A pesar de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, la mitad de las provincias no tienen un protocolo adecuado que garantice el acceso a la ILE.
Jueves 14 de marzo de 2019 00:00
El desarrollo que tuvo el caso de Lucía, la niña violada en Tucumán que solicitó una Interrupción Legal de Embarazo, expuso la situación real que debe atravesar una mujer cuando intenta acceder a esta práctica.
En este caso puntual, el acceso se vio obstaculizado básicamente por la complicidad de sectores antiderechos con el gobierno de Juan Manzur, reconocido militante en contra del aborto legal.
Pero además, lleva a observar y revisar el procedimiento que en todo el país deberían cumplir los centros de salud cuando se solicita una ILE.
Justamente hace 7 años, que la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo FAL. En él ratificó lo que ya estaba escrito en el Código Penal desde el año 1921: el aborto no punible era un derecho. Por tal motivo con la simple solicitud de la mujer cualquier centro de salud tendría que garantizar el acceso a esta práctica, y sobre todo no era necesario la intervención de la justicia.
Pero la Corte fue más allá y estableció que en todas las provincias existiera un Protocolo de Atención para estos casos. Fue el Ministerio de Salud de la Nación el encargado de publicar dicho protocolo.
Siete años después, y con numerosos casos en donde el derecho de las mujeres fue vulnerado al intentar acceder a una ILE todavía existen provincias en donde este protocolo no se aplica o no se adecuan a lo planteado por la Corte.
Dentro de las provincias que no cumplen con esta disposición de la Corte están Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Mientras que las que funcionan con protocolos inadecuados son: Córdoba, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La no adecuación a lo impartido por el máximo Tribunal se traduce en, por ejemplo, que los centros de salud soliciten autorizaciones judiciales, o el acompañamiento de los padres. Algo que está en franca contradicción con lo que contempla el protocolo nacional.
No viene mal recordar que las tres causales que habilita al aborto legal son: violación, riesgo en la salud o peligro de vida de la mujer.
Además de contar con el fallo de la Corte, conocido como fallo FAL, existe en el país el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia que establece, entre otras cosas, que se garantice el “acceso a la ILE según el marco normativo vigente”.
El fallo existe, el protocolo de aplicación para proceder ante una interrupción legal de un embarazo también. Sin embargo asistimos a diario a casos que vulneran una y otra vez el derecho de mujeres y niñas que, atravesando situaciones muy difíciles, se les niega sistemáticamente este derecho.
