Tras el fallo que absolvió al único imputado por la causa por la desaparición de Soledad Olivera, crece el cuestionamiento a la justicia mendocina. Los jueces Uliarte, Valerio y Bermejo, en la mira.
Sábado 12 de septiembre de 2015
En los últimos años, miles de personas se movilizaron incansablemente para buscar a Soledad Olivera y Johana Chacón. Las maestras de Lavalle tuvieron su propia odisea para sacar a la luz lo que nadie decía: las están desapareciendo. En todas las marchas, en las facultades, en las escuelas, las fotos de Johana y Soledad que se suman a las más de 3.200 desaparecidas en Argentina. La Mesa Nacional contra la Trata denunció que hay 27 mujeres desaparecidas en el departamento de Lavalle, lo que llevó a pensar que una red de trata operaba en el lugar.
Este martes, tres jueces, con la causa de Soledad Olivera en sus manos, absolvieron al único imputado en la causa. La indignación estalló en las escalinatas del Poder Judicial de Mendoza, donde concentraban las organizaciones de mujeres que acompañaron la búsqueda de Soledad desde que el caso salió a la luz, junto con el de Johana Chacón. El expediente donde las hermanas de Soledad denunciaron su desaparición se encontraba cajoneado en la fiscalía desde hacía un año atrás. Por eso el profundo cinismo de los jueces de la Segunda Cámara del Crimen, cuando manifestaron que la absolución “no puede opacar el trágico hecho” de la desaparición de Soledad, “cuyos responsables no han podido determinarse”.
Una misma palabra recorrió las movilizaciones del día y todos los diarios: impunidad. La desaparición de Soledad, para estos jueces, no tiene culpables. Eligieron dictar este fallo, antes que una condena simbólica, para dar un mensaje a las mujeres y la juventud: el de que pueden asesinar, secuestrar o desaparecer mujeres sin ninguna consecuencia.
Los jueces cuentan con un frondoso prontuario. La Segunda Cámara del Crimen condenó a María Rosa Echeverrieta, víctima de violencia de género, a 8 años de prisión por el homicidio de su esposo. El caso llegó luego a la Suprema Corte y la mujer fue absuelta.
Los Piombo mendocinos. En 2006, Uliarte y Valerio fueron parte junto a Horacio Yanzón de un juicio vergonzoso donde dictaron falta de mérito para el asesino de Alejo Hunau, planteando que su “desviada sexualidad” y “conducta licenciosa” fueron la causa del homicidio.
Una casta que viene desde la dictadura
El juez Uliarte, que cumplió funciones en la dictadura, fue denunciado por Ramón Ábalo, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en su libro El terrorismo de Estado en Mendoza. En los juicios de lesa humanidad en la provincia, Ábalo apuntó nuevamente contra el juez por su complicidad con la dictadura. La responsabilidad de los jueces con el terrorismo de Estado se desnudó en los juicios donde finalmente fueron condenados Romano y Miret.
Todavía después de la dictadura, Uliarte continuó defendiendo a los represores. En los años 80, fue abogado defensor de Daniel Calegari y Oscar Fenocchio, ambos de la Policía Federal, acusados de participar de secuestros y torturas en el D2.
Los jueces, que no son votados por nadie, tienen cargos vitalicios y forman parte de una casta millonaria, tienen también profundos lazos con los empresarios: es el caso del juez Uliarte, ex abogado del grupo Vila, vicepresidente de Nihuil SA y abogado del Banco Mendoza.
Esta casta solamente sirve para ir en contra de las mujeres, la juventud y los trabajadores. Lejos de legitimarla, el Frente de Izquierda cuestionó los privilegios de los jueces, negándose a votarlos en forma secreta como hacen peronistas y radicales en la Cámara de Senadores. Este cuestionamiento le valió a la senadora del FIT, Noelia Barbeito, la furia de los senadores del PJ y la UCR, por negarse a votar jueces a espaldas del pueblo y exigir que sean elegidos democráticamente, con mandato revocable y salario igual al de un trabajador.
Los estudiantes de la UNCuyo protagonizaron en la marcha de este martes un enérgico repudio contra los jueces: es que Uliarte , Valerio y Bermejo son docentes en la Universidad, en las carreras de Trabajo Social y Derecho. Ya en 2010 los estudiantes fueron punta de lanza para echar al juez Miret de su cátedra en la Facultad de Derecho. En la UNCuyo todavía permanecen los sectores más retrógrados, ligados a la dictadura y al Opus Dei, como docentes o funcionarios. La Juventud del PTS y Pan y Rosas apuesta con todo al movimiento estudiantil para que se vayan todos los Uliarte de la universidad.
El fallo por Soledad, que tiene en vilo a toda la provincia, demostró que no se puede depositar un ápice de confianza en el Estado y sus instituciones. Solamente con la movilización y organización de las mujeres, los trabajadores y la juventud, que la casta política tiene como enemigos, es posible terminar con la violencia hacia las mujeres.
