser un "escudo social", favorecen a los rentistas y especuladores. ¡Expropiación de las viviendas vacías de la banca, fondos buitre y grandes propietarios!
Lunes 14 de octubre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho después de la multitudinaria manifestación del sábado en Madrid que “si no reaccionamos con contundencia, la sociedad española acabará dividida en dos clases. Yo no quiero una España en la que haya propietarios ricos e inquilinos pobres”.
Las palabras del presidente, pronunciada en una de las jornadas del World in Progress Barcelona -evento organizado por el Grupo Prisa, EL PAÍS y la Cadena SER- fueron presentadas por la prensa como una demostración de que el Gobierno “progresista” había escuchado el clamor de las calles. Nada más lejos de esto.
Sánchez ha dicho que aprobará una partida de 200 millones para el bono joven del alquiler. Pero esta medida ya estaba comprometida y a los únicos que beneficia es a los rentistas, los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda. ¿Por qué? Porque es una inyección indirecta de dinero publico al bolsillo de los especuladores inmobiliarios, que seguirán aumentando y manteniendo alquileres inasequibles para las mayorías obreras y populares.
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Sánchez ha dicho también que se implementará un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. Es muy cierto que hay todo tipo de fraudes con los alojamientos turísticos, pero lo que no es menos fraudulenta es la medida que quiere implementar el gobierno, porque las Comunidades Autónomas son las que deciden que y como aplican determinadas medidas. Y nadie hará nada para parar el negocio turístico del que tantos se están llenando los bolsillos.
La impostura de los Gobiernos “progresistas” y la política de la vivienda
Según Sánchez las políticas del Gobierno “han ayudado a los jóvenes a comprar o alquilar una casa”. Pero ¿cuál es la realidad de la vivienda en el Estado Español? ¿Realmente han ayudado las medidas de los Gobiernos “progresista” en los últimos seis años a la juventud y a la clase trabajadora?
Datos, no relato. En ciudades como Madrid o Barcelona en promedio se destina más del 60% del sueldo para pagar el alquiler, y llega hasta el 90% en los jóvenes. En el primer cuatrimestre de este año hubo más de 7000 desahucios. Hay más de 3 millones de casas vacías en manos de la banca, grandes propietarios y fondos buitre.
En este marco en que la población trabajadora no puede prácticamente pagar un alquiler, especialmente las jóvenes precarias y las migrantes, es curioso que las compras de viviendas se han incrementado un 6% en agosto, incluso con una subida del 4% en el precio del metro cuadrado.
Pero ¿quiénes son los que compran las viviendas? Si miramos un poco más profundamente, el 48% de las casas que se vendieron este año se han pagado “a tocateja”. ¿Quién tiene el dinero al contado para pagar una casa si se destina entre el 60 y el 90% en pagar un alquiler? Evidentemente no las vecinas y vecinos de los barrios populares, sino los fondos buitre, los inversores y especuladores capitalistas.
Es decir, los que están convirtiendo, con el permiso y ayuda de los Gobiernos “progresistas” y derechistas, especular con la vivienda y hacer imposible que la juventud y la clase trabajadora pueda, ya no acceder a una vivienda en propiedad, sino a duras penas alquilar una.
El balance de los Gobiernos “progresistas” -tanto del del PSOE y Unidas Podemos, como el del PSOE y Sumar- con relación a la problemática de la vivienda no es otro que doble discurso para encubrir el avance de la especulación y la gentrificación, el aumento desorbitado de los alquileres, la persistencia de los desahucios y la precarización de la vida de las familias trabajadoras.
El límite del 3% de subida en los alquileres no ha funcionado, por el contrario, más del 85% de los alquileres exceden las subidas legales.
Su supuesta política contra los desahucios es una estafa, mientras sigue habiendo miles de lanzamientos a golpe de porra para expulsar a familias de sus hogares, cuando no son las bandas ultraderechistas como Desokupa las que campan a sus anchas.
Hay que decirlo claro: no hay ningún interés por mejorar estas condiciones por parte de un gobierno que se dice “progresista”, pero que no pretende tocar un pelo a los “propietarios ricos” de los que habla Pedro Sánchez. Es una cuestión de aritmética básica. Para que las pobres tengamos acceso a la vivienda, hay que expropiar a los ricos que son aún más ricos a costa de expoliar los salarios de la clase trabajadora con precios abusivos. Y a eso, no están dispuestos los partidos capitalistas, aunque se digan de “izquierda”. Sólo hay que mirar cuántas propiedades tiene la ministra de vivienda y qué interés tendrá en que no se toquen los precios de los alquileres.
Es por ello que, sin titubeos, es necesario pelear por un plan que ataque directamente a los grandes propietarios, a la banca y los fondos buitre. Por la expropiación sin indemnización todas las viviendas vacías en sus manos para que pasen a formar parte de un plan de vivienda pública bajo control de las y los inquilinos y las organizaciones de trabajadores, que se financie con impuestos a grandes constructoras, bancos y fondos de inversión.
Tenemos que imponer que se prohíban de manera inmediata los desahucios y que todo aquél que lo solicite tenga una alternativa habitacional inmediata, que se bajen los alquileres y que ninguna familia de clase trabajadora tenga que destinar más del 20% de sus ingresos en alquileres o hipoteca.
Además de todas estas medidas, tenemos que pelear porque no se criminalice a todas esas luchadoras y activistas que ponen el cuerpo por el derecho a la vivienda y porque no expulsen a nuestros vecinos de sus casas, y que aquellas afectadas por la ley Mordaza, que dijeron que iban a derogar, sean inmediatamente amnistiadas.
Los sindicatos de inquilinas y de la vivienda están en pie de lucha. Es necesario exigir a los grandes sindicatos que rompan su posición subalterna del gobierno y tomen las demandas de los sindicatos de inquilinos y propongan un plan de lucha desde los centros de trabajo y las calles por todas estas demandas.
