Menores y pandemia. Claves sobre la resolución judicial que ordena la vacunación a menores

Esto, después de los dichos del subsecretario de salud, López Gatell, de que, al vacunar a los niños amparados, cuyo riesgo es menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor, así como que: la evidencia científica es clara y consistente de que el riesgo principal de tener Covid grave, hospitalización, entubación y muerte está en las personas de mayor edad, restando importancia a la vacunación de los menores.

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El juzgado plantea la vacunación también para menores sanos

El pasado martes 12 de octubre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ordenó al Gobierno federal modificar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 en México, planteando que el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad.

Aunque el amparo fue solicitado por una menor de edad, la resolución enuncia que los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, sino a todas las y los menores de 18 años.

La consideración del órgano jurisdiccional recae en no perder de vista que:
“por las diferencias demográficas y socioeconómicas que imperan en el país, la movilidad de los menores que acudan de manera presencial a las aulas, se puede presentar de diversas formas (a pie, en transporte particular, transporte público, transporte escolar, etcétera), lo que de suyo implica que en su mayoría tengan contacto con personas de diversas edades (adultos) que si bien pueden tener el esquema de vacunación completo, ello no es indicativo o sinónimo de inmunidad ante el virus, lo que incrementa el riesgo de contagio para los infantes y adolescentes, que al no estar inoculados pone en riesgo su salud hasta el grado de perder la vida”.

En caso de aprobarse la resolución del juzgado federal, el desabasto de vacunas no sería una justificación para desacatar la medida cautelar, lo que implicaría el delito de abuso de autoridad previsto por el artículo 262 fracción III y 265 fracción I, de la Ley de Amparo y sancionado por el numeral 215 del Código Penal Federal.

La vacunación tampoco depende de si los menores asisten o no a la escuela de manera presencial: si bien se advierte que el regreso a las aulas es voluntario; igualmente cierto es que, ese aspecto no puede considerarse como un parámetro que justifique que se continúe excluyendo de la Política Nacional de Vacunación (PNV) contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, a menores de 18 años.

De la negación de la vacuna a la vacunación de los menores con comorbilidades

Luego de que surgieran las críticas en redes sociales por los planteamientos del subsecretario López Gatell en contra de la vacunación a menores, en septiembre de este año la Secretaría de Salud anunció que serían vacunados con Pfizer-BioNTech, los menores de entre 12 y 17 años de edad, siempre y cuando vivieran con una de nueve de las siguientes enfermedades o factores de riesgo: 1- Condiciones cardíacas crónicas, 2- Enfermedad pulmonar crónica, 3- Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, 4- Enfermedad neurológica crónica, 5- Enfermedades endocrinas, 6- Inmunosupresión moderada a grave, 7- Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas, 8- Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas y 9- Embarazo adolescente.

El pasado 24 de septiembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, estimó que, con estas características, se vacunarían entre 750 mil y un millón 500 mil personas y que la inoculación iniciaría en la segunda semana de octubre, por lo que se abrió el registro el pasado 1 de octubre para las personas previstas.

Pero, si se cumple la medida cautelar impuesta, obligaría al Gobierno Federal a aplicar a aproximadamente 10 millones de menores de edad la vacuna Pfizer-BioNTech, única que ha demostrado seguridad e inmunogenicidad en personas de este rango de edad, y que además cuenta con la aprobación para su aplicación de emergencia por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El fallo concede a las autoridades federales un plazo de 48 horas para responder al juzgado una vez que se les notifique, sin embargo, el Gobierno Federal aún puede impugnar la resolución ante un tribunal colegiado de circuito, que tardaría varias semanas en revisarlo. Mientras que López-Gatell expresó durante la mañanera del 12 de octubre que no se había notificado sobre el fallo de vacunación a todos los menores.

El plan del gobierno es volver a clases aun sin la vacuna

Mientras tanto, la secretaria de educación, Delfina Gómez, prevé que en tres semanas se regrese a clases presenciales en un 99 % de escuelas debido a que, según sus datos, no hay un repunte de contagios y muertes; lo mismo se refuerza por los dichos del presidente, que insiste en que es momento de que todos regresen a las aulas, haciendo un expreso llamado a las universidades; sin tomar en cuenta que continúan los fallecimientos y los contagios por miles, causados por la pandemia. Además de que se prevé un cuarto repunte de contagios en vísperas del invierno, dicho por el mismo subsecretario de salud a finales de agosto.

La medida de vacunación para menores de 12 a 17 años, aún es insuficiente para evitar los contagios, la responsabilidad de las autoridades a nivel mundial, es la inversión para la investigación de las vacunas y la protección de salud de toda la población, así como es necesaria la liberación de las patentes para evitar el enriquecimiento de las grandes farmacéuticas y garantizar la expansión de la vacuna a la totalidad de la población mundial.

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