Las víctimas del cura pedófilo esperaron más de 20 años que la Justicia lo condenara. En esos años sufrieron más vejaciones por parte del fundador de Felices los Niños. El fallo del 2x1, una nueva provocación.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Jueves 9 de noviembre de 2017
En 1991 se abrió la primera causa judicial por abuso sexual a menores contra el cura Grassi y 22 años después se ordenaba su detención. Sin embargo pasaron más de cuatro años hasta que se efectivizara la sentencia a 15 años de prisión que se dictó en 2009.
Los menores, víctimas de Grassi, durante esos años de proceso judicial soportaron no solo las amenazas y agresiones físicas del entorno del cura, sino que además sufrieron la arrogancia de todo un sistema que mostró su indiferencia y desprecio por ellos y un apoyo sin velo al abusador. Grassi fue respaldado por la Iglesia católica, el poder político, empresarios, que hicieron muy buenos negocios junto a él, y estrellas del espectáculo.
Durante los años 90, en pleno apogeo del menemismo, Grassi se convirtió en una figura prestigiada por dirigir la fundación Felices los Niños; una institución dedica a albergar chicos carenciados y huérfanos, con “guarda” judicial. Más de 6300 niños fueron derivados por la justicia a esa fundación.
Socio en negocios millonarios con la farándula y con fuertes vínculos con el poder menemista, Grassi construyo un “imperio” que le otorgó impunidad, y hasta hoy muchos privilegios.
Bajo la era menemista, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo le proporcionó $5 millones y 65 hectáreas de tierra en Hurlingham para instalar la Fundación Felices los Niños. Recibió fondos de Chiche Duhalde, de los hermanos Born y del Banco Nación.
En el año 1998 Grassi mantuvo una disputa con gente de Hard comunications, una empresa de Jorge Born que ganaba dinero a través de juegos telefónicos. El cura denunció que esta firma lo había estafado por no entregarle el dinero que debían al finalizar el concurso televisivo del programa de Susana Giménez. Esta denuncia le costaría caro al hasta entonces prestigioso cura.
Los empresarios destaparon la olla y Grassi fue sospechado de lavado de dinero, evasión impositiva y abuso sexual de menores. Las víctimas de abuso sexual se animaron a realizar las denuncias, por los mismos cargos de una causa, cajoneada, en 1991. En el año 2000 se abre una nueva causa por estos delitos, pero sus vínculos con el poder permitieron que poco tiempo después otra vez fuese cerrada.
El poder político y los empresarios lo respaldaron
En junio de 2001, bajo el gobierno de la Alianza, el ministro Cavallo organizó una cena en beneficio de la fundación que se realizó en uno de los hoteles más caros del país. La recaudación llegó a los 300 mil dólares, con aportes de Carlos Ruckauf, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri (una camiseta de Boca se vendió a 35 mil dólares y una de River a 20 mil), Mariano Grondona y los empresarios Santiago Soldati, Alejandro Roemmers, José María Ranero Díaz (Repsol-YPF), Sergio Inaudi (Techint) y Cristiano Rattuzzi (Fiat), entre otros. En esos años Grassi recibía aportes millonarios por parte del supermercadista Alfredo Coto, o de empresas como Metrovías.
El juicio
Este gran respaldo que recibió no fue suficiente para que las víctimas dejaran de reclamar justicia. Esta lucha constante permitió que en 2002 comenzara el juicio por 19 casos de abusos de menores. Durante seis años se desarrolló la instrucción, plagada de irregularidades y amenazas a testigos. El juicio oral, que contó con casi 200 testigos y se extendió por nueve meses, encontró a Grassi culpable de sólo tres hechos de abuso sexual y corrupción de menores.
En 2009 fue condenado y hasta que la sentencia no quedó firme, recién cuatro años después, no fue encarcelado. Desde 2013 está detenido y desde la cárcel logró seguir atemorizando a los menores que vivían en la fundación Felices los Niños.
Llevaba menos de un año detenido cuando fue denunciado por desviar donaciones de la fundación hacia el penal donde se encuentra detenido. Dos veces por semana llegan cargamentos de comida al penal, proveniente de la fundación Felices los Niños, desviados a la penitenciaria por dos “discípulos” del cura Grassi. Este desvío de donaciones le permitió a Grassi gozar de prebendas y prerrogativas. En tan sólo nueve meses había logrado manejar un penal.
En septiembre de 2016 Grassi volvió a ser acusado. Con dinero de la fundación Felices los Niños, habría pagado el alquiler de su casaquinta de Hurlingham, ubicada justo enfrente de la fundación. Nuevamente el poder del cura quedaba en evidencia, lo que las víctimas sienten como una amenaza permanente.
Durante el juicio, el entonces cardenal Jorge Bergoglio, así como el conjunto de los representantes de la Iglesia Católica, con su silencio cómplice protegieron al despreciable Grassi. A pesar de las condena social y judicial, Grassi no fue sometió al Código Canónico, el tribunal judicial interno de la Curia.
El 2x1, un nuevo beneficio
El cura que acumuló apoyo del poder político, judicial, y mediático continúa recibiendo beneficios. Grassi en dos oportunidades tuvo prisión preventiva, sin condena. Primero desde el 23 de octubre al 21 de noviembre de 2002; luego fue detenido bajo prisión domiciliaria entre el 7 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de ese año.
Si bien la ley del dos por uno, que se aplicaba aquellas personas que habían estado detenidos sin condena, fue derogada en 2001 y la primer detención de Grassi fue en 2002 la justicia lo vuelve a beneficiar con una ley, derogada, que incluso solo se aplicaba a los procesados, mientras que el cura cuenta con una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia desde el pasado 21 de marzo pasado.
Además, la ley del 2x1 no es aplicable a reincidentes, y el cura cuenta con una condena reciente, a dos años de cárcel por pagar el alquiler de la quinta con fondos de la Fundación Felices los Niños. Incluso el cura deberá enfrentar otro juicio por desvío de fondos vinculado a las donaciones que tenían como destino a la fundación, pero que eran enviados a la Unidad Penitenciaria 41 de Campana, donde el religioso cumple su condena.
Por su parte, el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa contra el cura, anticipó que apelará la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón.
El poder del abusador
La Iglesia Católica cuenta en su haber con miles de denuncias contra curas abusadores, a raíz de esto el Vaticano ha debido desembolsar de sus arcas, poco santas, millonarias sumas para indemnizar a las víctimas.
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El abuso sexual contra menores ejercida por curas que, en la mayoría de los casos, los menores depositan en ellos confianza y respeto, tiene el agravante que detrás de estos pedófilos hay toda una institución prestigiada socialmente lo que lleva a silenciar el abuso. Grassi no sólo contó tener a su favor a esta institución, sino que tuvo a todo el poder político y la farándula a sus pies.
Mauricio Macri puso a disposición del cura pedófilo los fondos del Club de Boca que presidia por entonces, aun cuando Grassi llevaba 10 años de estar denunciado por abuso sexual de menores. Hoy al frente del gobierno nacional, habla de justicia y trasparencia y parece olvidar a quien ayudó dejar impune con su apoyo desde el club más popular de la Argentina.
Mientras tanto, y a pesar de todas las denuncias que hay en nuestro país de curas abusadores, el Estado continúa subsidiando a los colegios católicos y a la Iglesia, una institución, que ni siquiera separó de sus filas al cura genocida Von Wernich, mientras continúa oponiéndose a derechos democráticos elementales como la educación sexual en todos los colegios y el derecho al aborto.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
