PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO POR EL 8 DE MARZO. #8MBolivia, ¡Las mujeres nos movilizamos!

Distintas organizaciones, colectivos, sindicatos y mujeres independientes, entre estos la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, salen a las calles este 8 de marzo en consonancia con las movilización internacional de mujeres alrededor del mundo bajo la consigna ¡Si nosotras paramos, el mundo para!. A continuación reproducimos el pronunciamiento y convocatoria para la marcha y acto político cultural a realizarse en ésta emblemática fecha de memoria y lucha.

POR UN 8 DE MARZO COMBATIVO
¡LAS MUJERES NOS MOVILIZAMOS Y HACEMOS TEMBLAR LA TIERRA!

Este 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, diversas organizaciones, colectivos, sindicatos y feministas independientes, nos sumamos desde Bolivia a la Movilización Internacional de Mujeres, para elevar nuevamente un grito de lucha antipatriarcal, anticapitalista y antirracista:

¡Si nosotras paramos, el mundo para!

Nos movilizamos en contra de la violencia machista y patriarcal que se manifiesta cotidianamente de las formas más brutales y que sostiene, junto al capital y el sometimiento colonial, una alianza criminal, explotando y oprimiendo con mayor crueldad a las mujeres. Nos auto-convocamos y organizamos independientes de quienes sostienen y refuerzan nuestra opresión y explotación con sus leyes y su práctica política, y denunciamos que, tanto el gobierno del MAS cuanto los partidos de la vieja derecha, toman las banderas de la lucha de las mujeres de manera oportunista, cuando en realidad demuestran que poco les importan nuestros derechos, nuestras necesidades y nuestras vidas.

Desde las fábricas, las aulas, los mercados, las oficinas, nuestros colectivos, nuestras comunidades, nuestras chacras, nuestros hogares y las calles, hartas de los golpes que este sistema en su conjunto asesta día a día en contra de nosotras, manifestamos a viva voz:

1. Las mujeres trabajadoras en Bolivia somos las más explotadas entre los explotados. El 88% de las trabajadoras asalariada nos encontramos en condiciones de precariedad y desprotección social, sin derecho a sindicalización, ni a vacaciones, indemnización, seguro de salud, pensiones, etc. En 12 años de gobierno del MAS, se ha incrementado la brecha de ingresos mensuales entre hombres y mujeres; según datos del 2015, las trabajadoras perciben un 47% menos que los varones, por igual trabajo realizado. El 66% de las mujeres trabajamos en el “sector informal” en ocupaciones de baja calificación laboral, baja remuneración y sin protección social, frente al 57% de los hombres ocupados en este sector. Las altas tasas de desempleo a nivel nacional afectan principalmente a jóvenes y mujeres, sin que el gobierno promueva un plan serio para dar solución a esta situación. Y en pleno Siglo XXI, continúan existiendo mujeres y varones sometidos a condiciones de semiesclavitud en las zafras de azúcar, algodón y castaña, ante la mirada impasible del Estado que otorga impunidad a grandes empresarios de la agroindustria.

Aunque las mujeres afrontamos dobles jornadas de explotación, en el trabajo y en la casa, donde la cantidad de horas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados superan ampliamente las que realizan los hombres en el país, esto no fue ni es reconocido ni contabilizado como manda el Art. 338 de la Constitución Política del Estado, en más de una década del denominado "Proceso de Cambio”.

¡Luchamos contra la explotación capitalista que recae con mayor dureza sobre nosotras; exigimos igual salario por igual trabajo, plenos derechos laborales para todas las mujeres trabajadoras, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, y políticas efectivas para erradicar del territorio nacional la semiesclavitud laboral!

2. La violencia feminicida cobra en nuestro país la vida de al menos una mujer cada tres días, habiendo cerrado el 2017 con 109 mujeres asesinadas, a cuyas familias, el Estado y su “justicia” mercantilizada, condenan a la revictimización ante a la impunidad de los feminicidas.
Denunciamos que, a cinco años de la promulgación de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley Nº 348), el presupuesto asignado a la lucha contra la violencia es insuficiente para implementar los servicios y programas previstos por la misma, lo que devela el desinterés de los gobiernos central, departamentales y municipales, por prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. El 2016 se invirtió 5,19% de los presupuestos municipales en construcción de canchas de fútbol y sólo 0,33% en atención y prevención de este tipo de violencia.

Repudiamos la ausencia de políticas que realmente protejan a las mujeres de las distintas expresiones de violencia machista y denunciamos que el Estado es responsable y cómplice de sellar la impunidad de agresores y feminicidas.

¡Por nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha!

3. La penalización del aborto es otra forma de violencia, naturalizada y defendida tanto por el gobierno del MAS como por los partidos de la vieja derecha, en complicidad con las iglesias, que criminalizan el elemental derecho de todas las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y cobra la vida de aproximadamente 480 mujeres que recurren a abortos inseguros cada año y que no pueden pagar los precios del millonario negocio médico. Cada día 115 mujeres acuden a servicios de salud pública debido a complicaciones por abortos mal practicados.

Denunciamos también el terrible problema del embarazo infantil forzado (EIF), que se da en niñas menores de 15 años. Estos embarazos son, en su mayoría, el resultado inocultable de la violencia sexual. Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA, Bolivia es el país con la tasa más alta de denuncias de violación sexual en Sudamérica (33 x 100 mil habitantes). Quedar embarazadas, sin haberlo buscado o deseado y, por encima de ello, negar, dificultar, demorar u obstaculizar la interrupción del embarazo, es doblemente criminal. En Bolivia, en 2016, el sistema de salud ha atendido a 13.332 niñas en consultas prenatales (SNIS, 2016). Ese sistema, que induce a menores de 15 años a asumir la maternidad, les niega la posibilidad de interrumpir su embarazo legalmente. El embarazo infantil forzado es una violación de derechos humanos y afecta la integridad física y emocional de las niñas.

Se debe garantizar el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros cuerpos como parte del ejercicio pleno de derechos.

¡Exigimos el aborto seguro y gratuito, libre de cualquier restricción!

4. La persistencia del capitalismo extractivista y el fomento a transnacionales por parte del gobierno del MAS, afecta a los sistemas de vida, la biodiversidad y los ecosistemas, vulnerando los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, principalmente el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Alzamos la voz porque somos parte de la lucha de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en defensa del TIPNIS, Tariquia, Rositas, Madidi, Pilón Lajas, El Bala, Chepete y de todos los parques y territorios hoy en peligro de ser devastados por la minería, la exploración y explotación de hidrocarburos, las hidroeléctricas, las megaconstrucciones, el centro de investigación nuclear, la expansión de la frontera agrícola, el monocultivo, la deforestación, los transgénicos y el uso descontrolado de glifosato y pesticidas. Todo ello afecta con mayor dureza

a las mujeres de cada territorio pues se incrementan las cargas de trabajo, de cuidado familiar, de afectación a la salud y la economía de los hogares por los impactos socioambientales diferenciados, exponiéndolas a mayores niveles de contaminación y a la vulnerabilidad frente a la trata y tráfico, la prostitución, la mendicidad y otras consecuencias derivadas de la violenta imposición de estos mega proyectos pro-transnacionales.

¡Exigimos que detengan estos megaproyectos!

5. Repudiamos la aprobación de la Sentencia 0076/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional, que atropella derechos básicos de la población transexual y transgénero. Exhortamos a la población a defender los derechos de la población LGTBI en Bolivia ante los crímenes de odio y discriminación alentados por sectores conservadores, como las iglesias, contra quienes rompen con la heteronormatividad patriarcal.

¡Exigimos plenos derechos para toda la población transexual, travesti, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero!

6. Denunciamos la cadena de violencia en contra de las trabajadoras sexuales, víctimas constantes del abuso policial, la criminalización, la persecución, los insultos, los golpes y las violaciones, actos ejercidos en contra de las mujeres más desposeídas y desprotegidas y no en contra de las redes de proxenetas que gozan de protección estatal

¡Alto a la violencia en contra de las trabajadoras sexuales!

7. Cada día desaparecen niñas, jóvenes y adultas, para formar parte de la extensa lista de personas arrebatadas por las redes de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral, redes criminales que encuentran sus primeros aliados en la policía. La Ley Integral contra la Trata y Tráfico de personas es, en estas condiciones, nada más que un papel mojado ante esta realidad.

¡Exigimos políticas reales que combatan la trata de personas en el país!

8. La descomposición económica, social, política, cultural y poblacional, derivada del capitalismo, deteriora las bases materiales, generando que muchas personas migren en busca de empleo, salud y educación.

En Bolivia, las mujeres, además de sufrir las condiciones de sobreexplotación laboral en el país y fuera de él, cargamos con otros problemas. Si emigramos, somos estigmatizadas como “malas madres” que abandonamos a nuestros hijos. Si huimos de la violencia, terminamos sufriendo otros tipos de violencia en los países a donde llegamos, peor aún si somos emigrantes pobres. En el caso de emigrantes en condición irregular, quedamos vulnerables a la acción de estafadores que se aprovechan de nuestra necesidad de salir, no sólo hablamos de estafas económicas sino incluso de violencia sexual. Migrar es un derecho, pero en tanto nuestro propio país de origen no garantice las condiciones básicas de vida y las fronteras continúen siendo fortalecidas por los países receptores, nosotras seguiremos migrando de manera forzada y expuestas a todos los riesgos: violaciones, estafas, alejamiento de nuestras familias, entre otros.

La criminalización de la libre movilidad no hace más que poner en peligros a las migrantes por causas laborales o medioambientales, y a las refugiadas, tanto extranjeras en Bolivia, como bolivianas en otros países.
Frente a la militarización patriarcal de las fronteras, que tiene especialmente terribles consecuencias para las mujeres, niños y niñas ¡Exigimos libertad de movimientos de las personas!

9. En 2016 el país y el mundo fueron testigos de la cruel represión a la que el gobierno sometió a las personas con discapacidad que llegaron en caravana hasta la ciudad de La Paz demandando un bono mensual de sobrevivencia de Bs 500. Varias de estas personas ya han fallecido y no recibirán el bono municipal de Bs 250 para las personas calificadas con discapacidad grave o muy grave que el gobierno, a través de su mayoría parlamentaria, terminó legislando por fuerza de la presión internacional que declaró legítima la demanda.

Si ser persona con discapacidad en un país como Bolivia, donde las prioridades del gasto público son incomprensibles para la mayoría de la gente, ser mujer en esas condiciones es doblemente desventajoso, porque a la discriminación por razones de género se suma esta otra forma de discriminación.

Si bien el bono municipal puede ser un paliativo para afrontar las grandes necesidades de estas personas, también es necesario visibilizar el trabajo que representanta para las personas encargadas de su cuidado y que en su gran mayoría son mujeres. Ellas, en muchos casos, están impedidas de trabajar porque el cuidado de sus familiares supone un trabajo a tiempo completo. Ofrecerles como paliativo un trabajo de baja remuneración y ninguna seguridad es una burla cruel que en nada resuelve su situación. Exigimos del estado la creación de centros especializados de atención para personas con discapacidades, donde se les brinde todos los cuidados necesarios, sólo así se podría aliviar en algo el trabajo de las madres tutoras para que ellas puedan buscar otras fuentes de trabajo remunerado.

¡Las personas con discapacidades y las madres tutoras deben ser consideradas prioridad del Estado a la hora de distribuir el gasto público!

Finalmente, las mujeres que este 8 de marzo salimos a las calles a interpelar al Estado, al gobierno y toda la élite político económica y a denunciar frente a la sociedad todas las injusticias a las que somos sometidas por este sistema patriarcal, capitalista y colonial, declaramos enfáticamente nuestra disconformidad con actos hipócritas en los que, por un día al año, se pretende homenajear a las mujeres sin que ello signifique un cambio real en nuestra situación.

Este 8M que se escuche en todo el país y el mundo:
Mujeres trabajadores doblemente explotadas ¡y doblemente organizadas!
¡Alto a los feminicidios, justicia por nuestras muertas!
¡Por nuestro derecho al aborto libre, seguro y gratuito!
¡Por la lucha de las mujeres frente al extractivismo y en defensa de los territorios!
¡Contra toda forma de violencia machista y capitalista!

- Red de mujeres Trabajadoras y Sindicalistas