La Legislatura de Chubut discutirá la adhesión de la provincia a la ley nacional 27.348, complementaria a la 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. El Congreso de la Nación la aprobó en 2017. La Confederación General de Trabajadores del VIRCH y la CTA rechazan el proyecto de Ley de adhesión a la modificación del régimen de ART. Trabajadores de la alimentación cortan la ruta 3 en Puerto Madryn.
Jueves 24 de noviembre de 2022 10:06
La legislatura provincial se apresta a votar en su sesión de este jueves 24 de noviembre el proyecto de Ley N°70/22 que establece la adhesión a la ley nacional de ART N°27.348, complementaria de la Ley Nacional N°24.557, que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo en la Legislatura provincial.
Desde la CGT manifestaron que el tratamiento de esta Ley “es parte del lobby que están haciendo las ART en todo el país e impide que los trabajadores puedan reclamar cerca de su domicilio y los obliga a un engorroso procedimiento administrativo y fuera de los jueces naturales y en detrimento de las obras sociales sindicales que no están pasando por su mejor momento financiero y se van a tener que hacer cargo de esto”.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Stia) y ATE Puerto Madryn están realizando un corte de las Ruta 3 en la salida de Puerto Madryn para rechazar el tratamiento del proyecto de adhesión a la ley de ART. Exigen que no se trate sin antes reunirse con los sectores gremiales, para exponer por qué no se debe aprobar la propuesta.
Claves de la ley 27348
El Gobierno nacional de Mauricio Macri en febrero de 2017 publicó en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la Ley 27.348, sancionada por la Cámara de diputados, que reforma el régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).
Con la excusa de terminar con lo que ellos llaman la industria del juicio, el gobierno había impulsado la modificación de la ley de ART, luego de un intento fallido de hacerlo por medio de un decreto. Ante las críticas y el pedido de la oposición el proyecto se envió a Diputados, donde el pasado 15 de febrero se votó de manera positiva, con los votos del peronismo.
"En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley N° 27.348, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en su sesión del día 15 de febrero de 2017", señala el Decreto 132/2017, que lleva la firma de la vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia, Gabriel Michetti.
Entre otras cosas, la nueva ley establece en su artículo 1 la actuación de las "comisiones médicas jurisdiccionales" como instancia administrativa "de carácter obligatorio y excluyente" para evaluar la situación de un trabajador accidentado.
Las modificaciones de la ley de ART
Comisiones médicas jurisdiccionales: serán las responsables de determinar si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización. Los médicos de las comisiones pertenecerán a las ART. Ahora el trabajador deberá asistir de manera obligatoria a estas comisiones, previo a iniciar un juicio. Tendrán un plazo de 60 días para expedirse, que podrá prorrogarse.
Comisión médica Central: si el trabajador no está conforme con la decisión de la comisión médica podrá apelar a la Comisión médica Central. Una vez agotadas estas instancias, recién el trabajador podrá iniciar un juicio. Es decir, el Gobierno agrega dos instancias administrativas, extendiendo los plazos, hasta que se pueda recurrir a la justicia.
Ubicación de las comisiones médicas: sólo hay 35 en todo el país y en 16 provincias sólo funciona una oficina. Es decir, que el trabajador que padece una enfermedad o está incapacitado producto de las jornadas laborales deberá trasladarse hasta las comisiones médicas.
Indemnizaciones: en el proyecto oficial original no se establecía un criterio. Luego se introdujo, que la indemnización se estime con el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), para que no se desactualice por la inflación.
Autoseguro Público Provincial: se creará el "Autoseguro Público Provincial" para que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan "autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo".
Ley de Protección y Prevención Laboral: la Superintendencia de Riesgos de Trabajo enviará dentro de tres meses al Consejo Tripartito Consultivo (integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y las aseguradoras), un anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral. Es decir en tres meses, recién se creará un proyecto de prevención laboral, pero ya aprueban extender los pasos para ir a juicio. No hay cambios concretos en lo que respecta a las jornadas laborales, ni establece comisiones de seguridad e higiene para que sean los mismos trabajadores los que controlen la producción, con el fin de mejorar la calidad de salud y seguridad.
En febrero del 2017, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal planteó la "inconstitucionalidad" de la reforma a la ley de Riesgos del Trabajo por el "perjuicio que dicha norma ocasiona a los legítimos intereses" de los trabajadores, entre ellos los afiliados a esa organización. Los abogados expresaron que la nueva normativa reduce la posibilidad "de acceder a la justicia y al juez natural, cuando se vean afectados por una enfermedad o una incapacidad laboral".
Es necesario que los sindicatos y las centrales convoquen a un plan de lucha y movilización para derrotar este nuevo ataque del gobierno provincial y nacional que apoya la derecha al servicio de los empresarios y que enfrente el ajuste de los gobiernos al servicio del FMI, reclamando un aumento general de salarios para que ningún trabajador, ocupado o desocupado gane menos que la canasta básica familiar.
Los sectores combativos y de la izquierda necesitamos impulsar la unidad de las luchas y poner a debate la necesidad de un encuentro nacional, como votamos en las asambleas del PTS en todo el país, que reúna a todas las luchas de las y los trabajadores, del movimiento de mujeres, del movimiento ambiental y de la juventud para poner en pie una coordinadora nacional de lucha contra el ajuste del gobierno nacional del Frente de Todos, de los gobernadores provinciales y que apoya la derecha.
