La CIDH pide a AMLO una mesa de alto nivel para la investigación forense y así identificar la victimas de desaparición forzada alabando su “buena voluntad”, mientras que, en sentido opuesto, el presidente orienta su política hacia la militarización del país.
Sábado 11 de mayo de 2019
En México se vive una emergencia humanitaria de amplias dimensiones por la violencia desatada desde hace décadas, la cual dio un salto desde 2006 por el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el hoy ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa. Uno de los más graves resultados de este proyecto ha sido la proliferación de la desaparición forzada, fenómeno que ha ido en incremento escandaloso ante la impotencia del estado mexicano, que se ha empeñado en mantener las mismas políticas de seguridad que han llevado a tragedias tan graves como el caso Ayotzinapa o las cuarenta mil mujeres desaparecidas de entonces a la fecha.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado apoyo al gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, mediante dos audiencias públicas realizadas para el 172 periodo de sesiones de la propia CIDH, que se llevó a cabo en Kingston, Jamaica. Éstas dieron cuenta de las debilidades del Estado mexicano a pesar de la “buena voluntad” expresada en Kingston por Alejandro Encinas, sub secretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Para abordar esta cuestión, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena, encabezó una audiencia de “Desapariciones forzadas”, en donde destacó la presencia de los delegados del Estado mexicano y se contó con la participación del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, en la que se le pide al presidente entablar una mesa de diálogo de alto nivel. Donde participe el propio AMLO, las secretarías de gobernación, relaciones exteriores, hacienda, el fiscal general de la república y gobiernos de Centroamérica para identificar a las víctimas, bajo nuevos mecanismo de identificación forense.
Este último es un punto muy importante ya que claramente los mecanismo actuales de identificación no funcionan, algo que fue señalado por los familiares de desaparecidos pero ¿por qué? Según el informe Defender los Derechos Humanos en México, Informe junio de 2017 a mayo de 2018, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, los instrumentos para investigar la desaparición forzada no sólo no funcionan, entorpecen las búsquedas.
En los gobiernos anteriores se utilizaron términos como “persona no localizada” cuya función principal ha sido la de negar el concepto de “desaparición forzada”, es decir, actos perpetrados por acción u omisión del Estado. El Registro Nacional de Personas No Localizadas invisibiliza a las víctimas por acciones llevadas a cabo por agentes del Estado y de esta manera no reconoce la participación de funcionarios públicos o las fuerzas armadas en hechos que representarían violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado el hecho de que la propia Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda aprobada el 16 de enero de 2018, no cumple con las exigencias de las víctimas ni de las organizaciones defensoras de los DDHH, se vuelve un obstáculo más que una ayuda.
Esto debido a que la "Ley General..." no garantiza el derecho a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación integral del daño, y medidas de no repetición, pues, por el contrario, mantiene precisamente el término de “persona no localizada” para enmascarar las acciones delictivas de funcionarios gubernamentales y uniformados.
Así, se crearon instituciones carentes de capacidad real de acción como la Comisión Nacional de Búsqueda que en realidad no busca nada ni a nadie ni es nacional, que más bien buscan legitimar otros atropellos con el hecho de negarse a establecer responsabilidad sobre superiores jerárquicos como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, en su artículo 6°. ¿Pero acaso el gobierno de AMLO se ha planteado modificar estos mecanismo sabiendo que existen? La respuesta es hasta ahora un no, lo cual contrasta con la “buena voluntad” que presenta ante la mirada pública cuando tiene que tratar con la CIDH.
Guardia Nacional, continuidad de la política de la violencia
Por otro lado, el gobierno de Morena ha dado continuidad a otro tipo de políticas reaccionarias como lo es la famosa Guardia Nacional, que no es otra cosa que la continuidad de la política de militarización del país, ya que aunque se dijo que el encargado sería un civil, terminó siendo un militar al mando de una estructura controlada por militares en todos sus rangos.
El director de la Guardia Nacional es el general Rodríguez Bucio, quien entre otras cosas fue agregado militar en la Junta Interamericana de Defensa (JCI) adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), su carrera militar se vio en ascenso durante los sexenios de Fox y Calderón en el combate a los Zetas. Y una de las cosas más destacables fue que durante el inicio de su carrera fue enviado a Fort Gulick, en la zona del canal de Panamá, allí realizó el curso de operaciones de patrullas en la Escuela de las Américas del ejército estadounidense, la escuela especializada en formar policías y milicos asesinos, torturadores, golpistas y dictadores al servicio del imperialismo yanqui.
Y es que por muy “buena voluntad” que muestre el gobierno federal ante la CIDH, la realidad es que mantienen su plan de continuación de las políticas de sus antecesores, con algunos paliativos. El tema de la desaparición forzada no puede resolverse en medio de un ambiente de violencia extrema e impunidad, ya que la identificación de los cuerpos de los desaparecidos no basta, es necesario iniciar procesos que realmente lleguen a la verdad y brinden justicia a las víctimas, pero eso es imposible en los marcos del Estado actual.
Se requiere de la organización de los familiares de desaparecidos, junto a los trabajadores de la ciudad y del campo, para imponerles con la movilización en las calles la justicia de saber el paradero de ellos y de castigar a los responsables, sin ninguna confianza en que la CIDH o el gobierno actual caracterizado por no perseguir a los delincuentes del gobierno anterior, puedan cumplir estas demandas.
Se requiere de un gobierno de los trabajadores del campo y la ciudad que termine de una vez por todas con las desapariciones forzadas. En primer lugar, suprimiendo verdaderamente los privilegios de los funcionarios públicos que les dan impunidad. Diciendo adiós a la simulación actual del "perdón y olvido" y sacando a las fuerzas armadas de ciudades y poblados, recluyéndolas en sus cuarteles. Apoyándose, para luchar contra la violencia delincuencial y del Estadol, en comités de autodefensa basada en el pueblo organizado y bajo la autoridad de éste.
Al mismo tiempo, no puede haber pacificación sin sacudirse el yugo imperialista, que impone las doctrinas de "seguridad nacional" que es con lo que inició la guerra contra el narcotráfico, pero tampoco con la política de "perdón y olvido" enarbolada por AMLO, para "solucionar" la enorme lista de agravios cometidos por el crimen organizado, funcionarios de gobierno e integrantes de las fuerzas armadas. No basta con instaurar una nueva mesa para la identificación forense, es necesario atacar el problema de raíz.
