Santa Fe. Blanqueo para los narcos, bloqueo para el salario

Narcos sí, paritarias no. Esta podría ser la conclusión de las últimas declaraciones del Ministro de Hacienda de Santa Fe, Gonzalo Saglione. En un maravilloso desafío a la lógica formal, el Ministro anunció que, aunque no están en lo más mínimo de acuerdo con la Ley de blanqueo de capitales, la misma es una “gran oportunidad” para los negocios. Por lo que, adelantó, analizan cómo se va a adherir a la normativa, en una confirmación de que el ejecutivo dará rienda suelta al asunto para que se apruebe en la legislatura, donde los votos del PRO más los del PS y la UCR garantizarían fácilmente su aplicación.

La Ley de Blanqueo fue impulsada por Macri y promulgada a mediados de este año. Las provincias deben votar en sus legislaturas si desean adherir a la misma. Ya lo hicieron Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, en tanto un proyecto de adhesión entró a la cámara baja mendocina. Parece que Santa Fe será la próxima.

Con esto, se suma una nueva “claudicación” a la derecha de Cambiemos, ya que previamente habían dicho que no iban a adherir a la Ley. La agenda del PS en Santa Fe es un calco de la de Macri: primero un poco de berrinche, y después terminan por aplicar todo. Como lo sólido, la polarización que se vivió durante las elecciones provinciales -con Lifschitz posando como progresista contra el impresentable Del Sel- se disuelve en el aire.

Blanqueo sí, salarios no

Como parte de la opereta, Lifschitz se reunió con Vidal y realizó declaraciones rimbombantes: vamos a combatir juntos el narcotráfico. Tiemblan los sucesores de Pablo Escobar con esta amenaza de la gobernadora a la que se le escaparon tres presos en las narices y el gobernador cuyos policías los corrían en ojotas.

Pero el intento de volver del ridículo, como la mentira, tiene patas cortas. Mientras Vidal y Lisfchitz sonríen para la foto, el Ministro de Hacienda le informa, simultáneamente, a los testaferros de los Monos y las bandas narcos que los reemplazan, que en breve podrán ir a blanquear sus capitales sin que nadie indague mucho de dónde salieron. Otros que festejan son Cargill y las grandes aceiteras y multinacionales instaladas en la provincia: grandes evasoras si las hay.

Los que no festejan: los trabajadores. El Ministro se encargó de aclarar que de ninguna manera la situación financiera de la provincia soportaría una reapertura de paritarias. Después nos hablan de que falta “cultura del trabajo” en la ciudad con mayores índices de desocupación y paritarias congeladas. A otro perro con ese hueso.

Blanca, blanquísima

El meollo de la cuestión es que la Ley de Blanqueo que está vigente – al igual que las que impulsó el kirchernismo- dice como letra muerta que ninguna persona procesada por asociación ilícita puede acceder al blanqueo. Pero, desde que se inventó el contrabando, existen las esposas, los hijos y los testaferros. Si un testaferro del Monchi Cantero aparece en la AFIP y dice que va a blanquear plata de un concesionario de Autos, puede acceder a los beneficios y lavar el dinero proveniente de decenas de bunkers en la ciudad.

Esto lo confirman varios especialistas en el tema. Juan Cruz Amirante, experto en prevención de lavado de dinero y director de la consultora de riesgo Kroll, -una persona que nadie podría confundir con un izquierdista- dice en una entrevista en el diario La Nación que con la ley de Macri “puede entrar de todo, hasta dinero proveniente de la trata de personas, narcotráfico, contrabando de armas”. Aclara, con todo, que la Unidad de Informacion Financiera (UIF) “luego puede investigar”.

Sin embargo, días después de dicha entrevista, se conoció que la reglamentación de la ley impide a la UIF -así como a la AFIP- compartir información sobre las personas que accedan al blanqueo. Por lo que no solo no pueden informar a la prensa sino tampoco a los organismos estatales que tendrían que investigar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Y todo esto sin aceptar una sola coima del Sr. Testaferro que vaya a lavar: no es necesario, la ley lo protege.

Juan Valerdi, economista de la UNLP y miembro de la delegación argentina de Tax Justice Together declaró a La Izquierda Diario que “los amigos y testaferros” de los evasores, narcotraficantes o tratantes de mujeres “siempre son una opción de difícil detección por parte de las autoridades y en este caso [de la Ley de Blanqueo] por parte del periodismo y la sociedad civil ya que tendrán vedado el acceso a los datos de quienes se presenten al blanqueo de modo directo”. También es mucho más difícil “por medio de informantes ya que estos se enfrentarían a riesgos gravísimos no solo en la justicia penal sino a nivel económico, siendo la multa para quien filtrara la información equivalente al valor blanqueado por quienes estén en los datos que se filtraran”.

O sea que si alguien denuncia que un testaferro de los Monos está blanqueando dinero, el que pagará las consecuencias es el denunciante y no el testaferro. A esto anuncia el Ejecutivo que adherirá, en una provincia donde los testigos de los crímenes narcopoliciales sufren ataques permanentes, como sucedió a Norma Bustos, asesinada por denunciar a los sicarios que mataron a su hijo.