Fue organizada por el intendente Darío Monteros (FpV) y ya tiene su primera denuncia: detención ilegítima y torturas con picana eléctrica. Vecinos denuncian que portan armas de fuego.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Martes 2 de febrero de 2016
Los vigías municipales desfilan frente el gobernador Juan Manzur y el intendente Darío Monteros
En diciembre del año pasado, el intendente de la Banda del Río Salí, Darío Monteros (Frente para la Victoria), anunció la creación de una vigía municipal integrada por alrededor de 100 “ciudadanos”. Sin especificar el criterio de selección ni los antecedentes de estos “ciudadanos”, Monteros sostuvo que la función de los vigías es “advertir a la Policía sobre posibles actos delictivos y vandálicos”.
La medida tomada por el intendente fue aprobada por el secretario provincial de Seguridad, Paul Hofer, quien afirmó que “la vigía municipal no va a hacer la tarea de la Policía, que es la única que tienen el monopolio del uso de la fuerza pública” y que actuarían “en forma coordinada con esta fuerza”.
El carácter de este grupo parapolicial se puede deducir con el hecho de saber que los comanda un ex comisario, Fabio Ferreyra. Un mes después de su creación, los vigías municipales demostraron su “estrecha colaboración” con las fuerzas policiales.
Marcelo y Rodrigo Carrizo denunciaron a Ferreyra por presuntos delitos de torturas, privación ilegítima de la libertad y lesiones graves. Según relató el abogado Gustavo Morales, “el 21 de enero a las 13.30 los Carrizo circulaban en moto cuando fueron interceptados violentamente sin motivo alguno en la intersección de la ruta 306 y circunvalación (ruta 9) por personal de Vigías Municipales a cuyo mando se encontraba el jefe de dicha repartición, el comisario Fabio Ferreyra”.
“Sin ninguna justificación y sin mediar palabras, el mencionado Ferreyra y aproximadamente 20 efectivos de vigías municipales comenzaron a agredirlos brutalmente, empleando picanas eléctricas y provocándoles heridas de importante consideración, especialmente a Marcelo Carrizo, a quién le ocasionaron la pérdida de diversas piezas dentarias. Luego los trasladaron a las dependencias de la Comisaría de Lastenia, donde quedaron privados de su libertad hasta las 18, sin informarles la causa de dicha privación ilegítima de su libertad”, señaló el letrado.
Morales destacó el hecho de que el ex comisario Ferreyra fue candidato a concejal en un acople que llevaba como intendente a Monteros. Por último, Morales agrega que “se da el agravante de que el comisario Ferreyra y el personal involucrado en esta denuncia fraguaron una causa en contra de un familiar de los Carrizo, que es efectivo policial, para pretender extorsionarlos o desalentarlos de que efectuaran la denuncia penal correspondiente”.
Denuncia por portación de armas
A pesar de que las vigías municipales no tienen permitido llevar armas de fuego, ya que se dedican supuestamente a “la prevención” y el “cuidado de los espacios públicos”, los vecinos han fotografiado a integrantes de la vigía municipal con armas.
Reforzar una política represiva
La creación de vigías municipales es un viejo proyecto que permaneció en carpeta durante años. En 2003, José Alperovich en su primer mandato como gobernador había intentado ponerlo en pie con un grupo de beneficiarios de planes sociales. Desde fines de 2015 los intendentes empezaron a implementarlo.
Si antes para un ex comisario o un policía retirado era un negocio la “seguridad privada”, ahora continúan su carrera represiva bajo el cobijo estatal. Para dirigir estos grupos parapoliciales se convocan a comisarios y policías retirados. En Las Talitas está como asesor el comisario retirado Pedro Roberto Najar, hermano del intendente. En Tafí Viejo pusieron a cargo al ex subjefe de la Policía, Víctor Hugo Sánchez. En Lules también buscan a ex comisarios. En Tafí Viejo los policías retirados integran una fuerza de 60 hombres.
El intendente radical de Yerba Buena, Mariano Campero, se ampara en la “teoría de los vidrios rotos”. Esta teoría, elaborada por Jame Q. Wilson y George L. Kelling, sostiene que si un edificio tiene una ventana rota que no se repara, “vándalos” romperán otras más y finalmente irrumpirán en el edificio para quemarlo desde adentro. Cómo sostiene el sociólogo Loïc Wacquant “esta teoría, nunca confirmada empíricamente, sirve de coartada criminológica para la reorganización de la actividad policial” que impulsa la “tolerancia cero”. “El objetivo de esta reorganización es calmar el temor de las clases medias y altas –las que votan– mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos”, agrega en Las cárceles de la miseria (Manantial, p. 35).
La idea de la “prevención del delito” a través de la ocupación del espacio público por parte de grupos policiales o parapoliciales encubre el reforzamiento de la política represiva que tiene como fin el hostigamiento cotidiano en sectores de la juventud y el pueblo trabajador. Que se haga en tiempos de ajustes que presagian conflictos sociales tampoco es fortuito. Mientras tanto los grandes organizadores del crimen revisten en el poder político, judicial y policial.
