La exsenadora criticó al macrismo, pero omitió que la fuerza política que integra incorporó a varios funcionarios de la dictadura.
Martes 31 de enero de 2017
A raíz del decreto de Mauricio Macri que convirtió en feriado “movible” al Día de la Memoria del 24 de marzo, Beatriz Rojkés salió al cruce. La ex senadora sostuvo se trató de “una provocación a los argentinos, negando un hecho atroz de nuestra historia”.
Las declaraciones de la presidenta del Partido Justicialista local resultaron sorpresivas. En primer lugar, porque sus apariciones públicas siempre distan de ser “progres”, pero sobre todo porque desde sus inicios algunos funcionarios de la dictadura o del bussismo integraron el alperovichismo. Algunos debieron renunciar tras las denuncias de organismos de derechos humanos, otros continúan en la gobernación de Juan Manzur.
Uno de los casos más resonantes fue el de René Goane, nombrado por el alperovichismo como vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Goane fue denunciado por haber ocupado cargos públicos durante las dictaduras de Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Agustín Lanusse. Tras el golpe de 1976. Antonio Bussi lo designó como director del Registro Civil, luego pasó a trabajar como titular del Instituto de Previsión y Seguridad Social provincial y después ocupo el cargo de presidente de la Caja Popular de Ahorro, donde permaneció hasta el abril de 1981.
También está el caso de Osvaldo Morelli, actual legislador por Concepción del bloque oficialista Tucumán Crece. Durante la dictadura ocupó los cargos de director general de Cultura y director de Planeamiento Urbano. Durante su gestión como director de la Escuela Técnica de Concepción desaparecieron los hermanos Ojeda, integrantes del Centro de Estudiantes.
Como parte de otras continuidades está el caso de Mauricio Guzmán. Presidente del Ente Cultura durante los gobiernos de Alperovich y, ahora, de Manzur, fue secretario de Cultura de Antonio Domingo Bussi, hasta 1999. Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y personalidades como Tomás Eloy Martínez exigieron su renuncia, no obstante el alperovichismo lo sostuvo.
Por último se puede mencionar el caso de Francisco Sassi Colombres, funcionario provincial durante los últimos años de la dictadura y fiscal de Estado del alperovichismo. Aunque buscaba la nominación como vocal de la Corte debió alejarse de la actividad pública. Su estudio de abogados continuó asesorando al gobierno provincial, incluyendo a la gestión de Manzur, aunque Sassi Colombres asegura que se trata solo de sus hijos.
De igual forma hay que recordar la presencia de “veteranos del Operativo Independencia” en el desfile del bicentenario del 9 de julio de 1816. Una aberrante provocaión a los sobrevivientes y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, donde se reivindicó el accionar genocida. Esto ocurrió con el aval de declaraciones, de ayer y hoy, de funcionarios macristas como Darío Lopérfido o Gómez Centurión, y de omisión deliberada por parte de Manzur.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) afirmaron que “mover el 24 de Marzo como día de lucha es sin lugar a duda una provocación y un ataque a la lucha histórica pero no vamos a ir detrás de los sectores que durante estos años fueron cómplices de sostener la impunidad de los genocidas no solo no avanzando en su juzgamiento sino sosteniéndolos como funcionarios del gobierno”.
