Casos Cecilia Basaldúa y Jorge Reyna: "La justicia no actúa con perspectiva de género y culpa a la víctima"

Capilla del Monte se encuentra marcada por dos hechos que paralizaron a la ciudad en su momento y que ambos, a pesar del tiempo transcurrido entre uno y otro, y de las caratulas legales tienen dos puntos en común: la sospecha de que fue la policía del lugar la responsable de los crímenes y el encubrimiento de la fiscalía que interviene en los casos.

Hablamos de los Casos de Jorge Reyna y de Cecilia Basaldua, el primero ocurrido en octubre de 2013, sus familiares denuncian que fue salvajemente golpeado por la policía en la comisaria de esa ciudad, produciéndole la muerte al joven menor de edad. El segundo, mas reciente, pasó en abril del corriente año donde hay un único “autoinculpado” que se sabe lo hizo bajo amenazas de los uniformados y que la causa tiene varias irregularidades.

La causa de Jorge Reyna: “Muerte por Etiología Dudosa (MED)”, fue dispuesta a archivo el día 20 de diciembre de 2019, por la Fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm. La de Cecilia Basaldúa, está en la etapa de instrucción, en este momento se están tomando testimoniales en sede judicial de la Fiscalía de Cosquín.

A causa de esto, el pasado 13 de noviembre, organizaciones sociales y feministas del valle de Punilla se manifestaron frente a los tribunales de Cosquín contra el Poder Judicial ante las irregularidades sistemáticas con las que se maneja la justicia.

Las organizaciones allí presentes presentaron cartas por el archive de la causa de Jorge Reyna y el femicidio de Cecilia Basaldúa. “Entendemos, como expresamos en las cartas, que el mensaje del Poder Judicial desde sus fallos y declaraciones, sigue siendo una palabra de autoridad que construye el sentido de verdad para la sociedad. Por eso, no podemos permitir el encubrimiento de la policía, la complicidad judicial y política, como una práctica inherente al Poder Judicial. Es importante desnaturalizar el sentido social de que la policía está para cuidarnos y la justicia para impartir verdad”, afirman a este diario.

La Izquierda Diario entrevistó a Eugenia y a Liliana, ambas integrantes del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte para hablar más en profundidad sobre estos casos:

¿En ambos casos se denuncia a la policía como responsables de sus muertes?
Eugenia: En el caso de Jorge, existió para nosotras la intervención directa de la policía. En el de Cecilia, suponemos complicidades pero no tenemos certezas.

La causa de Jorge Reyna ocurre en la comisaría del Capilla del Monte. Siempre sostenemos que los golpes constatados en la autopsia son más que prueba suficiente para detener a los policías que se encontraban ese día en la comisaría. El mismo informe describe hematomas y excoriaciones.

Lo dice expresamente el perito judicial: "Lo que se visualizó en el cuerpo fueron lesiones de tipo contuso, es decir golpes. La mayoría son excoriaciones (raspones), los mismos son producidos con elemento rugoso, áspero, a modo de percusión (golpe) con presión o fricción (rozamiento)". Respecto al tiempo de estos hematomas dice:" El resto de las excoriaciones y el hematoma descripto en cuanto a su tiempo de evolución tenían aspecto reciente es decir no más de uno o dos días aproximadamente".

Entonces, como siempre decimos, estos elementos del peritaje oficial son más que suficiente acreditación de prueba para imputar a los guardias que ese día detuvieron y custodiaron a “Jorgito”. Aun manteniendo la dudosa hipótesis del suicidio, es claro que la tortura produce una situación de angustia que puede derivar en suicidio que por su carácter de inducido en realidad es homicidio. En esto hay jurisprudencia suficiente.

Liliana: Las pericias que realiza criminalística sobre aspectos de la vida y forma de manejarse de Cecilia la revictimizan y se basan en dichos de algunas personas sospechadas que aportan esos datos. Direccionan la “pericia psicológica” a explicar que el comportamiento de Cecilia la podía llevar al desenlace de su desaparición y muerte. Esta manera es común al caso de Jorge Reyna: la victima buscó su fin.

Te puede interesar: Caso Basaldúa: "La Justicia es inoperante"

¿Cuál es el accionar dé las fiscales Alejandra Hillman y Paula Kelm?
Eugenia: La hipótesis del suicidio en caso de Jorgito, intenta desvincular por parte de la justicia la responsabilidad de la policía y los funcionarios competentes, quienes están directamente implicados por tener detenido a un menor de edad dentro de una comisaría, que fue remodelada al poco tiempo del hecho, por lo que no se pudo llevar a cabo in situ la pericia de reconstrucción del hecho. Es decir, la escena del crimen, desapareció.

Tampoco se investigó la responsabilidad del Comisario Juan Castro, hoy devenido con total impunidad en Jefe de la zona 3 de la Departamental Punilla, quien venía de la Comisaría de la Falda, donde también, bajo su mando, apareció en una situación muy dudosa colgado de un árbol el joven Bryan Palomeque.

Sin embargo, durante seis años la Fiscalía de Cosquín siempre investigó en función de una única hipótesis: el suicidio. Pasaron por esta causa, además de la fiscal Hillman y Paula Kelm, el fiscal Bertone.

Liliana: En el caso de Cecilia Basaldúa, Cecilia estuvo 20 días desaparecida antes del hallazgo de su cuerpo el 25 de abril. Dentro de las líneas de investigación propuestas por la querella, se insiste en que la Justicia determine dónde estuvo Cecilia esos días y se abran investigaciones.

Cuesta creer que un único acusado (peón rural y albañil con escasos recursos económicos) pueda mantener oculta a una persona durante varios días para después asesinarla y llevarla a un sitio donde se sospecha el cuerpo fue “plantado”.

Desde el primer día de la búsqueda la policía y la justicia no facilitaron fotos de Cecilia para que la comunidad la reconociera y pueda aportar datos. Las fotos que aparecen son facilitadas por familiares y amigos sacadas de las redes.

El día 20 de abril, cinco días antes del hallazgo del cuerpo, se difundió una noticia sobre un cuerpo en el basural de Capilla. Inmediatamente se desmiente pero asombrosamente desde ese momento se suspende la búsqueda.

El único acusado del femicidio, Lucas Bustos, fue llevado a declarar junto a su hermano, mediante engaños a sede policial. Y de acuerdo a lo declarado por Santiago Bustos, su hermano, fueron víctimas de apremios ilegales (existe una denuncia ante la fiscalía que no fue tenida en cuenta). En sede policial y ante la única declaración del personal que allí estaba, Lucas Bustos reconoce ser el autor material del femicidio. Esta autoincriminación no fue hecha nunca ante sede judicial. Las pruebas de ADN tomadas en Lucas Bustos dieron negativas. Aún se esperan más pruebas que nunca llegaron hasta el momento.

¿Cuál es el trato de la Fiscalía hacia los familiares que buscan justicia en ambos casos?
Eugenia: Queremos hacer hincapié en el maltrato que reciben los familiares de víctimas en la Fiscalía de Cosquín. La familia de Cecilia Basaldúa ha sufrido el destrato y la indiferencia por parte de la Fiscal Paula Kelm, no hay pandemia que justifique este accionar violento por parte de los funcionarios judiciales.

Con respecto a la causa de Jorgito, desde el inicio, primero la entonces Fiscal Alejandra Hillman, quién en su momento con una carga de indiferencia le dijo a Olga Tallapietra, la madre de Jorgito, que los golpes que tenía su hijo fueron producto de la ambulancia cuando cruzó el camino del cuadrado hacia la ciudad de Córdoba. Luego el Fiscal Martín Bertone quien, entre otras cosas, utilizó las citaciones judiciales para hacer ir a la madre de Jorge Reyna hasta la fiscalía, con el único motivo de maltratarla y hacerla sentir culpable por la muerte de su hijo.

Finalmente la cédula judicial por el archivo de la causa de Jorgito nunca llegó a manos de la familia, solamente se notificó virtualmente al represente legal. Este maltrato por parte de la Fiscalía, no es aislado, es complementario de la impunidad con la que se investigan ciertas causas, como el femicidio de Cecilia Basaldúa, cuya familia, como expresé, también recibe los agravios por parte de la fiscal, quien lejos de buscar la verdad, avanza ciegamente con la única intención de acelerar el cierre del caso.

Las irregularidades en la causa de Cecilia se encaminan de forma similar: se trabaja en torno a una única hipótesis, con un único detenido desde mayo en la cárcel de Cruz del Eje, Lucas Bustos, quien fue sometido a un interrogatorio en sede policial bajo golpes y amenazas, y del que aún no hay una pruebas que lo incrimine.

¿Qué opiniones tienen respecto al accionar de la fiscalía?
Eugenia: No se trabaja con perspectiva de género, los informes psiquiátricos continúan esbozando los argumentos que terminan por culpar a la víctima de su propio destino. La búsqueda de Cecilia se hizo en función de tener una imagen distorsionada de ella, donde se aducía que padecía alteraciones mentales, ya todo un lugar común en la justicia reproducido por los medios de comunicación de manera constante.

El día 13 presentamos dos cartas a la Fiscal Kelm, una por la causa de Jorge Reyna, otra por la causa de Cecilia. La concentración en tribunales de Cosquín tuvo por objetivo visibilizar que este accionar de la fiscalía es sistemático, no es aislado, y ambas causas son emblemáticas para ejemplificar ya todo un modus operandi en la justicia:

Evidencias que desaparecen (Libro de guardia del hospital en el caso de Jorge); la dilación en determinadas pericias, todavía no está el resultado final de la autopsia Cecilia; no se hace lugar a los pedidos de la querella; la justicia investiga a través de los ojos de la policía, nunca vinieron a Capilla, se toma la investigación de la propia policía, en el caso de Jorgito, es la que debe ser investigada. En lugar de retomar las testimoniales a los policías que estuvieron el día de su muerte, se optó por una autopsia de carácter psicológica de la víctima, donde lo que se hizo fue volver a tomar testimonios a su entorno (amigos y familiares), una vez más, se buscan argumentos para culpabilizar a la propia víctima.

Te puede interesar: Violencia policial en La Falda: "No digan nada si no quieren que los desaparezcamos”

No se analizan los contextos en que se dieron los casos. En el caso de Reyna, recordemos que fue en el año 2013, aún en vigencia el código de faltas. En el pueblo el hostigamiento a los más pibes de barrios populares era permanente: involucrarlos en el ciclo delictivo del que después costaba salir; o el acecho permanente si los encontraban en la calle tomando una cerveza, por ejemplo. Cuando sucedió lo de Jorgito, ese 26 de octubre, aparecieron un montón de pibes y pibas que se manifestaron frente a la comisaría con mucha bronca y contando la situación que estaban viviendo ante el asedio policial en su vida cotidiana.