Alonzo abusó de su hija y la mató, antes de ahorcarse. Pero en el único juicio sobre este crimen, se imputa a la madre de la niña, pobre, inmigrante y víctima de violencia, por "abandono de persona".
Miércoles 7 de septiembre de 2016 11:15
Las marcas de las violencias machistas estaban repartidas en el cuerpo de un año y once meses de Melina Milagros: abuso sexual, mordeduras, golpes y quemaduras. A la nena la mató su padrastro el 10 de junio de 2015 en su casa de Derqui, al norte del conurbano bonaerense. Antes de que lo investigaran, Luis Carlos Alonzo apareció ahorcado. La única causa judicial vinculada al crimen está caratulada como “abandono de persona”. Un título que oculta las violencias y acusa a la madre de la beba, Celina Benítez, que también era víctima de los abusos de Alonzo. A más de un año de la muerte de su hija y con la etapa de investigación ya cerrada, Celina seguía procesada y en libertad gracias a una fianza. Distintas organizaciones feministas empujaron esta semana una campaña para pedir su libertad definitiva y consiguieron que hoy se dicte el sobreseimiento. Mientras tanto, una causa paralela investiga las torturas que sufrió Celina durante su detención.
“Es necesario que haya una declaración explícita de que ella no tuvo la culpa de lo que pasó, que se trató de un femicidio vinculado y que la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar la revictimizó y hubo violencia institucional”, dijo a La Izquierda Diario, la abogada feminista Sabrina Cartabia Groba. Y agregó: “Celina lo necesita para comenzar con el duelo. En todo este tiempo ella tuvo que volver muchas veces a relatar lo que pasó frente a distintos actores”.
La defensora pública, Graciela Mazzone, pidió su sobreseimiento el último 25 de julio. Sin embargo, hasta hoy no había una respuesta. “Ambas, madre e hija solo conocieron la violencia, el desprecio y la humillación de parte del género masculino”, dice el escrito que presentó. “Celina no tuvo posibilidad temporal ni emocional para reaccionar de otra manera distinta de como lo hizo, y dadas las características de su situación personal tampoco le era exigible otra conducta”, agregó.
La falta de respuestas puso a varias organizaciones a pensar una estrategia. Para acelerar los engranajes de la Justicia, lanzaron una convocatoria a llamar al Juzgado de 8 a 13 hs. y preguntar por la causa: (0230) 4423302/3. También abrieron un Facebook y publicaron un vídeo en Youtube. “Si tocan a una, respondemos todas” es mucho más que una frase bonita en el movimiento de mujeres de la argentina. Es un accionar cotidiano que adopta distintas formas. A los pocos días de lanzada la campaña el Juzgado de Garantías 6 de Pilar, a cargo de Nicolás Ceballos, resolvió el sobreseimiento que tenía cajoneado desde julio. Las organizaciones están alertas porque esa decisión aún puede ser apelada. Quieren evitar un juicio que se convierta en una nueva instancia de revictimización para ella.
Celina vino a la Argentina desde su Paraguay natal. Tenía 22 años cuando se fue a vivir con Alonzo en febrero del año pasado. Se acomodaron en una casa del barrio La Escondida, entre Villa Astolfi y Derqui, Pilar. En la cartografía de La Escondida la violencia sexual está naturalizada. “Acá las niñas no se quedan con los hombres”, repetían las vecinas cuando supieron de la muerte de la beba.
Al poco tiempo de convivir, Alonzo dejó de trabajar. Celina estaba empleada en una casa en Pablo Nogués, a dos horas de Derqui. Trabajaba nueve horas a cambio de 4200 pesos, 1300 eran para el cuidado de la beba.
Celina estaba cercada por las violencias de Alonzo: la golpeaba, no la dejaba salir cuando ella quería, le prohibía hablar con vecinas y la amenazaba con matarla y tirarla en el pozo de la casa. Cuando no quería tener relaciones sexuales, él la acusaba de haberlo engañado.
Celina estaba cercada por las violencias de Alonzo: la golpeaba, no la dejaba salir cuando ella quería, le prohibía hablar con vecinas y la amenazaba con matarla y tirarla en el pozo de la casa.
Las multitudes que se movilizaron el 3 de junio de 2015, y que Celina vio por televisión, le dieron fuerza para denunciarlo. La consigna de Ni una menos la interpeló, pero la ferocidad de Alonzo no le dio tiempo. Una semana después de la histórica movilización ella volvió a su casa y encontró a su hija, que había quedado al cuidado de él, agonizando. El hombre no quería acompañarlas a la salita. Ella insistió, la envolvió en una manta y fueron hasta el Hospital Materno Infantil Comodoro Hugo Meisner.
La última vez que vio a la nena fue cuando la entregó en la guardia. Alonzo estuvo ahí un rato, le pidió prestada la SUBE a Celina con la excusa de ir a buscar abrigo. Cuando la policía lo fue a buscar a la casa, estaba saliendo con un bolso propio: preparado para fugarse.
En la autopsia se comprobó el abuso sexual, los golpes en distintas partes del cuerpo, las mordidas, las quemaduras. A Alonzo lo detuvieron y a los dos días apareció ahorcado en su celda de una comisaría. Celina no había iniciado el duelo por su hija cuando empezaron a responsabilizarla por no haber evitado su muerte.
¿Cómo se construye una mala madre? La primera noticia sobre el asesinato de la beba apareció en el diario de Pilar: la descripción de la crueldad que pasó por el cuerpo de la beba contrastaba con la foto sonriente de Celina que decidieron publicar en ese medio. Cuando la fiscal Carolina Carballido Catalayud, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, la acusó de “abandono de persona”, los medios acompañaron esta versión que ocultaba un crimen por razones de género envuelto en una trama de violencias. A contrapelo, el activismo feminista empezó a visibilizar el caso explicando que Celina también era una víctima.
Celina no había iniciado el duelo por su hija cuando empezaron a responsabilizarla por no haber evitado su muerte.
Aunque no existía peligro de fuga ni entorpecimiento del proceso, Carballido Catalayud pidió su prisión preventiva. Con la detención en la comisaría de Villa Astolfi, las violencias machistas fueron también institucionales. Su detención estuvo plagada de abusos que el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires nombró como torturas y apremios ilegales. Hoy, una causa judicial paralela y un sumario de Asuntos Internos investiga estos hechos de violencia institucional.
“Me pegaban para que declare que fui yo.. Me decían que era una mala madre. Yo no soy una mala madre, siempre la crié solita”, repitió Celina cuando Laurana Malacalza y Sofía Caravelos del OVG fueron hasta la Unidad Penal 45 del Servicio Penitenciario en La Plata donde estaba detenida. A los pocos días de la denuncia y gracias a los reflejos rápidos del movimiento de mujeres para darle visibilidad al caso, Celina recuperó la libertad pero de manera condicional.
No es el primer caso de este tipo que llega al OVG bonaerense. Hay otras mujeres presas con historias similares donde los funcionarios judiciales solo ponen la linterna de la sospecha sobre las madres. Como si las tareas de cuidado fueran responsabilidad exclusiva de ellas, no tienen en cuenta sus condiciones personales, ni tampoco sus posibilidades reales. El octubre del año pasado el Tribunal Oral 2 de La Plata condenó a diez años de prisión a M. B. por la tentativa de homicidio de su hijo, producto de una violación en Bolivia. Cuando M. lo llevó al hospital herido, por miedo, dijo que se había caído de la cama, a pesar de que era víctima del maltrato del padre, como ella. La condenaron por no haber “tenido coraje” de evitar los golpes del padre violento. El fallo fue dividido: paradójicamente las juezas Liliana Torrisi y Silvia Hoerr fijaron el castigo, mientras que el juez Claudio Bernard votó por la absolución de la joven al entender que fue “víctima de violencia de género”. Ahora la sala IV de Casación bonaerense analiza la absolución.
El movimiento de mujeres espera vencer también esta vez y lograr el sobreseimiento.
Para Malacalza, titular del OVG, es interesante hacer foco en la condición migratoria de estas mujeres judicializadas. “Muchas vienen al país siguiendo al varón como proveedor del hogar y no tienen una vivienda alternativa donde ir, no conocen el lugar, hay una situación de sometimiento y coerción física. El desarraigo es total y no tienen una red atrás que las contenga”, explicó Malacalza a La Izquierda Diario.
“Las respuestas institucionales a veces no se adaptan a estas particularidades de las condiciones migratorias. Se dicta una exclusión del hogar o una medida perimetral cuando no hay otro hogar donde ir”, agregó la especialista.
En la historia de Celina los machismos y la sororidad femenina trabaron una pulseada que ganó la solidaridad entre mujeres cuando se logró su liberación. El movimiento de mujeres espera vencer también esta vez y lograr el sobreseimiento.
