Las asambleas por el Agua rechazaron el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional parte de la ley 7722, habilitando químicos contaminantes. Contra el lobby minero y sus partidos, la defensa del agua de Mendoza está en las calles
Sábado 30 de octubre de 2021 15:02
Este viernes, se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional una parte del artículo 1 de la ley 7722, habilitando el uso de sustancias contaminantes en emprendimientos mineros. A pedido del lobby minero y sus empleados políticos, la Corte Suprema dio un golpe institucional contra la ley que protege el agua de Mendoza, como denunció Lautaro Jimenez, senador provincial del Frente de Izquierda.
"El reciente fallo de la Corte nacional declara constitucional la mayor parte de nuestra ley 7722. Sin embargo, alentando a los capitales mineros, declaró inconstitucional una expresión del artículo 1, que prohíbe el uso de “otras sustancias tóxicas similares”. Aunque cianuro, ácido sulfúrico y mercurio siguen prohibidos en minería metalífera, este fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como xantato, poliacrilamida y otras", explicaron desde las asambleas en un comunicado.
La corte Suprema pretende imponer con este fallo lo que no pudieron hacer peronistas y radicales cuando, en 2019 pretendieron modificar la ley. En aquella oportunidad, miles de mendocinos y mendocinas salieron a las calles en toda la provincia para derrotar el pacto minero de Suárez y Fernandez Sagasti.
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"Las asambleas no olvidamos que en 2019 las cúpulas del PJ y la UCR acordaron derogar la ley 7722 traicionando al pueblo mendocino. El Frente de Todos y Cambiemos son socios estratégicos del lobby empresarial megaminero, y no hay grietas en su intento conjunto de imponer contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes", denunciaron las asambleas y explicaron como este fallo beneficia directamente a la minera San Jorge. "Le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata, con una técnica similar a la de Minera Alumbrera en Catamarca", denunciaron.
Desde su sanción en 2007, la 7722 ha sido blanco de ataques tanto de las mineras como de sus socios políticos, tanto del PJ como la UCR. Con su lucha, el pueblo mendocino no solo conquistó la ley sino que también consiguió la declaración de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte provincial e hizo retroceder desde las calles el pacto de Suárez y Sagasti para modificarla en beneficio de las mineras. "Unamos la lucha en Mendoza y el país. El fallo de la Corte a favor de la Megaminería contaminante acompaña la ofensiva del Gobierno Nacional y la derecha contra las leyes que protegen el agua y el ambiente. La lucha del pueblo en las calles es la única que puede defender el agua", exigió Lautaro Jimenez, quien dio a conocer el fallo de la corte.
Por su parte, desde las asambleas exigieron que "la Legislatura trate y apruebe con urgencia el proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas, y que la dirigencia política acepte que la megaminería no tiene ni tendrá jamás Licencia Social en Mendoza".
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Lee el comunicado completo:
LA MEGAMINERÍA NO TIENE LICENCIA SOCIAL
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) expresamos nuestro rechazo a parte del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre nuestra Ley 7722 Guardiana del Agua, elemento clave de la resistencia de nuestro pueblo contra la instalación de la megaminería en nuestros territorios. Nos declaramos en estado de alerta y movilización y convocamos a todo el pueblo a regresar a las calles para defender nuestra agua.
El reciente fallo de la Corte nacional declara constitucional la mayor parte de nuestra ley 7722. Sin embargo, alentando a los capitales mineros, declaró inconstitucional una expresión del artículo 1, que prohíbe el uso de “otras sustancias tóxicas similares”. Aunque cianuro, ácido sulfúrico y mercurio siguen prohibidos en minería metalífera, este fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como xantato, poliacrilamida y otras.
La derrota jurídica que sufrió el lobby minero en 2015, producto de la movilización popular que logró sostener ante la Justicia mendocina la constitucionalidad de la ley 7722, fue compensada con la decisión política de la Corte nacional de favorecer parte del reclamo de Minera San Jorge. Y esto en un contexto político donde tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández como el provincial de Rodolfo Suárez pretenden impulsar la megaminería y el fracking en Mendoza. Las asambleas no olvidamos que en 2019 las cúpulas del PJ y la UCR acordaron derogar la ley 7722 traicionando al pueblo mendocino. El Frente de Todos y Cambiemos son socios estratégicos del lobby empresarial megaminero, y no hay grietas en su intento conjunto de imponer contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes.
Este guiño judicial al poder político y económico nos obliga a informar el riesgo al cual quedamos expuestos. La principal beneficiaria inmediata del fallo es Minera San Jorge, pues le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata, con una técnica similar a la de Minera Alumbrera en Catamarca. Si diera lugar a esa pretensión, el gobierno provincial será responsable de la conflictividad social en torno a un proyecto que desde sus inicios no tuvo licencia social. Mientras la clase política apoya el proyecto San Jorge, se niega desde hace dos décadas a crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Ese proyecto presentado por la comunidad de Uspallata, apoyado por AMPAP y el movimiento socioambiental, permitiría un modelo productivo socialmente inclusivo y en armonía con el ambiente y los bienes comunes.
Los medios de desinformación, principales aliados de las empresas y del gobernador, celebraron el fallo judicial con el objetivo de confundir a nuestro pueblo. Pretenden deslegitimar nuestra ley 7722 y cuestionar su apoyo social, para instalar la mentira de que la megaminería solucionaría los problemas económicos que atraviesa Mendoza. Las asambleas repudiamos esos intentos de desorientar a la ciudadanía comprometida con la defensa del agua. Instamos al amplio movimiento socioambiental y organizaciones de todo tipo a expresarse en calles, plazas, medios y redes, retomando la experiencia histórica que como pueblo nos permitió recuperar la ley 7722 en diciembre de 2019. Nuestra fortaleza está en la unidad y en la conciencia del pueblo que defiende el agua de Mendoza. Desde AMPAP exigimos que la Legislatura trate y apruebe con urgencia el proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas, y que la dirigencia política acepte que la megaminería no tiene ni tendrá jamás Licencia Social en Mendoza.
EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA
