Se Tenía Que Decir. A dos años del #13J la legalización del aborto sigue siendo una tarea urgente

En la apertura de las sesiones legislativas de 2018, poco después de hacer pasar con represión la reforma previsional, Mauricio Macri anunció que pondría en debate la legalización del aborto, obviamente que dando a su bloque “libertad de conciencia”.

Ese año, el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, fue masivo. El debate comenzó poco después y duró unos 3 meses. Hubo “audiencias públicas” todos los martes y jueves, con invitados argumentando a favor y en contra de los derechos de las mujeres, y especialmente de éste, el de decidir sobre su útero, sobre sus cuerpos.

Un reclamo que tenía una larga historia de lucha pero que al calor de las movilizaciones por Ni Una Menos; del rechazo a la política de ajuste del macrismo; del hartazgo ante la imposición de las autoridades y de las cúpulas de las iglesias, encontró en la juventud, particularmente en las pibas pero también en los pibes de la marea verde, a los protagonistas centrales de este proceso que unió los pañuelos blancos de las madres, los pañuelos verdes de la legalización del aborto, y los pañuelos naranjas, a favor de la separación de las Iglesias del Estado.

Las audiencias y las calles

Dentro del Congreso, el debate estuvo centrado en "audiencias públicas" que estuvieron a cargo de los diputados oficialistas Daniel Lipovetsky, que presidía la comisión cabecera, de Legislación General; de las diputadas celestes Carmen Polledo -titular de la Comisión de Salud- y Gabriela Burgos -titular de Legislación Penal- y por la radical Alejandra Martínez, que presidía la entonces comisión de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia. En ese momento, quien encabezaba la defensa del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (entre una decena de proyectos) era Victoria Donda, que por esa época integraba la organización Libres del Sur y hoy, ya integrando el Frente de Todos, es titular del INADI.

Lo que sigue, es conocido: adentro, en las audiencias, cientos de figuras en apoyo al proyecto de la Campaña (médicas, activistas, filósofas, actrices, abogadas, periodistas, familiares); el régimen político, los partidos mayoritarios, tratando de instalar la idea de “transversalidad” y de “sororidad” como sinónimo de feminismo (como si no hubiera, además, feminismos y feminismos), especulando en un año electoral; las ONG’s vinculadas a las Iglesias recorriendo los pasillos.

Y afuera, la movilización en las calles, muy masiva, que amenazaba con la posibilidad no sólo de conquistar el aborto, sino también de unirse a otros sectores que hicieron suya esta lucha, o que salieron a defender sus derechos a partir de estas experiencias, como los mineros de Río Turbio o las trabajadoras del Hospital Posadas.

La organización dentro de las escuelas, terciarios y facultades, que se extendió y se enfrentó en muchos casos al desafío de las autoridades, fue otra característica. En muchas ocasiones sancionaron a estudiantes por usar pañuelos verdes, por organizarse en Comisiones de género, por tomar los colegios y reclamar por la legalización, por rechazar la presencia de símbolos religiosos dentro de las instituciones educativas.

Ponerle voz a los silencios

Es también el momento en la que surge el colectivo de Actrices Argentinas y se organizan otros grupos de mujeres y disidencias por áreas de trabajo, por profesión, por barrio, por colegio, que impulsan y participan de actividades en sus provincias y frente al Congreso Nacional. Un proceso profundo, que abrió debates en las casas, en los lugares de trabajo, en los barrios, en las organizaciones sindicales, y que también le puso voz a muchos silencios.

A los silencios de las propias mujeres, a los de las abuelas, las madres, hermanas, las compañeras de estudio y de trabajo; y también a los del poder político y clerical, que terminó quedando expuesto, con sus dinosaurios en el parlamento, en las Iglesias, en los gobiernos, en los partidos mayoritarios. La alianza reaccionaria que sostienen todos estos sectores, en nombre de “defensa de la vida”, también quedó al descubierto. Un poco eso fue lo que advertían desde el Frente de Izquierda, al inicio del debate, Myriam Bregman, Nathalia González Seligra y Nicolás del Caño.

La media sanción

El día del debate en Diputados, la sesión duró más de 20 horas, se siguió en vivo desde las casas, desde los lugares de trabajo, y en la calle, donde hubo vigilia de miles de pibas, muchas con sus madres; de organizaciones de mujeres, estudiantiles y de la izquierda. La Campaña Nacional por el Derecho al aborto organizó postas, escenarios y pantallas para seguir la sesión en vivo.

La votación fue muy pareja: 129 votos a favor y 125 votos en contra, después de meses de “debate”. Sin dudas, como titularon varios medios, fué un día histórico.

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Lo que siguió después también lo conocemos. Hubo maniobras, dilaciones, especulaciones políticas; alianzas que se profundizaron con el debate en el Senado, con Bergoglio acusando a las mujeres de “nazis”; con los gobernadores encabezando marchas “por la vida” junto a la cúpula católicas y evangélicas; con Cambiemos y el PJ aportando los votos necesarios para que no sea ley.

La legalización del aborto sigue siendo una tarea urgente

Alberto Fernández asumió anunciando que presentaría un proyecto propio, alternativo al de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, a pesar que ese proyecto no sólo está vigente sino que cuenta además con un amplio apoyo social, que se demostró en las calles.

Cumplido el plazo de los 10 días anunciados, llegó la pandemia. Y hoy, después de seis meses de gestión, el proyecto alternativo de Alberto Fernández no se conoce, el proyecto de la Campaña Nacional (representado en 2019) no se debate, y el aborto no es ley.

En declaraciones recientes, de hecho, el presidente afirmó que "en este marco", no lo considera "un tema urgente". Y entre las diputadas "sororas", del radicalismo y de la entonces oposición mayoritaria (básicamente el actual oficialismo), así como entre el feminismo que ingresó a la gestión del Estado, junto a Alberto Fernández, hay silencio de radio. El pasado 3 de junio, al cumplirse 5 años del primero Ni Una Menos, eso también se expresó.

Pero la pandemia y la crisis económica tiene consecuencias profundas sobre la amplia mayoría de las personas gestantes. Y mientras se limitan las posibilidades de conquistar la Interrupción Voluntaria del Embarazo no deseado, también empeoran las condiciones para acceder al aborto no punible, a la Interrupción Legal del Embarazo. Lo vimos recientemente en Santiago del Estero, con otra niña víctima de violación a la que se negó la ILE, y lo vemos en la criminalización de las mujeres que solicitan acceder a este derecho, como está pasando hoy mismo con una joven en Río Negro.

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Los vínculos entre las Iglesias y el Estado están en el centro de la responsabilidad. En 2020, Argentina sigue financiando a la Iglesia Católica con decretos de la dictadura y tiene potestad para incidir en la educación pública, en la salud de las mujeres. Después de las elecciones de 2019 avanzó incluso en su representación en el Congreso, con diputados evangélicos y voceros del Vaticano.

Mientras tanto, como indica el último informe del Observatorio de Género de La Izquierda Diario,, en Argentina se estima que se realizan por año entre 370.000 y 520.000 abortos. Hay más de 1 aborto cada 2 nacimientos y se estima que 2 de cada 10 mujeres que accedieron a un aborto legal, tenían 19 años o menos, y 3 de cada 10 entre 20 y 24 años.

La separación de las Iglesias del Estado y la inmediata legalización del aborto siguen siendo un tema urgente. Y es, claramente, una demanda que tendremos que arrancar con nuestra organización y nuestra lucha, sabiendo que nos enfrentamos a alianzas poderosas cuyo fin va incluso más allá de la prohibición a las mujeres de su derecho a decidir. Se trata de poder decidir y se trata de nuestras vidas, ante una crisis que pretenden descargar sobre nuestras espaldas, sobre las del pueblo pobre y trabajador.

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