Un informe de la ong Planificación Familiar 2020 reveló que el aumento del uso de anticonceptivos en países en desarrollo evitó la muerte de más de 130 mil mujeres y niñas por complicaciones durante el embarazo y parto.
Miércoles 13 de noviembre de 2019 23:33
La ong alianza global Planificación Familiar 2020, que se ocupa de atender los derechos de las mujeres y de las jóvenes sobre el uso de anticonceptivos, publicó un informe en el que indica que en los países en desarrollo alrededor de 315 millones de mujeres y niñas utilizaban métodos de anticoncepción modernos (inyectables, pastillas, implante subdérmico).
Con estos resultados la ong se propone como objetivo ampliar el acceso a la información, servicios y suministros de planificación familiar a 120 millones de mujeres y niñas de los países más pobres.
El dato más importante es que gracias a la anticoncepción se evitaron solo en el 2018 más de 130 mil muertes de cuerpos en edad de gestar causadas por complicaciones durante el embarazo o en el momento del parto.
No existen dudas de la importancia que tienen los anticonceptivos para la salud pero también para poder ejercer el derecho a elegir cuándo, cómo y con quién llevar adelante un embarazo.
Sin embargo, en nuestro país el uso de anticonceptivos se vio seriamente afectado a poco de asumir Mauricio Macri. Una merma que se profundizó luego de que el año pasado se debatiera el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.
El vaciamiento fue progresivo. En el año 2016 entregaron el 27% de lo previsto para los tratamientos hormonales (implantes sub dérmicos y pastillas orales). Y el 20% en lo que respecta a profilácticos.
Este recorte brutal no solo tiene que ver con un ajuste en el presupuesto, sino que viene de la mano con la presión que ejercieron y ejercen las jerarquías de las iglesias evangélica y católica que se oponen a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y a los métodos anticonceptivos.
Recordemos que la iglesia católica solo acepta como método para evitar un embarazo el que llaman “natural”, es decir el que rige el ciclo ovulatorio de la mujer.
De modo que el ajuste y la falta de presupuesto para la entrega de métodos anticonceptivos podría ser en realidad una cortina de humo para intentar ocultar el tinte conservador de este gobierno.
Un tinte que no es solo potestad del macrismo. Si hacemos un poco de historia con respecto a la planificación familiar en la Argentina, en un artículo escrito por Mabel Bianco y publicado por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, vamos a encontrar datos sobre la evolución que tuvieron estas políticas en nuestro país.
Si retrocedemos cuatro décadas, llegamos al gobierno de Isabel Perón. Fue ella quien en el año 1974 firmó un decreto presidencial (Nº 679) que prohibía las actividades de Planificación Familiar en los servicios de salud públicos y en la Seguridad Social.
Esta anulación fue ratificada por un nuevo decreto (Nº 3.839) del año 1976, en plena dictadura militar. Básicamente prohibía a los médicos recetar anticonceptivos, por lo que quien quisiera acceder a ellos debía pagarlos. Cerraban así la posibilidad de acceso a una gran parte de la población, sobre todo si tenemos en cuenta la crisis económica que estaba en ciernes.
Recién en el año 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se deroga este decreto. Pero esta norma no alcanzó para imponer una política de planificación familiar, como tampoco la distribución masiva de métodos anticonceptivos. De todas formas este pequeño avance volvió a fojas cero, cuando en el año 1989 asume Carlos Menen, cambiando nuevamente las políticas de población.
Si hacemos el ejercicio de observar qué rol jugó, por ejemplo, la iglesia católica en las décadas mencionadas, podemos ver que es casi una réplica del loby que lleva adelante hoy. Que quedó en evidencia con las campañas en contra del derecho al aborto y ahora oponiéndose a la ley de Educación Sexual Integral y al uso de anticonceptivos.
Es por eso que el ajuste en las partidas para salud sexual y distribución de métodos anticonceptivos es real. Pero no menos cierto es el compromiso que toman los gobiernos de turno con las iglesias ya que las necesitan como un aliado fundamental para contener a los sectores donde la crisis económica, propiciada por el FMI, tiene más impacto.
En pocas semanas asumirá en nuestro país un nuevo gobierno que, para ganar las elecciones formó un frente en donde incluyó a sectores estrechamente ligados a las iglesias católica y evangélica.
Si bien el presidente electo, Alberto Fernández, se mostró dispuesto a avanzar en proyectos como la legalización del aborto, la resolución no depende de voluntarismos personales ni roscas políticas en el Congreso. Sino confiar en la fuerza y la lucha que el movimiento de mujeres pueda dar en las calles.
