SE TENIA QUE DECIR.Berni, la derecha y el camino represivo

Hace semanas que está en el debate público el espionaje ilegal del gobierno anterior. Mauricio Macri y los ex titulares de la AFI Arribas y Majdalani están en la mira. Patricia Bullrich también, aunque la justicia no la ha incluido entre los responsables. Ya no hay ninguna duda. Hay 12 causas federales sobre el espionaje macrista, demostrando que fue una práctica sistemática.

Pero hay otra práctica sistemática de las fuerzas represivas. Y sobre las que los grandes medios no destinan ni un cuarto de las páginas que dedican a hablar del espionaje de los servicios de inteligencia de distintas fuerzas. Se trata de una práctica que va directamente contra el pueblo trabajador: el aumento de la violencia y el abuso policial y los casos de gatillo fácil que se vienen reforzando desde el inicio del aislamiento preventivo social y obligatorio.

Esta semana la Coordinadora contra la represión policial e institucional, CORREPI, publicó un informe que hace un repaso de estos primeros 90 días. 12 casos de gatillo fácil y 50 denuncias de violencia y abuso policial. De todas las fuerzas y en diversas provincias.

Facundo Escalso, de 20 años, asesinado en el Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires por la gendarmería. En Avellaneda, Provincia d Buenos Aires, la policía federal mató de 18 tiros a Lucas Adrian Barrios que tenía tan solo 18 años.

Esta práctica tiene un blanco muy definido. No hay de estos casos en el barrio de Recoleta, Nordelta o Palermo. Pasan en la comunidad Qom en Chaco, con esa policía cargada de racismo al grito de “indios de mierda infectados”. O en la provincia de Salta la semana pasada cuando una mujer de 21 años recibió balazos de goma de la gendarmería mientras le decían “volvete a tu casa, coya de mierda”.

Luis Espinoza, un peón rural asesinado por la policía de Tucumán que lo desapareció intentando ocultar el cuerpo tirándolo por un barranco. Tampoco nos olvidamos esas imágenes al inicio de la cuarentena, en Jujuy la policía deteniendo pibes en las calles obligándolos a hacer sentadillas y flexiones. Ayer, hablamos con Maria del Carmen Verdú de CORREPI que sumaba un dato más: son casi 30 las muertes en los lugares de detenciones, un tercio aproximadamente de produjeron en comisarías.

¿Por qué en la mayoría de los medios, oficialistas y opositores, no se le da la misma relevancia a esta práctica sistemática que al espionaje ilegal? ¿Por qué frente a cada nuevo caso no hay un escándalo y alertas televisivas? La impunidad que tienen los policías que asesinan con gatillo fácil, es una razón más para que sea una práctica sistemática.

En el 2017 Patricia Bullrich hizo volver a las razias policiales, una práctica muy común en los años 90 con el menemismo, que no era utilizada desde los levantamientos en la crisis del 2001. Bullrich las hizo volver, y Sergio Berni se apropió de esa herencia recibida en la provincia de Buenos Aires. La policía con la impunidad de elegir a quién se le cante, cachearlo e incluso demorarlo. Una práctica ilegal que va contra el derecho elemental de presunción de inocencia. Vimos las razias hace pocos días en Ciudad Evita de la Provincia de Buenos Aires cuando la policía frenó un colectivo de la línea 180.

En el debate público aparece un Sergio Berni, como si fuera rambo mostrándose en las cámaras de televisión empuñando una ametralladora, mientras le recrimina a la ministra de seguridad Sabina Frederic falta de apoyo para el combate contra la inseguridad y el control social de la cuarentena. ¿Cómo le contesta Frederic? Diciendo que puso a disposición de Berni 7500 efectivos de la policía federal, prefectura, gendarmería y la policía de seguridad aeroportuaria para desplegar en el territorio bonaerense.

Este es el marco en el que sucede un nuevo “caso chocobar”. Diego Arzamendia fue acribillado entre varios agentes de la policía bonaerense, bajo el argumento de que era un delincuente. No extraña en un contexto que da luz verde “desde arriba” para este accionar policial. Lo que llama la atención es que no genere el mismo repudio en algunos sectores que aquel caso tan defendido por Patricia Bullrich.

El debate público sobre este flajelo, está corrido a la derecha. Por el accionar de las fuerzas policiales, por las declaraciones y las medidas que toman los funcionarios, gobernadores, las voces de partidos opositores como el macrismo. Y también por los medios de comunicación, oficialistas y opositores.

Mucho se ha hablado de “enfrentar a la derecha”. Pero a veces se olvida el camino de cómo se llegan a fortalecer esos sectores, los que piden mano dura, pena de muerte, represión. Y esta discusión se vuelve más importante aún en estos tiempos que corren de pandemia que ya deja ver el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Mañana se cumplen 18 años del asesinato de Kosteki y Santillan, en aquella represión a la movilización de movimientos sociales y de desocupados en el Puente Pueyrredon. Ese día hubo 40 heridos por balas de plomo y más de 160 detenidos, y el gobierno de ese entonces reconoció también que se había realizado inteligencia y espionaje sobre las organizaciones sociales.

“La crisis causó dos nuevas muertes” tituló el diario Clarín, que fue parte del entramado de encubrimiento para que los responsables políticos de esa masacre de Avellaneda sigan al día de hoy impunes. Al punto de que el gobernador de la provincia de Bs As en ese entonces, Felipe Solá, es ahora canciller del gobierno de Alberto Fernández.

Actualmente ya hay informes de la ONU prevén que en la Argentina la pobreza va a alcanzar el 58 %. El accionar policial de hoy, se prepara para el accionar represivo si se agudiza la crisis. Sobre todo en un mundo donde estamos viendo una juventud sin miedo que ha salido a la calle y le hace frente a la policía. Escenas que vimos repetirse en Chile, Francia, y EEUU con las masivas movilizaciones luego del asesinato de George Floyd.

Enfrentar a la derecha no puede ser un lema de ocasión. Por eso enfrentar el gatillo fácil, la violencia y el racismo policial es algo que no puede esperar para mañana.