Compartimos para todos nuestros lectores y lectoras la presentación y el primer capítulo del último libro del historiador Antonio Liz, “Revolución y Contrarrevolución. La II República y la Guerra Civil española (1931-39)”
Domingo 17 de julio de 2016 13:32
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En este, su quinto libro, Liz revisita la experiencia de revolución española en ocasión de su 80 aniversario, aportando una visión propia y sin contemplaciones sobre una de las revoluciones proletarias más profundas de “Occidente”.
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PRESENTACIÓN
El libro que tienes entre las manos lo he escrito en un periodo de dos años, pero esto ha sido simplemente el tiempo en que he plasmado en el texto una síntesis de los años y años de lectura, relectura, visionado de documentales, reflexiones, debates y notas sobre la Revolución española. A pie de página figuran las fuentes y los textos citados directamente pero el análisis y la estructura del libro son producto de un largo proceso de estudio.
Le doy una importancia fundamental a los testimonios de los personajes históricos, es decir, a aquellos que participaron en los hechos, y a la prensa coetánea. Nada me interesa más que hablen los que participaron en la parte del proceso histórico estudiado porque así se documenta el proceder político y social de las diversas clases sociales y de sus fracciones políticas.
Nada debo a instituciones o partidos por lo cual escribo aquello que considero que es la mejor aproximación posible al hecho estudiado sin preocuparme por padrinos directos o indirectos. No obstante, no estoy por encima del bien y del mal ya que el objeto de mi trabajo historiográfico es aportar un conocimiento histórico que ayude a formar a la juventud que lucha por un mundo donde la explotación y la incultura no tengan futuro.
Debo reconocimiento público a tres amigos y compañeros de hace años, a Jaime Sinde, Juan Ángel Romero y Diego Lotito. A Jaime porque ha puesto sobre sus hombros la financiación de esta obra. A Juan Ángel porque me ha procurado el material bibliográfico que me faltaba. A Diego por hacerme la portada. La causa de esta ayuda es sencilla de explicar, los cuatro compartimos el sueño conquistable de una sociedad sustentada sobre la justicia social.
Antonio Liz
Madrid, 19, mayo, 2016
O. EL HILO HISTÓRICO
Cuando en el Estado español venga la II República la sociedad, de prácticamente 24 millones de habitantes con un 35,51% como población activa, tendrá todavía un predominio económico del sector agrario porque en 1930 en él estaba el 45,51% de la población activa mientras que en la industria trabajaba el 26,51% y en el sector servicios el 27,98%. No obstante, este predominio será decreciente porque iba a la baja ya que la dinámica económica y, por lo tanto, social y política, lo marcaba la ciudad. Había en 1930 un altísimo nivel de analfabetismo, el 44% de la población. Este abarcaba mayoritariamente a las clases populares, siendo aún mayor entre las mujeres. La enseñanza primaria no daba cobertura al conjunto de los niños populares –no digamos a las niñas- y la media y la universitaria pertenecía a la clase dominante y a sus cuadros. Los núcleos urbanos estaban en crecimiento, en 1930 Madrid y Barcelona pasaban del millón de habitantes, la electricidad ya iluminaba los centros de las ciudades por las noches, en Madrid había “metro” desde 1919 y en Barcelona desde 1924 y los toros y el fútbol se iban convirtiendo en alienantes fenómenos de masas a la par que las emisiones de radio (Radio Barcelona, Unión Radio) con la prensa escrita (El Sol, ABC, El Debate, La Vanguardia) y la introducción del cine sonoro posibilitan que la ideología dominante llegue de forma directa a grandes sectores de las masas populares urbanas. Los núcleos urbanos ya están básicamente comunicados por una red de ferrocarril que tiene su epicentro en Madrid y empieza a conformarse una red viaria con pequeños autobuses de línea y camionetas de transporte y aparecen los turismos, escasos aún, en manos exclusivas de terratenientes y burgueses, que también poseen teléfono en sus casas. La sociedad estará formada por una población rural de terratenientes (que no viven en el campo), pequeños propietarios, minifundistas, aparceros y jornaleros y una población urbana de burgueses, pequeño-burgueses, funcionarios (entre los que se cuentan los militares), “profesiones liberales”, y clase trabajadora de la industria y los servicios. Si bien la cuantificación exacta es imposible por falta de estadísticas adecuadas, digamos que en el mundo rural alrededor de unas 10 mil familias poseían más de la mitad de la tierra catastrada y que de una población activa agraria estimada en 3,7 millones más de 1 millón de trabajadores del campo no poseían ni un pedazo de tierra (jornaleros o proletariado rural). En el mundo urbano los extremos de poseedores y desposeídos estarían formados por unas 100 familias de la gran burguesía que se repartirían la parte del león en los consejos de administración de los bancos y grandes empresas, mientras que serían unos 2 millones los obreros del sector industrial y energético y unos 200 mil en el comercio, mientras que las “chicas de servir” rondarían las 360.000. En esta sociedad clasista donde el paro forzoso entre los sectores populares era común (en 1929 se estima que 1/3 de la población activa de ciudades como Córdoba, Granada o Huelva está en paro forzoso mientras que en Hospitalet vegetan 30 o 40 mil trabajadores porque no hay más presupuesto para la Exposición Internacional de Barcelona) y donde la cobertura de desempleo era inexistente, el hambre en las familias de los jornaleros agrícolas y la precariedad constante en las de los trabajadores urbanos eran fenómenos sociales. Así, no sorprende que como reacción a esta durísima realidad para 1929 el Ministerio de Trabajo registre 402 huelgas con 247.460 huelguistas y 3.745.360 de jornadas no realizadas.
En esta polarizada formación social dos clases estaban llamadas a enfrentarse. La clase dominante española se había ido formando a través de la fusión entre los terratenientes y burgueses vía matrimonios y consejos de administración. Los terratenientes venían directamente de la antigua nobleza y los burgueses habían nacido haciendo capitales en las colonias de Cuba y Filipinas, en la industria textil en Cataluña, en las especulaciones en la bolsa de Madrid y, la más moderna, en la siderurgia en el País Vasco. Pero a la altura de 1930 era ya un hecho la fusión del capital financiero con el industrial y el comercial gracias a la preponderancia en la dirección económica de los siete grandes bancos españoles (Hispanocolonial, Español de Crédito, Hispanoamericano, Urquijo, Bilbao, Vizcaya y Crédito de la Unión Minera), que controlan los consejos de administración de empresas estratégicas (siderurgia, electricidad, ferrocarriles y tranvías, construcción naval…). El despegue económico de la burguesía española había cobrado un notable empujón con la neutralidad en la I Guerra Mundial (1914-18) vendiendo mercancías por encima del valor de mercado en tiempos de paz y, al mismo tiempo, se relacionará con el capital internacional invertido en el Estado español a través de compañías filiales o sociedades con capital extranjero y español, como era el caso de la General Eléctrica Española. La fusión económica de la nueva clase dominante también llevará a la fusión ideológica, proceso donde la burguesía naciente adquirirá una concepción del mundo más aristocrática que burguesa, más de Antiguo Régimen que del capitalismo, reaccionaria y no progresista, porque la revolución socialista ya había llamado a las puertas de la Historia en octubre de 1917 en la ex Rusia zarista y el movimiento obrero español era actuante defensivamente ya que sus dos grandes centrales sindicales, la UGT y la CNT, habían convocado por primera vez una huelga general por las “subsistencias” el 18 de diciembre de 1916 y otra huelga general, esta vez “revolucionaria”, en agosto de 1917, del 13 al 18, con su rosario de 80 trabajadores asesinados en las estadísticas oficiales, detenciones, torturas, despidos y el comité de huelga encarcelado. Pero la ideología de la nueva clase dominante no se comprendería adecuadamente sin el papel de la Iglesia. Si bien la burguesía se había fortalecido económicamente con las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855) -aunque esta última no sólo supuso la venta de bienes eclesiásticos sino también comunales- la clase dominante ya estaba totalmente reconciliada con la Iglesia a nivel político, económico e ideológico. Esta triple reconciliación era debido a que a nivel político las relaciones entre el gobierno y el Vaticano ya estaban normalizadas desde una fecha tan temprana como 1851 cuando el gobierno de turno firmara con la Santa Sede un Concordato que era un acuerdo para que la Iglesia aceptase la desamortización a cambio de mantener el catolicismo como la religión del Estado, que el propio Estado abonase un salario al clero y que la Iglesia se pudiese volver a convertir en propietaria; a nivel económico, ya que la Iglesia era a la altura de 1930 otra vez un gran propietario; y, a nivel ideológico, porque la Iglesia cumple, en el propio capitalismo español, buena parte del papel del aparato ideológico del Estado ya que en ella reposa la “educación” a través de sus escuelas, el púlpito y el confesionario.
La composición de la clase obrera venía del propio desarrollo del tardío capitalismo español. La clase trabajadora urbana estaba concentrada en el textil, la siderurgia, la minería, la construcción y el comercio mientras que en el campo había, por la existencia de latifundios en la mitad sur de la Península, un numeroso proletariado agrícola (jornaleros). En números redondos, los trabajadores del campo y la ciudad irían de 4 a 5 millones, a lo que hay que sumar sus familias. A la altura de 1930 la clase trabajadora española ya tenía una historia como movimiento obrero organizado. Desde la creación de la Iª Internacional (AIT) en 1864 el movimiento obrero español había pertenecido a ella a través de la Federación Regional Española. La división entre bakuninistas y marxistas en la AIT, que se reprodujo en el Estado español, llevará al cabo de los años a la creación de las dos grandes fracciones del proletariado español, la socialista y la anarcosindicalista. En la socialista, el PSOE se fundará en 1879 y la UGT en 1888. En la anarcosindicalista, Solidaridad Obrera nace en 1907 y de ella la CNT en 1910. Socialistas y anarcosindicalistas tendrán dos periódicos de masas, El Socialista y Solidaridad Obrera. Con el triunfo de la Revolución bolchevique en octubre de 1917 se darán dos escisiones en el socialismo español, la primera en 1920, en las Juventudes Socialistas, dando paso al Partido Comunista Español, y la segunda en 1921, en el PSOE, de la que nacerá el Partido Comunista Obrero Español. Ambos partidos comunistas se fusionarán, por imperativo de la III Internacional, en noviembre de 1921, en el Partido Comunista de España. Antes de llegar la II República el movimiento comunista español –minoritario entre la clase trabajadora- se escindirá por la lucha a nivel mundial entre el stalinismo, que quería el socialismo en un solo país, y el trotskismo, que quería la extensión de la revolución socialista. Así, en febrero de 1930 se creará la organización trotskista Oposición Comunista de España y en marzo de 1931 el comunista no oficial Bloque Obrero y Campesino, mientras que el PCE será el representante oficial de la entonces ya stalinizada Internacional Comunista.
La II República vino como un producto del fracaso del régimen político que había construido la clase dominante española a finales del siglo XIX –lo mismo había ocurrido con la I República (1873-74), que también llegara a lomos del fracaso de la monarquía constitucional de Amadeo de Saboya (1870-73) que había organizado el general Prim. La estructura política que había montado Antonio Cánovas del Castillo para esta naciente nueva clase dominante restaurando la monarquía borbónica en 1875 con dos partidos (el conservador y el liberal) turnándose en el gobierno (bipartidismo) con el Ministerio de Gobernación controlando las elecciones censitarias, con el “caciquismo” controlando las zonas rurales y con una Constitución (1876) que consagraba que “la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey” (art.18) y que “ningún mandato del Rey puede llevarse a efecto si no está refrendado por un Ministro” (art.49), se derrumbó con la dictadura de Primo de Rivera. Esta empezó con el estado de guerra proclamado por el propio general Primo de Rivera en Barcelona la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923. Su programa se podría resumir, según su manifiesto golpista, “Al País y al Ejército españoles”, en regenerar España al “libertarla de los profesionales de la política”, combatir “la indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo” y la “impune propaganda comunista” (en realidad se refiere a la CNT, que no aceptará la nueva legalidad y pasará a la clandestinidad), la “descarada propaganda separatista” y como “ni somos imperialistas (…) buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y sensata”. Afirma el manifiesto “que nos lanzamos por España y por el Rey”, lo que quiere decir que cuenta con la complicidad del monarca, por activa o por pasiva. Para efectivizar todo esto “se constituirá en Madrid un directorio inspector militar”. Está escrito con un lenguaje machista típico de la época ya que afirma que “este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón”. El rey Alfonso XIII no apoyará al gobierno para combatir el pronunciamiento militar por lo que el gabinete dimite y el monarca llama al propio militar golpista para que se haga cargo de un Directorio Militar en calidad de presidente, lo que se plasma en el Real Decreto del 15 de septiembre. El movimiento obrero tuvo dos posturas ante este pronunciamiento refrendado por el rey, la CNT y el PCE llamaron, por separado, a huelgas generales pero la CNT estaba muy debilitada por la represión y el PCE tenía muy poca implantación social. Por su parte, el movimiento socialista criticó formalmente el advenimiento de la dictadura primorriverista pero colaborará con ella, tanto que Largo Caballero pasará a ser la representación obrera en el Consejo de Estado. Por medio de Reales Decretos, se declara el “estado de guerra”, se suspenden las garantías constitucionales, se nombran gobernadores militares en el lugar de los civiles, se disuelve el Congreso y la parte electiva del Senado y también los ayuntamientos, que son sustituidos por “vocales asociados”.
En la clase dominante la Dictadura encontrará apoyo porque continuó con una política proteccionista que consolidaba el capitalismo español (Real Decreto de Protección de la Industria Nacional, 1924). Subvencionó directamente a grandes empresas, como ocurrió con la Transmediterránea de Juan March. Creó monopolios que favorecieron a sectores de la alta burguesía española, como fue el caso del monopolio del tabaco en Ceuta y Melilla otorgado a Juan March, y el monopolio de importación, refinado y distribución de petróleo a un consorcio de bancos españoles a través de la creación de la compañía CAMPSA (1927). Aquí también saldrá beneficiado el magnate Juan March, que andando el tiempo se convertirá en el mayor financiador del golpe de estado de julio de 1936, ya que su Petróleos Porto Pi recibió una compensación por la creación del monopolio de CAMPSA y, además, el primer presidente del propio consejo de administración de CAMPSA va a ser un consejero de la Transmediterránea y de la Porto Pi. En lo tocante al capital internacional, concretamente al estadounidense, en 1924 ya se le había dado el monopolio de teléfonos a la multinacional International Telephon and Telegraph Co (ITT) creando para ello, con sorna, la Compañía Telefónica Nacional de España. Así mismo, la dictadura primorriverista financiará a través de la Deuda Pública infraestructuras ferroviarias, viarias y empezará a ejecutar un Plan Hidráulico que genere electricidad a la vez que incremente las zonas de regadío, plan que fue exitoso en la cuenca del Ebro ya que aumentó la potencia eléctrica e incrementó en un 50 por 100 la superficie regada. Buena parte de esta política económica de la dictadura primorriverista será responsabilidad del ministro de Hacienda José Calvo Sotelo, que se convertirá más adelante en un referente político del protofascismo español. Por otra parte, la Dictadura tendrá un éxito notable en la política colonial en Marruecos donde aprovechando que el líder marroquí Abd-el-Krim extendió su ataque a la parte del territorio marroquí en poder de Francia y que esta le pidió ayuda al gobierno español, Primo de Rivera ejecutará el desembarco de Alhucemas (1925) que llevará a la derrota de Abd-el-Krim y a la estabilidad de la zona del Protectorado en manos del Estado español.
En el terreno puramente político pasó de un Directorio Militar, presidido por él mismo y donde él era el único que podía despachar con el rey Alfonso XIII, a restaurar un Consejo de Ministros que suponía más atributos para el monarca y para el personal civil. Con todas estas acciones Primo de Rivera fortalecía su ya dictadura cívico-militar. El problema vendrá porque no sabrá darle continuidad política a su incipiente régimen corporativo al fracasar en la construcción de un partido político propio, la Unión Patriótica, lo que le imposibilitará organizar elecciones que legitimen su dictadura y le den continuidad. Lo que ocurrió entonces es que no concitó apoyos políticos estructurados entre sectores de la burguesía apartados directamente del poder político, como el caso de la burguesía catalana, y entre la mediana y la pequeña burguesía lo que llevó a que la juventud universitaria se le opusiese al mismo tiempo que el movimiento obrero cada vez veía con peores ojos al régimen porque la burguesía, por una parte, quería incrementar la jornada de trabajo sin subir el salario y, por otra, ya se represaliaba a la totalidad del movimiento obrero y no sólo a la fracción anarcosindicalista. Además, tampoco supo fusionar profesional e ideológicamente al aparato represivo por excelencia, el Ejército, donde siguió la diferencia entre “junteros” y “africanistas”. Este fracaso político de institucionalizar el régimen para darle continuidad hizo obsoleto el no muy esbozado Estado corporativo primorriverista y llevó a que inclusive sectores de la alta burguesía, que Primo de Rivera tanto había favorecido, temieran por la estabilidad de la monarquía por lo que diseñaron una vuelta al régimen constitucional. Con esa intención Alfonso XIII aceptó la dimisión de un debilitado Primo de Rivera el 30 de enero de 1930 y nombró al general Dámaso Berenguer, jefe de la Casa Militar del rey, como presidente del Consejo de Ministros y este anunciará elecciones legislativas para el 1 de marzo de 1931. Pero los partidos republicanos habían llegado al acuerdo de traer por las bravas la República en el Pacto de San Sebastián (17 de agosto de 1930) y organizaron un Comité Revolucionario -del que dependía un Comité Militar- presidido por Niceto Alcalá Zamora y donde ya figuraba oficialmente la representación socialista compuesta por Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.
El Comité Revolucionario, que se formó a modo de gobierno provisional, con su reparto de carteras ministeriales, tenía que llegar al poder a través de un pronunciamiento militar seguido de una huelga general, pero el pronunciamiento militar se adelantó en Jaca (Huesca) al día 12 de diciembre de 1930 proclamando la República, lo que le permitió al gobierno aislar el pronunciamiento, liderado por los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. Otro pronunciamiento fallido se dará en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) el día 15, que llevó a sus promotores a huir a Portugal. El gobierno procedió a fusilar a Fermín Galán y García Hernández y a encarcelar a los miembros del Comité Revolucionario que localizó. A partir del día 15 hubo huelgas en muchas ciudades -aunque no se dieron ni en Madrid ni en Bilbao, dos centros neurálgicos- pero sin dirección política por lo que el gobierno pudo resistirlas declarando el estado de guerra. Pero todo esto no fue nada más que una victoria pírrica del gobierno Berenguer, de hecho ahora el ideario republicano ya tenía sus mártires, unos muertos y otros en la cárcel. En esta tesitura integrantes de la alta burguesía como el conde de Romanones y el dirigente de la Lliga catalana Francesc Cambó, idearon convocar primero elecciones municipales para paliar la previsible derrota política de la monarquía dado el peso de la estructura caciquil en el medio rural, después vendrían las legislativas. Con este plan Alfonso XIII nombró el 18 de febrero de 1931 al almirante Juan Bautista Aznar jefe de gobierno y este convocó elecciones municipales para el 12 de abril. Lo que ocurrió fue que el desastre electoral de las candidaturas monárquicas fue mayor que el esperado ya que las candidaturas republicano-socialistas ganaron en 41 de las 50 capitales de provincia, en las cuencas mineras de Asturias y Andalucía y en ciudades de Levante y Cataluña. Ante estos resultados será el propio conde de Romanones el que reconozca que “el resultado de las elecciones no puede ser más lamentable para los monárquicos”. Lo que ya le preocupaba a Romanones era el siguiente paso, la salida del poder de Alfonso XIII para evitar que la radicalización social llevase a un estallido revolucionario. En este momento, el 13 de abril de 1931, la clase dominante española no tenía ningún partido político de masas que oponer a los republicanos y socialistas –razón por la cual una parte de ella apoyará a los republicanos de derecha encabezados por Alcalá Zamora- y el movimiento obrero poseía una gran fuerza social a través de sus dos grandes fracciones, la socialista y la anarcosindicalista, aunque sin la voluntad estratégica de conquistar el poder para la clase trabajadora. Se abría una nueva coyuntura.
