Jueves 6 de noviembre de 2014
El Senado mendocino dio aprobación a un proyecto de Ley, de la senadora Wanda Paredes (FPV-PJ), que tiene por objeto establecer la adhesión de la Provincia de Mendoza a la Ley 26364 - Prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas; y su modificatoria Ley 26842.
La autora del proyecto fundamenta que la trata de Personas afecta sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes; que entre las formas mas graves de trata, se encuentra la que tiene por finalidad la explotación sexual con fines comerciales, que se constituye como una forma moderna de esclavitud. Según la autora del proyecto, este delito se ha extendido de forma inquietante durante los últimos años en la región. Esta modalidad abarca casos de secuestros de niños, niñas y adolescentes para transformarlos en verdaderos esclavos, carentes de todos los derechos, en objetos en poder de otros que dirigen sus acciones y su vida misma.
Por su parte, la senadora del PTS-FIT, Noelia Barbeito,que votó afirmativamente el proyecto; durante el debate no se privó de criticar al gobierno nacional por la falta de reglamentación de la ley y señaló “más allá de nuestras diferencias, que no podemos dejar de mencionar con estas leyes, tomamos el legítimo reclamo de las organizaciones de mujeres por la reglamentación de la Ley 26.842 para que no quede en letra muerta. La modificación del proyecto original presentado a las apuradas por el kirchnerismo luego del escandaloso fallo de la justicia tucumana en el caso Marita Veron, fue producto de la movilización popular y desde nuestra banca somos parte de la lucha que damos día a día las organizaciones de mujeres, como Pan y Rosas de la cual yo soy militante, por el desmantelamiento de todas las redes de trata y prostitución, la aparición con vida YA de todas las mujeres y niñas desaparecidas y la recuperación de su identidad a quienes han nacido en el cautiverio de la esclavitud sexual”.
En agosto de este año, la diputada Soria, también del PTS-FIT, presentó un proyecto de declaración en el que se le exige al gobierno nacional que reglamente la mencionada Ley e indicó que "la tienen cajoneada hace ya casi dos años. Hay que terminar con el doble discurso e investigar a fondo la vinculación de este negocio con el poder político y las fuerzas de seguridad, para desmantelar todas las redes de trata”.
Fue en el marco de esta problemática que el fiscal de delitos complejos Santiago Garay citó a declarar a la diputada Soria partir de una votación de la cámara de diputados propuesta por el diputado de La Cámpora Lucas Ilardo y acompañada por el conjunto de los bloques de los partidos mayoritarios. Este mismo fiscal llamó hace un año a declarar a Nicolás del Caño y también a docentes del Departamento de Lavalle. “Es preocupante que los poderes del estado estén ocupados en llamar a declarar a las personas y organizaciones que formamos parte de la búsqueda de las mujeres desaparecidas, en vez de poner todas esas energías en encontrar a las mujeres que hoy no están y desbaratar esas redes de tratantes. Creemos que esta citación es un intento de judicializar nuestras opiniones políticas, pero estás opiniones que hemos vertido son tomadas de las denuncias planteadas por las organizaciones de mujeres, por las organizaciones contra la trata, e incluso por los propios organismos del Estado” sentenció Soria. Según la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) habría vinculación entre sectores del poder judicial y los lugares de explotación, como también de sectores de las fuerzas de seguridad. Desde esta unidad fiscal se afirma que en un 22% de los casos existiría una complicidad de funcionarios públicos o policiales
