Violento desalojo en Merlo, represión en Santa Cruz y aprietes de la Federal. El Ministerio de Seguridad y los gobiernos provinciales buscan imponer una política represiva que garantice el ajuste. Fuerte rechazo desde el FIT.
Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Viernes 19 de febrero de 2016
Este jueves por la mañana Patricia Bullrich salió a “explicar” en todos los medios de comunicación como sería el funcionamiento del Protocolo contra la protesta social que el Ministerio de Seguridad había aprobado, en acuerdo con la mayor parte de los gobiernos provinciales, el miércoles pasado.
Esta resolución ministerial que, como denuncia el Frente de Izquierda, viola la Constitución, pretende imponer fuertes límites a las manifestaciones callejeras.
“Les vamos a dar cinco minutos; se van o los sacamos” dijo Bullrich ante quien quiera oírla. Así dio cuenta de cómo el macrismo se propone sostener su programa económico de ajuste, mientras garantiza el crecimiento de las ganancias empresariales a decretazo limpio.
Bullrich, como ya lo hizo en su gestión durante el gobierno de De la Rúa, vuelve a ser la vocera de las definiciones reaccionarias de la gestión estatal. La “Piba”, que tiene un profuso devenir por todas las esferas de las fuerzas políticas patronales, le pone el cuerpo y la voz a la defensa del discurso de represión y criminalización de la protesta social. “Argentina no puede ser un caos” clamó. Como si los precios subiendo velozmente, los cortes masivos de luz y los tarifazos fuera síntomas de calma y “normalidad”.
Obviamente, el cinismo del gobierno implica dejar de mencionar que, con un protocolo como éste, la marcha que se hacía hace justo un año por la muerte del fiscal Nisman –de la que Bullrich participó- debería haber sido reprimida.
Protocolo en acción
Pocas horas después de las palabras de la ministra, la Infantería y la Caballería de la Policía Bonaerense avanzaban sobre los terrenos que cientos de familias ocupan hace 4 meses en Merlo, provincia de Buenos Aires. Esas familias reclaman el derecho a una vivienda digna en un país donde, a pesar del discurso kirchnerista sobre la “inclusión social”, millones de personas no tienen acceso a su hogar.
La excusa utilizada por el gobierno fue la trágica muerte de un niño. A partir de allí se montó un enorme operativo que llegó al uso de topadoras para derribar lo poco que las familias habían podido construir. Los más memoriosos recordaron al interventor de la Ciudad de Buenos Aires Osvaldo Cacciatore que, en plena dictadura, usaba esos métodos para hacer “progresar” a la ciudad.
Horas después de la represión en Merlo, no tan lejos de allí, la Federal intentó impedir –por tercera vez desde el inicio del año- que las Madres de Plaza de Mayo pudieran instalar su tradicional carpa en la Plaza que las reúne hace décadas. Un hecho que finalmente no prosperó pero que da cuenta del ambiente reaccionario instalado desde arriba por el poder político.
Pero la represión no solo vino de los gobiernos que se referencian en el nuevo oficialismo. En el sur del país, en la “kirchnerista” Santa Cruz, los estatales eran reprimidos por la Policía de esa provincia en la Casa de Gobierno, también en la tarde del jueves. Se trataba de la segunda vez en menos de 24 horas.
Represión y “federalismo”
La reunión de la ministra Bullrich y los representantes de los respectivos ministerios provinciales fue un intento de “federalizar” la agenda represiva. Los funcionarios presentes dieron el visto bueno al Protocolo contra la protesta social y a la declaración de la Emergencia en Seguridad, nacida por decreto hace un par de semanas.
A pesar de que el comunicado oficial respiraba optimismo, diversas fuentes dejaron trascender que no todo fue color de rosa en el cónclave. A los discursos generales sobre la “coordinación” entre las distintas fuerzas, siguieron críticas varias al proyecto de protocolo presentado por Bullrich y Burzaco.
Desde que no indicaba claramente que debía darse comunicado a la Justicia ante la manifestación hasta el hecho de que deja abierto que los efectivos porten armas. Un pedido que también hicieron algunos de los funcionarios provinciales presentes fue que el Protocolo dejara sentado que las autoridades políticas debían atender a los reclamos. Insólito que sea necesario aclarar semejante cuestión.
El proyecto que se hizo público, a pesar de estos señalamientos, deja abierto a que el uso de “armas no letales” sea definido por “protocolos específicos operativos” establecidos por las mismas fuerzas represivas. Es decir, son los mismos represores los que deciden con qué medios reprimir.
En la reunión los representantes de Mendoza, Provincia de Buenos Aires y Jujuy fueron los más enfervorizados defensores del nuevo protocolo. En esta última provincia, la detención de Milagro Sala y los ataques contra los y las trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, son muestra de que la criminalización de la protesta y la represión “no esperó” al protocolo.
La nueva normativa también contiene un ítem dedicado a establecer la “cobertura” que puede realizar la prensa. Se trata lisa y llanamente, de una censura legislada. Según diversas fuentes, fue Cristian Ritondo (Provincia de Buenos Aires) el que más se enfervorizó con el mecanismo del protocolo que les asigna “un lugar” a los periodistas para “cubrir” la represión policial.
El cuarto intermedio sirvió para bosquejar un nuevo borrador que fuera aceptable por todos. Sin, embargo tampoco así se logró pleno consenso. Neuquén, Chaco, La Rioja y Santa Cruz dijeron que deberán confirmarlo con sus propios gobiernos.
Parece que esta fue la única intervención de Lisandro De La Torre, representante de la provincia hoy gobernada por Alicia Kirchner. Las fuentes que accedieron a información de la reunión no registran otro dato de su paso por la misma.
No debería extrañar entonces que en la tarde de este jueves se haya reprimido a los trabajadores estatales en esa provincia, por segunda vez en menos de 24 horas y que tres de ellos hayan sufrido traumatismo de cráneo. Tampoco debería sorprender el reciente pedido de la gobernadora Alicia Kirchner para que se envíe a la Gendarmería a la provincia.
En ese marco, tampoco debería extrañar el (continuado) silencio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no hizo mención alguna al tan mentado protocolo. Este jueves, sin embargo, usó su cuenta de Facebook para difundir dos notas de Axel Kicillof donde defiende las “herencia económica”. La “resistencia con aguante” sigue sin notarse.
La izquierda y un proyecto contra el Protocolo
La izquierda agrupada en el FIT salió a cuestionar claramente el nuevo protocolo presentado por el gobierno. Como se informó en la edición de ayer, no fueron los únicos. El CELS estuvo también entre quienes criticaron más duramente el nuevo protocolo.
En la tarde del miércoles se conocieron los rechazos de Nicolás del Caño y Myriam Bregman (PTS), quienes integraron la fórmula presidencial de ese frente en las pasadas elecciones nacionales. También se dieron a conocer rechazos de otros referentes como Néstor Pitrola y Jorge Altamira (PO) o José Castillo (IS).
Myriam Bregman, actual diputada nacional por el PTS-FIT, hizo público en la tarde de este jueves, un proyecto de resolución para que el Congreso Nacional rechace el protocolo contra la protesta. En sus fundamentos, señala que se trata de “un ataque contra el derecho a la protesta” y que éste “es el más cercano al núcleo de la Constitución, como ha sostenido el Dr. Roberto Gargarella. Sólo a través de él se puede exigir por el incumplimiento y violación de todos los demás derechos y garantías”.
La de la izquierda ha sido una de las posiciones más firmes en la condena a la represión hacia la protesta social. No solo en relación a las medidas que ya impulsa el gobierno de Macri sino también durante los años del kirchnerismo en los que, a pesar del discurso que decía que no se reprimían las movilizaciones, la realidad fue muy distinta.
El nuevo protocolo contra las protestas busca garantizar que el plan de ajuste que el gobierno impulsa avance sin limitaciones. El aval de los gobiernos provinciales de todo signo muestra que se trata de una decisión común al conjunto de los representantes de los intereses del gran empresariado.
Precisamente porque se trata del cercenamiento de las libertades democráticas en pos de garantizar el ajuste, es necesaria la más amplia movilización y organización para evitar que avance esa política reaccionaria.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
