Cuarentena extrema. Las medidas restrictivas del gobierno provincial, impiden a más de 7 500 personas ingresar. El organismo de derechos humanos reclama que la Corte Suprema intervenga.
Miércoles 11 de noviembre de 2020 20:15
A siete meses de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19 y del decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país. Desde entonces, el gobierno de Gildo Insfrán del Frente de Todos, ha restringido de tal manera el ingreso a la provincia, que más de 7.500 personas no han podido regresar a sus hogares. Muchas de ellas están varadas en la ruta, incluso un joven perdió la vida. Era un trabajador golondrina, que había realizado todos los trámites para regresar junto a su familia, se lo negaron una y otra vez, hasta que decidió ingresar a nado. Intentó cruzar el río Bermejo cuando perdió la vida.
Por esto es que Amnistía Internacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga para garantizar que se brinde una respuesta urgente a las más de 7.500 personas que aún no pueden regresar a sus hogares en la provincia de Formosa.
El pedido del organismo de derechos humanos, fue realizado en el marco de dos acciones judiciales presentadas por quienes se encuentran varados en distintos puntos del país.
La organización internacional, en una carta dirigida al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, expresó su preocupación por las medidas establecidas por el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Formosa y destacó que es necesario que las iniciativas implementadas sean respetuosas de los derechos humanos.
Amnistía Internacional informa que “recibió denuncias de personas que solicitaron autorización para regresar desde hace meses y aún no tuvieron respuesta. Algunas se encuentran esperando el permiso varadas en la ruta, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y durmiendo en la intemperie. También hay situaciones de salud urgentes que no pueden ser atendidas o bien casos vulnerables a los que se les niega acompañamiento”.
Asimismo, la organización recibió información sobre las denuncias por las malas condiciones higiénicas y sanitarias en los centros de alojamiento preventivo, lugares en los cuales se realiza la cuarentena obligatoria una vez autorizado el ingreso.
Por su parte, el Juzgado Federal N° 2 de Formosa ha hecho lugar a varios de los reclamos de las personas afectadas. A la fecha se han presentado acciones judiciales en representación de cerca de 900 personas y, en el marco de esos procesos, se ordenó a las autoridades formoseñas garantizar el ingreso de los afectados en un plazo no mayor de 10 días.
Amnistía informa, que a partir de esas decisiones judiciales, en noviembre las autoridades formoseñas notificaron a los beneficiarios de los hábeas corpus que para poder ingresar deberían abonar los gastos de los test PCR y el alojamiento en hoteles para el cumplimiento de la cuarentena.
En caso de no poder afrontar los gastos, los turnos disponibles para el ingreso a la provincia varían entre enero y abril de 2021.
