Opinión. Avances sobre el aborto en México ¿Qué sigue?

El pasado 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo de inconstitucionalidad ante la penalización del aborto en Coahuila, al ser un fallo aprobado por más de 8 magistrados, el mismo genera un principio de obligatoriedad para todas las juezas y jueces del país.

Es decir, en términos generales, es inconstitucional que las mujeres y personas gestantes sean penadas por acceder a un aborto. Esto es, sin duda un avance sustancial en la lucha por el derecho al aborto a nivel nacional, ya que implica que es reconocido que no se puede juzgar a las mujeres que se practican un aborto.

Este fallo, además, se da en el marco del ascenso del movimiento de mujeres a nivel nacional e internacional, en el que una de las banderas ha sido precisamente la exigencia del derecho al aborto, legal, seguro libre y gratuito, y por ello, no es un regalo de ningún gobierno o institución, sino que es precisamente producto de la lucha histórica de las mujeres por nuestro derecho a decidir.

Es también, un paso adelante para enfrentar a la derecha y los sectores conservadores, expresados en la iglesia, los grupos antiderechos (mal llamados provida), y los partidos patronales de la derecha. El mismo fortalece la lucha de las mujeres para, por un lado, evitar que dicha conquista retroceda, pero también para avanzar hasta conquistar este derecho de forma plena.

Previo a este fallo, Hidalgo y Veracruz se sumaron a Oaxaca y la CDMX, como entidades en las que está despenalizado el aborto, y luego de la sentencia de la Suprema Corte, Colima y Baja California avanzaron en modificar los códigos penales locales en consonancia con lo dictado por dicha sentencia.

Luego de más de cuatro meses, el pasado 14 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en fallo de la SCJN; esto deja en un interregno al derecho al aborto, ya que, el mismo debería estar seguido de la armonización de los códigos penales de las entidades que aun penalizan el aborto, sin embargo, la presentación y discusión de las iniciativas aun es lenta.

Algunos ejemplos de esto son el estado de Guerrero, que ha retrasado más de un mes la discusión de la iniciativa para la despenalización del aborto. Caso similar el de Puebla que lleva más de un año con la iniciativa en la congeladora, pese a las protestas y el parlamento abierto en dicha entidad.

Otro caso importante es Sinaloa, pues desde septiembre del año pasado la SCJN emitió un fallo que marcaba como inconstitucional uno de los artículos de la constitución local de dicha entidad que implicaba la “protección de la vida desde la concepción”, un recurso utilizado para impedir el derecho a decidir y criminalizar a las mujeres. Sin embargo, pese a ese fallo, continúa atascada la discusión para despenalizar el aborto en dicha entidad; aunque la discusión inició el 26 de enero, se estima que la iniciativa pasará al pleno hasta marzo.

¿Despenalizar o legalizar?

Sin duda, los avances en torno al derecho al aborto han sido muy importantes y estos deberían ser un impulso para luchar por nuestro derecho a decidir sin ningún tipo de restricción. Aunque es positivo que se avance en la despenalización como lo han hecho distintas entidades, si la misma no se acompaña de la legalización seguirá viéndose limitado dicho derecho.

Esto queda muy claro con el ejemplo de Oaxaca, que, a más de dos años de la despenalización del aborto en dicha entidad, a la fecha solo hay un hospital que brinda el servicio de forma gratuita, que claramente es insuficiente, además de que hay muy poca información al respecto. Esto se expresa también en que desde 2020 está frenada la discusión en torno a la iniciativa para la modificación de la ley de salud en Oaxaca.

Avanzar con la despenalización —que significa que todos los códigos penales del país hagan modificaciones y eliminaciones de artículos que penalizan el aborto consentido—, debe ir acompañado de la legalización, es decir, las modificaciones pertinentes en las leyes de salud para que el derecho al aborto este estipulado como tal, pero no solo eso, sino que el Estado lo garantice realmente en todas las clínicas y hospitales.

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos implica también el impulso de educación sexual integral en todas las escuelas, así como el acceso a anticonceptivos y atención ginecológica gratuita y de calidad.

El potencial del movimiento de mujeres, junto a la fuerza de organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas, puede ser capaz de imponer que este derecho se garantice, impulsando una campaña nacional por el derecho a decidir.

Será tomando las calles y organizándonos desde nuestras escuelas y centros de trabajo que garantizaremos ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!