El pasado 20 de diciembre, las agrupaciones de jubilados realizaron frente al Congreso el histórico brindis con pan y agua, mientras, a pocas cuadras, otras organizaciones marchaban en defensa de los derechos humanos de les trabajadores y contra el ajuste. Este año, el evento se materializó en un contexto de gran complejidad, marcado por el desasosiego y la preocupación, en un escenario de recrudecimiento de múltiples formas de maltrato estructural y simbólico a la población mayor.
Jueves 28 de diciembre de 2023
El brindis con pan y agua es una ceremonia colectiva, pública y abierta que se realiza antes de la finalización de cada año en el marco de la marcha de los miércoles. Apunta a concientizar sobre la crisis que atraviesan las personas jubiladas y pensionadas del país y a visibilizar sus luchas históricas.
Semanas atrás, el Ministro de Economía Luis Caputo comunicó mediante un mensaje grabado la intención de suspender la Ley de Movilidad Jubilatoria que dispone ajustes trimestrales. Agregó que, hasta que se apruebe una nueva fórmula, los aumentos se establecerán por decreto, es decir, de manera discrecional. Ahora bien ¿Qué parámetros se tendrán en cuenta al momento de decidir? ¿Cuál será el criterio a valorar para determinarlo? La modalidad comunicativa obturó la repregunta que hubiera permitido acceder a detalles sobre su implementación, si es que los tuviesen definidos.
La acotada información oficial, combinada con los múltiples supuestos y enunciados condicionales que circulan en los medios, principalmente en los programas de televisión de aire, multiplican la incertidumbre colectiva e impactan negativamente en las personas mayores: “se aumentarían las jubilaciones por decreto”, “en principio no hay bono para jubilados”. La falta de comunicaciones claras, precisas y el anuncio “a medias” de las próximas modificaciones, no hacen más que generar malestar, angustia y preocupación a un grupo de población que viene siendo perjudicado sistemáticamente.
Con anterioridad a la asunción presidencial, durante la campaña, varios indicios daban cuenta del lugar asignado a la población mayor. Para los “viejos meados”, ausencia de propuestas específicas, exclusión de la temática en los debates, invisibilización de sus necesidades y descalificaciones de distinto tipo. Además, se vislumbraba con preocupación la amenaza de privatización de la seguridad social mediante el regreso de las AFJP.
El maltrato estructural deviene de las desigualdades sociales y constituye la base de la vulneración de derechos. Propicia y facilita la violencia simbólica, sutil e invisible. Emerge bajo la forma de acciones u omisiones que afectan a las personas mayores. Desvalorización, indiferencia, exclusión, son algunas de las manifestaciones del maltrato social que relegan a esta población afectando el ejercicio de sus derechos.
