En la misa realizada en el canchón del Ingenio, el empresario Luis Budeguer señalo que “los accidentes pueden ocurrir. Nadie ni ninguna empresa está exenta a los accidentes, más cuando se manipulan sustancias altamente inflamables como es el alcohol”. Sin embargo, el grupo empresario ya había sido notificado de las irregularidades que podrían haber evitado la explosión.
Sábado 23 de noviembre de 2019 10:09
En la misa realizada en el canchón del Ingenio, el empresario Luis Budeguer señalo que “los accidentes pueden ocurrir. Nadie ni ninguna empresa está exenta a los accidentes, más cuando se manipulan sustancias altamente inflamables como es el alcohol”. Sin embargo, el grupo empresario ya había sido notificado de las irregularidades que podrían haber evitado la explosión.
Mientras familiares de los obreros fallecidos en la explosión del día miércoles aún no tienen los resultados del ADN que permitiría identificar los cuerpos y mientras la investigación judicial se encuentra bajo secreto de sumario, el empresario referente del grupo Budeguer, ya calificó el terrible suceso como un “accidente” como podría suceder en cualquier empresa.
El mensaje de Budeguer buscó aplacar los cuestionamientos y poner el foco en la reconstrucción del ingenio, llamando a los trabajadores a colaborar y “evitar los enfrentamientos”.
Crimen Social
Pero lo que el empresario no transmitió a los obreros y familiares es que ya habían sido advertidos de las irregularidades, no una, sino en cuatro oportunidades en las audiencias con el abogado del sindicato Enrique Wandschneider. ¿Estaba el Ingenio en condiciones de producir?
Pero el aviso de las irregularidades no fue sólo en las audiencias entre la parte patronal y la sindical, sino que apenas 48 horas antes de que ocurriera el accidente, los obreros ya habían dado cuenta tanto de los chispazos de los cables como de las pérdidas en el tacho de alcohol que finalmente explotó. ¿Por qué no frenaron la producción y se realizaron las reparaciones correspondientes?
No se trata de un “accidente” como cualquier otro, se trata de un crimen contra los trabajadores con un accionar absolutamente premeditado.
El gobierno también es responsable
Mientras el grupo empresario realizaba la misa en La Esperanza el gobernador Gerardo Morales anunció el otorgamiento de pensiones vitalicias a conyugues, becas para que los hijos terminen sus estudios primarios, secundarios y terciarios, y para los familiares de las víctimas que no cuenten con una vivienda propia serán adjudicatarios directos de un plan FO. NA. VI.
Estos beneficios sociales para los familiares, necesarios, pero no dan respuesta al principal problema sobre el que tiene que dar respuestas. ¿Por qué no se realizaron las inspecciones solicitadas por el sindicato? En todos estos años de gestión gubernamental ¿Qué inversiones se hicieron? Y luego del traspaso al grupo Budeguer ¿Por qué no controlaron las supuestas inversiones que los empresarios declararon? Y no menos importante ¿Por qué apelaron los pedidos de informe que desde el Frente de Izquierda se realizaron tanto en la legislatura como en la justicia?
Un entramado que busca impunidad
Es probable que las respuestas a esas preguntas sean auto-incriminatorias y por eso ni Budeguer ni Morales las respondan. Es que durante años desde la quiebra en 1999 el Ingenio fue vaciado y utilizado como caja negra de negociados, tanto de empresarios como por parte de los diferentes gobiernos. La gestión de Gerardo Morales y del ministro de producción, Abud Robles, profundizaron este esquema, vaciando de trabajadores el Ingenio, no realizando las inversiones mínimas para su mantenimiento y producción y rifando el mismo a precio irrisorio y condiciones leoninas, como oportunamente denunciáramos desde La Izquierda Diario.
El grupo Budeguer, como ya señalamos, sólo se interesó en arrancar cuanto antes la producción más allá de las condiciones de seguridad del Ingenio. Su sed de ganancias llegó a tal punto que incluso al día siguiente de la explosión y mientras los obreros no sabían dónde estaban sus compañeros, fueron convocados a trabajar en el campo para que la cosecha y venta de caña no se detenga.
Todo esto no podría haber sido posible sin el concurso de la justicia, que tanto el juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, como de la mayoría automática del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, avalaron todas y cada una de las maniobras del gobierno. A tal punto que no sólo denegaron el derecho democrático de obtener información sobre las condiciones del Ingenio y de la venta del mismo, sino que ¡multaron al diputado Alejandro Vilca por pedirla! Por su parte, cabe destacar que, el primer paso para llevar adelante el desguace no hubiera sido posible sin contar con el voto de los diputados del PJ en la Legislatura que le posibilitó a Gerardo Morales tener control total para despedir y entregar el ingenio de la forma que se hizo.
Es por eso que todos estos actores: empresarios, poder judicial y el régimen político, actúan hoy como parte de un entramado que busca su propia impunidad, tratando de evitar que el justo reclamo de Justicia por parte de los familiares, obreros y pobladores de La Esperanza justamente reclaman. La investigación actualmente está en manos de ellos, que antes incluso que se den a conocer los peritajes (realizados por ellos también), ya intentan instalar la figura del “accidente”. Para evitar que este crimen social quede impune, la investigación debería ser realizada de forma absolutamente independiente tanto de empresarios, gobierno y esta justicia, y ser encabezada por los familiares de las víctimas, los trabajadores y ex trabajadores del Ingenio con el apoyo de técnicos de la universidad y organizaciones de DDHH.
