Un trabajo publicado por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) enseña que el último año ha disminuido drásticamente el número de juicios y sentencias en materia de crímenes de lesa humanidad.
Miércoles 30 de enero de 2019
El diagnóstico expone detalladamente el estado de las causas, deteniéndose en las estadísticas informativas sobre el avance –o no- de la situación procesal de los imputados, los (largos) plazos de los juicios y datos sobre el número de personas imputadas, detenidas o absueltas, y su correspondiente modalidad de arresto.
El año 2018 ha finalizado con un total de 17 sentencias dictadas, mientras que hasta el año 2010 no se registraban números menores a 20. La mayoría de ellos, sentenciados a prisión domiciliaria.
El Informe denuncia que casi la mitad de los juicios –un 45%- se encuentra aún en la etapa de iniciación, es decir, que continúa faltando aún todo el recorrido del proceso penal. Y dentro de las causas en la que fue iniciado el proceso, solo el 27% de los genocidas sentenciados tiene condena firme, por lo que puede continuar extendiéndose los tiempos de los juicios.
Del total de los sentenciados por estas causas por la justicia federal –unos 891-, se conoce que más del 65% de ellos se encuentra “privado de su libertad”, pero recluidos en su vivienda. Las comillas las refiere el autor ya que, como se ha informado anteriormente en este medio, hay harta evidencia de que estas detenciones son abiertamente violadas.
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Desde la vuelta a la democracia, pasando por ella gobiernos radicales, neoliberales y peronistas, jamás ningún gobierno se atrevió, a pesar de la demanda social, a encarar realmente el pedido de Memoria y Verdad, negándose desde aquel entonces a abrir los archivos de la dictadura, en donde se expondría fácilmente los nombres de los genocidas, los actos de terrorismo de estado, la localización de los desaparecidos y los bebés robados, entre mucha otra información de suma importancia para desenmascarar al sistema corrupto y el régimen de relaciones entre los militares involucrados y los empresarios beneficiados por la dictadura. Los empresarios condenados por la connivencia y necesaria complicidad con los militares se cuentan en un puñado, los eclesiásticos, con una mano.
Los organismos de Derechos Humanos no bajan las banderas de la verdad y continúan luchando incansablemente por alcanzarla, como así también la de Justicia. Pero ésta demuestra avanzar a pasos muy cortos y lentos; a través de estrategias los cipayos defensores dilatan alevosamente los procesos, y el poder judicial hace su parte extendiendo los plazos, aceptando las prórrogas, y retardando la conformación de los tribunales juzgadores.
El año pasado comenzó el juicio Feced III después de interminables prórrogas a su iniciación. Este juicio, que podía ser el primero en juzgar a un ex capellán del ejército en la provincia de Santa Fe, -el cura Eugenio Segundo Zitelli- se demoró lo suficiente como para que el sacerdote se muera antes de sentarse en el banquillo de justicia después de pagar una millonaria fianza para mantenerse en libertad. La justicia no es rápida o lenta, es política. Y como tal, sobran sus intereses propios.
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El trabajo presentado por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad deja al descubierto la intención y profundización del interés de la justicia y el Estado en pensar al terrorismo de Estado como algo pasado en lo que no vale la pena continuar indagando, y garantizando la impunidad; mientras se ocupa de atestar las cárceles de jóvenes de sectores populares, brinda a los genocidas responsables de 30mil desapariciones, torturas y robos de bebés, la comodidad de mantenerse en sus hogares.
