El 13 de junio se debatirá la legalización del aborto en el Congreso. Entre la marea verde y los oportunismos políticos, se decidirá sobre el futuro de millones de mujeres.
Jueves 31 de mayo de 2018 11:55
Foto: elnueve.com
La enorme marea de mujeres en las calles, reclamando el fin de la violencia machista y el derecho al aborto legal, tomó por sorpresa a muchos. Se acerca el día en el que los diputados y diputadas votarán en el Congreso Nacional a favor o en contra de la despenalización y legalización del aborto, un reclamo que levantan hace décadas las feministas argentinas. La ola verde ha dado lugar a reacomodamientos insólitos. El gobierno nacional se adjudica el debate en el Congreso, aunque el presidente y los principales funcionarios estén en contra y sigan sosteniendo a la Iglesia Católica con subsidios del Estado. Cristina Fernández, enemiga del derecho al aborto bajo su mandato presidencial, apareció en Twitter y las redes estallaron por su contestación a Macri: “típico de machirulo”. En una interpretación bastante forzada, hay quienes la ubican a la vanguardia de una “batalla cultural” feminista; dibujos e imágenes photoshopeadas le ponen pañuelos verdes a Evita y a Cristina. Los aggiornamientos tienen un límite: mientras los políticos tradicionales hacen piruetas para caer bien parados, la Iglesia sigue movilizándose contra las mujeres y los aberrantes casos de niñas abusadas y obligadas a seguir con sus embarazos nos recuerdan que todavía no hemos ganado la batalla real.
A la conmoción por el caso de una niña abusada en Salta y obligada a seguir su embarazo -porque la provincia del peronista ultracatólico Juan Manuel Urtubey no adhiere al protocolo nacional de abortos no punibles, sancionado en 2015-, se suma la indignación por un caso similar en Mendoza, donde una niña de 11 años, violada por su padrastro, también está cursando un embarazo sin poder acceder al derecho a un aborto no punible, contemplado en el Código Penal desde hace casi 100 años. En lugar de implementar inmediatamente el protocolo del Ministerio de Salud –como finalmente tuvo que hacer Urtubey por decreto ante el enorme repudio por la violencia ejercida contra la niña salteña-, el gobierno de Mendoza descalificó a la maestra que dio a conocer en un audio la situación de extrema pobreza y vulnerabilidad de la nena y de sus hermanos. En campaña electoral, la vicegobernadora de Cornejo, Laura Montero, había prometido la aplicación del protocolo, que fue enviado a la Legislatura y cajoneado en 2015 por el gobernador del Frente para la Victoria Francisco “Paco” Pérez. También lo hizo la exministra de Salud Claudia Najul. La Directora de Género Silvina Anfuso, de Libres del Sur, no tuvo ninguna iniciativa para que se acelere la aplicación del protocolo en este caso aberrante. En vez de hacerse eco de los miles de mujeres que nos estamos manifestando en todo el país, le ceden a la presión de la Iglesia y de personajes siniestros como los que se paran en el Congreso a decir que es lo mismo “un bebé fruto del amor” y uno “fruto de una violación”.
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Funcionarios en las movilizaciones, discursos pomposos, marketing político: ninguna operación puede ocultar la realidad de que las mujeres más pobres siguen muriendo por abortos clandestinos, y de que tanto el kirchnerismo como el macrismo privilegian y privilegiaron su relación con la Iglesia por encima de este derecho elemental de las mujeres. Una operación muy burda está de moda cuando alguien se atreve a cuestionar el “feminismo” de las políticas burguesas, de las empresarias, de las juezas: “nadie puede decirle a otra mujer cómo vivir el feminismo”. Por más que lo intenten, no se puede poner un signo igual entre las mujeres que viven el flagelo del machismo, la desigualdad laboral, el aborto clandestino, y aquellas que ejercen o ejercieron el poder del Estado; entre las que son explotadas y vulneradas y las que ejercen el poder económico y el poder político.
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Cuando el machirulo es el Estado
El aborto es un problema de Estado. Legal o ilegal, es una política de salud, y los cientos de mujeres de los sectores populares que mueren o sufren secuelas en sus cuerpos por no acceder a este derecho, son víctimas de un femicidio estatal, de un verdadero crimen social con sus respectivos y respectivas responsables.
Contra este crimen social, hemos sido las “locas” durante años en los que el aborto ha sido silenciado y estigmatizado. En los que se impidió la educación sexual en las escuelas. En los que los anticonceptivos no se garantizaron.
A tres años y pocos días de la primera marcha masiva por #NiUnaMenos, una nueva marea verde colmará las calles y el Congreso Nacional debatirá la despenalización y legalización del aborto.
Hemos sido las "locas" que denunciaron la brecha del 27% en el salario entre mujeres y varones. Muchas "locas" salieron a pelear más de una vez por su puesto de trabajo, por el pan para sus hijos, y sufrieron la represión de estos nuevos “feministas”.
Hemos sido las "locas" que denunciaron los privilegios de la Iglesia y acompañado a las víctimas de sus abusos mientras los principales mandatarios se abrazan con el Papa y mantienen los sueldos de los curas y los obispos.
El discurso tiene un límite. El marketing también. A tres años y pocos días de la primera marcha masiva por #NiUnaMenos, una nueva marea verde colmará las calles y el Congreso Nacional debatirá la despenalización y legalización del aborto. No será sino por la enorme fuerza demostrada por las mujeres que arrancaremos este derecho. En un contexto de ajuste, con el FMI reclamando salarios de miseria, reforma laboral, recorte del gasto público, que afectará principalmente a las mujeres más pobres y de clase trabajadora, las "locas" tenemos que multiplicarnos e impedir que descarguen la crisis sobre nosotras.
