En un país gobernado hace años por los caprichos de una élite de intereses tan mesquinos como ajenos a la mayoría de la población, sus problemas estructurales alcanzan un nivel absurdo en momentos de crisis económica y política.
Miércoles 17 de febrero de 2016
Varios estados del país, con centro en Rio de Janeiro, utilizan la crisis económica para avanzar en la precarización y privatización de la salud pública y Brasil puebla los medios internacionales como la cuna de la pandemia del zika virus, transmitida por un mosquito, y del nacimiento de bebés con síndrome de microencefalia. Mientras esa realidad devasta a millones de brasileros, los mayores partidos políticos del país (PMDB, PSDB y PT) reinician los trabajos en 2016 basando sus agendas alrededor del intento de desgastar, debilitar o defender al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y con eso reencender o ’tirar el corner’ del debate sobre el alejamiento de la presidenta Dilma Rousseff.
Totalmente ajenos a las necesidades estructurales del pueblo brasilero, el ministro de la Casa Civil, Jaques Wagner (PT) ha pautado los diarios con un clamor al país: defender contundentemente al expresidente Lula. El Palacio del Planalto, sede del ejecutivo brasilero, gasta más tiempo reflejando los posibles costos de salir en defensa del expresidente que reflejando las políticas públicas prioritarias para defender la vida de las mujeres embarazadas, la garantía legal de métodos anticonceptivos y abortivos por el Estado y el seguimiento y atención especial a bebés nacidos con microencefalia. De hecho, la semana pasada Dilma anunció recortes presupuestarios en diversos programas sociales, atacando la salud y la educación en medio de la profunda crisis social.
Al mismo objetivo se encuentra dirigida la atención de los zorros del PMDB. Mientras empujaba la crisis en las universidades públicas de Rio de Janeiro y precarizaba la salud de conjunto haciendo recaer el costo en las espaldas de los empleados estatales, Fernando Pezão (PMDB) dedicaba su atención en la articulación de la mayoría oficialista del PMDB en la Cámara para bloquear el proceso de impeachment (destitución) de la presidenta Dilma. Sin hablar del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB) y sus aliados del ala proimpeachment del PMDB, que están para las necesidades del pueblo como caballos en el desfile de las fiestas patrias.
Por su parte el PSDB se divide entre aquellos que buscan desvincular en nombre de uno de sus principales líderes, Geraldo Alckmin, de la "Mafia de las viandas", mientras intenta otra vez aplicar su proyecto de cierre de aulas y aprovechar que los reflectores apuntan hacia Lula para involucrar e intentar salpicar la presidenta Dilma al punto de reencender el debate sobre el proceso de impeachment.
Esta es la agenda política en Brasil, en la que los partidos del régimen político burgués se dan "el lujo" de diverger abiertamente, a las claras. Sin embargo, de lo que no hablan a las claras es del pacto por los ajustes contra los trabajadores y el pueblo, y la carrera por ubicar la tranquila realización de las Olimpiadas por encima de cualquier crisis social. Los miles de despidos en toda la industria nacional, como en la General Motors de São José dos Campos, y la impunidad con que los empresarios cierran fábricas (o dan a entender que las cerrarán en breve), como es el caso de MABE en la región de Campinas y Mecano Fabril en Osasco, dejando a miles de familias en la calle y en la desesperación, son la prueba más brutal de este acuerdo tácito entre toda la burguesía nacional para atacar y desarmar la resistencia obrera, a través de la burocracia sindical.
Todas las instituciones de este régimen, incluyendo a los medios monopolizados, ejercen influencia para que los intereses mezquinos de las camarillas burguesas se sobrepongan a las necesidades de la población. La inflación alcanza luego de muchos años dos dígitos. La devaluación del real deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores. El gobierno es incapaz de controlar un mosquito, y en medio de la crisis insiste en la política de vetar a las mujeres el derecho de decidir si quieren abortar (no solo en casos de sospecha de microencefalia sino en cualquier caso), siendo la batalla por el aborto legal, seguro y gratuito una demanda fundamental para levantarse en contra del régimen este próximo 8 de marzo.
Los políticos siguen ganando un salario que alcanza 35 veces el valor de un salario mínimo. Los mandatos, que no son revocables, son la expresión del principal atributo del Estado burgués, que es separar a las masas del gobierno del Estado. Como dijo el fundador del socialismo científico, Karl Marx, las elecciones burguesas conceden al trabajador el derecho de elegir, a cada cuatro años, quién representará su opresión en el parlamento. La no revocabilidad de los mandatos impide que la población pase su veredicto a los candidatos que no cumplan lo que dijeron en campaña. La separación de los poderes ejecutivo y legislativo, con la existencia del Senado, siguen sirviendo al control de cualquier demanda progresista que surja.
No podemos premanecer rehenes de estos poderes podridos mientras morimos cotidianamente por la falta de presupuesto para la salud. Mientras, nos mantienen ignorantes con la precarización de la educación y alienados con la monopolización de los medios. El dinero de nuestros impuestos no puede seguir llenando los bolsillos de los banqueros con el pago de intereses de la deuda pública. Hay que terminar con este régimen político heredero de la dictadura militar, que mentiene la misma estructura de padrinazgo entre el Estado y los empresarios y las mismas relaciones corruptas entre los políticos.
Los trabajadores, que no son los que realmente sienten en la piel la indiferencia del régimen, deben imponer con la movilización y la resistencia en defensa de sus condiciones de vida y de trabajo, una Asamblea Constituyente que ponga fin a estos privilegios de los políticos y empresarios y que avance en resolver los problemas estructurales que afectan al país, como la concentración de la tierra, la falta de viviendas, la precarización y privatización de la salud y de la educación y la subordinación del país a los intereses de los banqueros y empresario imperialistas.
Los trabajadores deben organizarse en forma independiente de cualquier ala de la burguesía -y por consiguiente, de las burocracias sindicales que llevan a los trabajadores a apoyar alguna de las variantes patronales- para dar respuesta a la actual crisis económica y política que atraviesa el país. Hay que coordinar un amplio movimiento nacional contra los ajustes y los despidos, como ocurre en el sector de la industria. Este movimiento tiene que estar articulado en base a la resistencia a los ataques capitalistas, en exigencia a las burocracias sindicales de la CUT, la CTB, Força Sindical, que salgan de su completa parálisis y convoquen un plan de lucha unificado en todo el país.
